Honduras

Cancillería de Honduras rechaza Lista Engel de EE.UU. al calificarla de injerencista

La actualización de los 60 actores corruptos y antidemocráticos identificados por el Departamento de Estado incluye a tres personas vinculadas al partido oficialista: dos diputados del Congreso Nacional y un asesor presidencial

El Departamento de Estado de EE.UU. señaló este miércoles por corrupción a 60 funcionarios y exresponsables gubernamentales de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua.
20 de julio, 2022 | 10:55 pm
Tiempo de lectura: 5 minutos

San Pedro Sula — La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras rechazó de forma categórica y calificó de injerencista la recién Lista Engel que el Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó este miércoles.

El listado, elaborado bajo la Sección 353 de la Ley de Compromiso Reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte, incluye a 60 personas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua que hayan participado a sabiendas en acciones que socaven procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa u obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción en sus respectivos países.

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De Honduras, la publicación incluye a 15 personas, entre ellas a dos diputados del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé y Edgardo Casaña, y al asesor presidencial Enrique Flores Lanza, quien regresó a Honduras en marzo tras siete años de exilio en Nicaragua.

En una nota, la Cancillería expresó su categórico rechazo a la Lista, “por tratarse la misma de un documento motivado políticamente e injerencista. Honduras es una nación soberana y seguirá defendiendo el principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos”, agregó.

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Según el Gobierno, la naturaleza e intención del listado, “denota una permanente manipulación y una política intervencionista, que muchas veces en el pasado ignoró los motivos que ahora invoca”.

De acuerdo con el comunicado de prensa, en el gobierno anterior, las publicaciones anteriores de la Lista Engel, “de forma contradictoria”, nunca incluyó al expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos en abril pasado, “evidentemente protegiéndolo, ya que apenas unas horas después de finalizado su mandato, EE.UU procedió acusarlo de narcotraficante y solicitó su extradición”.

Sin embargo, el Departamento de Estado informó en febrero de 2022 que incluyó a Hernández en la lista con vigencia desde el primero de julio de 2021, en la que también figuraba el expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014),

La Cancillería añadió “que rechazan categóricamente las acciones y despropósitos de esta publicación, que constituyen de forma inequívoca en un intento por validar ese crimen y desconocer que nos impuso una narcodictadura, que oprime y persigue implacablemente a compañeros mencionados injustamente en esta lista, quienes todavía este día, siguen pagando el alto costo por defender nuestra democracia”.

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Por otra parte, refirió que seguirá manteniendo la política de apertura democrática, en el marco del respeto mutuo, y la observancia irrestricta del derecho internacional.

Los hondureños en la lista

Las personas extranjeras identificadas en el informe presentado al Congreso generalmente no son elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos y cualquier visa actual será revocada inmediatamente y cualquier otra visa válida o documentación de entrada cancelada.

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El informe detalla el porqué las personas enumeradas son considerados actores corruptos y antidemocráticos.

Harvis Edulfo Herrera Carballo, gerente general del Palacio Presidencial de 2010 a 2014, transfirió ganancias de corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de $500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.

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Elmer Jeovanny Ordóñez Espinal, supervisor de Controles Internos del Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario de 2010 a 2014, transfirió producto de la corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de $500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.

Rasel Antonio Tomás Flores, vicepresidente del Congreso Nacional, incurrió en una corrupción significativa cuando utilizó su cargo como Presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para malversar aproximadamente $327,000 en fondos públicos.

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Claudia Yamilia Noriega González, coordinadora de proyectos del programa “Catracha Card” de 2010 a 2014, transfirió ganancias de corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de $500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.

David Eduardo Ortiz Handal (Hawit), gerente de Finanzas del Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario de 2010 a 2014, transfirió ganancias de corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de $500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.

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Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, gerente de Finanzas del Palacio Presidencial de 2010 a 2014, transfirió ganancias de la corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de $500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.

Enrique Alberto Flores Lanza, Ministro de la Presidencia de 2006 a 2009, se involucró en una corrupción significativa al recibir $2 millones en dinero público del Banco Central de Honduras y redistribuirlo indebidamente a aliados políticos.

Juan Ramón Maradiaga, gerente general del Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario (BANADESA) de 2010 a 2014, transfirió producto de la corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de $500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.

Edgardo Antonio Casaña Mejía, actual miembro del Congreso Nacional, incurrió en una corrupción significativa al reestructurar indebidamente el Instituto Nacional de Pensiones Docentes para dirigir más de $5 millones en beneficios a aliados políticos y constituyentes, con el fin de asegurar votos y mantener el poder político.

Roberto David Castillo Mejía, miembro del Comité Ejecutivo de la Empresa Eléctrica Hondureña (ENEE) de 2006 a 2009, incurrió en corrupción relacionada con contratos gubernamentales cuando utilizó su posición en el Comité Ejecutivo de la ENEE para interferir en el proceso de contratación pública y dirigir contratos a una empresa en la que tenía un interés financiero.

Carlos Josué Romero Puerto, coordinador del proyecto Bono 10 Mil, transfirió las ganancias de la corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de $500,000 de Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.

Carlos Josué Montes Rodríguez, secretario de Trabajo de 2006 a 2009, involucrado en una corrupción significativa al aceptar sobornos para otorgar indebidamente contratos a aliados políticos y para acelerar los pagos.

Gonzalo Molina Solórzano, jefe de Abastecimiento del Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario de 2010 a 2014, transfirió ganancias de corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de $500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.

Juan Carlos “El Tigre” Bonilla Valladares, director de la Policía Nacional de 2012 a 2013, se involucró en una importante corrupción cuando utilizó su cargo como Director de la Policía Nacional para facilitar el movimiento de cocaína a través de Honduras a cambio de sobornos.

Javier Rodolfo Pastor Vásquez, ministro de Salud de 2006 a 2009, incurrió en una corrupción significativa al aceptar $235,000 en sobornos para interferir en los procedimientos de contratación pública para adjudicar indebidamente contratos a aliados políticos y agilizar pagos.

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