Bolivia — Cuatro estudiantes murieron el pasado martes debido a la explosión de una granada de gas lacrimógeno en una Asamblea Universitaria en la ciudad andina de Potosí, en el sur de Bolivia. En el intento de escapar del efecto del gas se generó una avalancha humana que dejó más de 70 heridos.
Desde entonces, se volvió a cuestionar los liderazgos universitarios que llevan años prorrogados en el poder sin nuevas elecciones y en la prensa local boliviana saltó un dato escandaloso que abrió el debate público: Max Mendoza, de 52 años, es el líder nacional de los estudiantes y lleva 32 años como universitario sin haber aprobado siquiera el segundo semestre de la carrera de Agronomía. Varios actores denuncian que se busca controlar políticamente a una población de casi medio millón de estudiantes y hay pugnas de poder por los cuantiosos presupuestos universitarios.
“El señor Max Mendoza es un agente del gobierno y operador político dentro la Universidad. Por eso le permite continuar como dirigente, aunque no demuestre ningún aprovechamiento académico. Estoy en absoluto desacuerdo que desde el poder político se orquesten este tipo de irregularidades”, dijo a Bloomberg Línea en exclusiva Waldo Albarracín, el exdefensor del pueblo y exrector de la universidad pública de La Paz, UMSA (Universidad Mayor de San Andrés). Como Albarracín, muchas voces se oyeron en prensa local afirmando que este dirigente estudiantil es un allegado al ex presidente Evo Morales y militante importante en la sigla oficialista del actual presidente Luis Arce.
Según estatutos de la universidad pública de Santa Cruz UAGRM, un estudiante no debiera estar más de ocho años cursando una carrera. “Cuando yo asumí él (Max Mendoza) ya estaba de dirigente y para bien o para mal él fue electo por el voto a nivel nacional donde lamentablemente todavía esa norma no ha sido aprobada. Nuestra idea es proponerla en el siguiente congreso nacional a realizarse del 23 al 27 mayo próximo y esperemos que nuestra propuesta sea consensuada y aprobada”, dijo José Daniel Suárez, presidente de la FUL (Federación Universitaria Local).
Para Reinerio Vargas, vicerector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), “hay una intencionalidad de querer suspender el congreso de universidades para nuevas elecciones porque cabalmente este señor Mendoza sigue ahí porque no hay nuevas elecciones y le conviene que no hayan. Han cambiado hasta de rectores en la universidad y él sigue prorrogado en el poder. Estos hechos violentos aparecen porque estos líderes tienen miedo de perder esos privilegios”, dijo.
La autoridad universitaria agregó que “no tiene lógica que un dirigente lleve más de 30 años como estudiante y que se sabe que algunos otros logran eso con artimañas como tomar carreras paralelas y otros modos para quedarse en el poder dirigencial y así, no cumplen el rol con el que ingresan a la Universidad, que es formarse. Además, el perjuicio económico es altísimo a los recursos universitarios”.
Pero Max Mendoza es solo la punta del iceberg. Según el INE en Bolivia hay un total 476.270 estudiantes matriculados en el sistema público de universidades, de los cuales 395.421 son de matrícula antigua y solo 80.849 son matrícula nueva del 2020. Según el diario boliviano, Página Siete, “de 14.598 estudiantes que permanecen más de 11 años en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), denominados “dinosaurios”, 7.980 (54,67%) reciben beneficios como el seguro médico de salud, una beca y hasta acceso a descuentos de servicios de transporte, revela el estudio académico que lleva el título Análisis de las variantes que influyen a la matriculación de alumnos en la UMSA, con permanencia igual o mayor a 11 años”. Y esto es en una casa de estudios en La Paz.
De los 80.849 estudiantes nuevos que ingresaron a las universidades en 2020 apenas se titularon 20.516. Es decir por cada 100 estudiantes nuevos que ingresan al sistema se titulan solo 25. Mientras tanto, los recursos asignados a las universidades estatales se incrementan cada año.
En Bolivia, por ley, las universidades públicas son autónomas en la libre administración de sus recursos y elección de sus autoridades entre otras cosas. Su financiamiento proviene del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), de la subvención del Tesoro General de la Nación y de la tributación de contribuyentes al Estado. Según datos oficiales, en 2017 el presupuesto de las universidades llegó a 2.154 millones de bolivianos. Si se compara con 2005, en 13 años se multiplicó por 4,6 veces.
En 2021, según datos del ministerio de economía analizados por el comunicador y coautor del libro Gestión y Administración Pública Estratégica, Édgar Ramos, las 14 universidades públicas solo tuvieron un 46 % de ejecución presupuestaria como media.
Por su lado, Albarracín, que es un conocido defensor de derechos humanos a nivel internacional, condenó los hechos violentos que tomaron vidas de estudiantes debido a las pugnas de poder político que buscan controlan a la población estudiantil y a los presupuestos universitarios. “Considero que deben modificarse los estatutos, limitando la permanencia de los estudiantes en la universidad. El Estado invierte en cada estudiante y no es precisamente para que prostituyan la gestión académica. Existe una distorsión muy peligrosa de lo que significa el cogobierno paritario docente estudiantil”, explicó.
“Se trata de muertes que están quedando en la impunidad, como los responsables son afines al gobierno, terminan siendo protegidos una vez que pasa el escándalo. La Fiscalía es la institución llamada a promover las acciones penales correspondientes, sin embargo, está controlada por el gobierno. Este caso quedará archivado de acá a un tiempo. Y los dirigentes corruptos como Max Mendoza, seguirán actuando bajo la protección gubernamental”, criticó Albarracín.
