:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/57H44VYI6ZAI3C2OP3TQQKV45M.jpg "Manifestantes ondean banderas indígenas chilenas y mapuche durante una protesta en la Plaza Italia en Santiago, Chile, el domingo 18 de octubre de 2020.")
Santiago — Cinco trabajadores forestales recibieron varios balazos después de ser emboscados por un grupo de encapuchados armados en la comuna de Lumaco, región de La Araucanía. El ataque, donde murió uno de los trabajadores, ocurrió este martes en la mañana; una semana después de que el Gobierno decretó un estado de excepción constitucional de emergencia en el sur del país, una medida a la que se había resistido; pero que Izkia Siches, ministra del Interior, reconoció fue necesaria implementar porque están ante un “problema complejísimo” que “no se solucionará de la noche a la mañana”.
La militarización solo rige en las carreteras y las rutas de la región de La Araucanía y de las provincias de Arauco y Biobío (región de Biobío). El decreto, emitido por el Ministerio del Interior, entró en vigencia el pasado martes después de ser publicado en el Diario Oficial con una duración de 15 días, pero con una posibilidad de prórroga por otros 15 días más. Es el recurso al que el presidente chileno Gabriel Boric está apelando para controlar la violencia en el sur del país, luego de un intento infructuoso de convencer a sectores oficialistas –Partido Comunista y Frente Amplio– en torno a la idea de tramitar en el Congreso un Estado “intermedio” para la “protección y resguardo”, donde las Fuerzas Armadas resguardarían las rutas de la macrozona sur bajo el control de un civil sin afectar derechos fundamentales.
Con esta decisión “se produce una contradicción en todos los niveles”, dice el analista político y académico de la Universidad de Talca, Mario Herrera. “Hay una contradicción del mismo presidente frente a sus promesas de campaña y también ante las personas que lo llevaron a La Moneda”.
Boric obtuvo más de 4,6 millones de votos en la segunda vuelta, convirtiéndose en el presidente de Chile que consiguió más respaldos en las urnas electorales. Su ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, dijo en una entrevista a la revista Ya de El Mercurio, realizada poco antes de ser dictado el estado de excepción, que esta medida significaba “coartar un montón de libertades y, por otro lado, el apoyo de los militares, pero hay que estar dispuesto a que efectivamente haya muertes… Y creo que no es una solución para el wallmapu (nombre dado por grupos indigenistas independistas al territorio de La Araucanía), un lugar donde ya hay una cultura de violencia y muertes”.
Para Herrera estas contradicciones “internas” estarían quitando “piso político” al propio gabinete de Boric. “Eso crea tensiones dentro de su coalición y le crea tensiones con su electorado”, explica.
LO QUE DICEN LAS ENCUESTAS
La popularidad de Boric es la más baja que haya alcanzado presidente alguno en la historia reciente de Chile. Según una encuesta de la firma Cadem publicada el domingo, el jefe de Estado se mantiene con un 38% de aprobación frente a un 50% que desaprueba su gestión a más de dos meses en el Palacio de La Moneda. El académico de la Universidad de Talca ve una relación entre la caída del mandatario en los sondeos de opinión con el malestar de los chilenos por una creciente percepción de inseguridad en el país.
La misma encuesta apunta a que un 77% de los consultados estuvo de acuerdo con que el mandatario decretara estado de excepción en la llamada macrozona sur, aunque un 85% opinó que la medida debió ser tomada antes y finalmente un 76% considera que existe “terrorismo” en ese sitio.
El estado de emergencia constitucional implementado por Boric es “acotado”, y responde al pedido de seguridad de contratistas y camioneros forestales que días antes protestaron por la violencia en la macrozona sur.
Pero la decisión colocaría al presidente en un escenario difícil, ya que podría desencantar a su base de apoyo que, posiblemente, sentiría que “están traicionando sus principios” y, a la vez, tampoco logra cautivar a los que están preocupados por el tema de la seguridad que considerarían el decreto como “insuficiente”, dice Herrera.
UN ESCENARIO COMPLEJO
Esa propuesta de Estado intermedio, finalmente desechada por el Ejecutivo, provocó una reacción del mapuche Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), que instó a “preparar fuerzas” y “organizar la resistencia armada”. Boric optó por no realizar una acusación ante la justicia contra el comunero por las amenazas. Consultado por la prensa por esta decisión unos días atrás, el mandatario dijo que su gobierno no perseguía “ideas” ni “declaraciones”.
Felipe Agüero, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, explica que el origen del conflicto está en “la usurpación de tierras” o la ocupación por parte del Estado en el territorio donde habitaban originalmente los mapuches. “La mayoría de los grupos mapuches que reclaman sus derechos no apela a la violencia. Lo que hay detrás de la situación actual es que esta causa que mencioné, que es compartida por distintos sectores, es algo frente a lo cual se ha hecho muy poco”, agrega.
Boric apuesta a un plan intersectorial, que denomina “Buen Vivir”, que establece la compra de tierras para comunidades indígenas, construcción de caminos, diálogos y otras estrategias para un territorio del cual fue sacada su ministra del Interior de forma violenta.
En otras ocasiones hubo procesos de restitución de tierras en el país, siguiendo lo que se establecía en diferentes acuerdos con comunidades mapuches, recuerda Agüero. “Se avanzó bastante en el último gobierno de Michelle Bachelet, pero eso fue insuficiente”. Y añade: “La propuesta constitucional da respuesta a muchas de estas cuestiones, pero las da en su nivel: constitucional. Es un error pensar, como ha existido esa idea del Gobierno, de que hay que esperar la Constitución para resolver estos problemas... A nivel del Ejecutivo, se requiere una política y eso no está del todo claro”.
El académico cree que actualmente existe una “ola entrecruzada” de violencia en la macrozona sur, relacionada con delincuencia “pura y simple” y reivindicaciones territoriales, una situación que considera empeoró en los últimos años. “No se ha enfrentado verdaderamente el problema, y cuando no se enfrenta lo que va pasando es que se acumulan las tensiones, se van haciendo más difíciles, y se articulan con otros fenómenos”, concluye.
(Nota actualizada en el primer párrafo con el ataque armado contra trabajadores forestales en La Araucanía).
TE PUEDE INTERESAR:
