:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/MX7QWR6IIBFWHH2RJGEJMRX7FE.jpg "El gobierno salvadoreño anunció la construcción de una nueva cárcel, con capacidad para 20.000 prisioneros, llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo. Se ubicará en San Vicente. Fotos: DGCP y MOP")
San Salvador — El gobierno salvadoreño busca recluir permanentemente a gran parte de los detenidos en su Régimen de Excepción, con la construcción de una nueva prisión, con capacidad para 20.000 reos.
Este “gigantesco centro penitenciario” es uno de los factores necesarios para ganar la guerra contra las pandillas, argumentó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Al proyecto lo denomina Centro de Confinamiento del Terrorismo.
Para dimensionar su tamaño, la capacidad actual oficial de todo el sistema penitenciario nacional ronda las 27.000 personas, según estimaciones de World Prison Brief. El nuevo centro la incrementará en 74%.
Situado en Tecoluca, San Vicente, 72 kilómetros al oriente de la capital San Salvador, Bukele afirmó que el presidio se encuentra alejado de la ciudad y de zonas residenciales.
El ministro de Obras Públicas, Romero Herrera, detalló que la infraestructura consta de 231.073 metros cuadrados de construcción, en un terreno de 236 manzanas. El costo no fue especificado.
“Se está construyendo un muro externo de 2.000 metros, de ocho metros de altura y una malla electrificada de seis metros. Habrá ocho pabellones con capacidad para 20.000 reos”, describió Herrera.
Hacinamiento en prisiones
Cuando el proyecto entre en operaciones, El Salvador aumentará su capacidad carcelaria a poco más de 47.000 reclusos y se convertiría en la quinta mayor en América Latina, estima Bloomberg Línea a partir de datos de World Prison Brief.
Este país centroamericano superaría la capacidad nominal de prisioneros de Chile (43.413), Perú (41.123) y Ecuador (30.169), y quedaría por debajo de Brasil (455.283), México (216.532), Argentina (84.415) y Colombia (81.175).
Por mucho, estaría arriba de los países de Centroamérica, de los cuales le siguen Panamá (14.591), Costa Rica (12.527) y Nicaragua (11.781).
Pero El Salvador está lejos de resolver sus problemas de sobrepoblación en las cárceles. Desde la aprobación del Régimen de Excepción, a finales de marzo, las autoridades han arrestado a más de 40.000 supuestos pandilleros, un promedio de casi 450 personas por día.
La expectativa es que el número de detenidos siga subiendo. La Asamblea Legislativa aprobó la extensión por un cuarto mes del estado de excepción. Este faculta a las fuerzas de seguridad a detener a los sospechosos de pertenecer a las ‘maras’ o pandillas sin intermediación de órdenes judiciales.
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Hasta marzo de 2021, según World Prison Brief, unas 36.663 personas guardaban prisión en esta nación centroamericana, una saturación del 35,6% en el acumulado de sus 25 centros penales.
A tres meses del Régimen de Excepción, y sumando a la población reclusa ya existente, El Salvador afronta la presión para recluir a más de 78.000 personas. Para sus capacidades actuales le significaría el 188,5% de ocupación de su sistema carcelario.
Semejante nivel le colocaría entre los primeros lugares de hacinamiento en América Latina, solo tras Haití (362,9%), Guatemala (253,8%) y Venezuela (228,8%).
El nuevo penal en Tecoluca vendrá a mitigar parcialmente estas presiones, pero aún llenándolo a toda su capacidad, el abarrotamiento de las cárceles salvadoreñas llegaría al 65,8%, casi el doble que el actual.
Bukele enfatizó que el Centro de Confinamiento del Terrorismo se levantará en un tiempo récord y lo tratará con la misma urgencia con la que abordó la edificación de un hospital para atender emergencias durante la pandemia del Covid-19.
“Ahora debemos construir un centro penitenciario para internar a las decenas de miles de terroristas que acechaban a nuestro país”, dijo el presidente. Anteriormente, Bukele ha estimado que los miembros de las pandillas rondan los 70.000.
En su premura para recluir a miles de pandilleros arrestados en el Régimen de Excepción, a finales de abril los legisladores aprobaron la Ley Especial para la Construcción de Centros Penitenciarios.
Esta encomienda al Ministerio de Obras Públicas (MOP) y a la Dirección General de Centros Penales el adecuamiento de infraestructura para construir prisiones, e incluso les otorga la facultad de expropiar bienes para este fin.
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