Hay inversionistas que no les convence la propuesta constitucional chilena

Santiago — Tras un histórico plebiscito el 25 de octubre de 2020, los chilenos eligieron escribir una nueva Constitución que sustituyera a la redactada en 1980, en la dictadura militar. Pero, a pocas semanas del referéndum del 4 de septiembre, los sondeos están indicando que el texto propuesto sería rechazado.

El pronóstico electoral de la reciente encuesta Pulso Ciudadano señala que, en un escenario de votante probable (56,4% del padrón electoral), un 54,2% votaría en contra de la propuesta constitucional, y un 45,8% que le daría su aprobación. La misma medición indica que, en caso de un triunfo de la opción del “Rechazo”, un 68,2% de los consultados preferiría que se comience un nuevo proceso para obtener otra propuesta, frente a un 31,8% que se inclina por mantener la actual Carta Magna.

Durante los debates de la Convención surgieron iniciativas radicales y, aunque fueron descartadas durante las votaciones, la versión final sigue generando algunas inquietudes. Bloomberg Línea le consultó a Barclays y Bank of America por qué algunos inversionistas son escépticos respectos al texto propuesto.

Barclays: La expropiación con un “justo precio” en vez del “valor del mercado”

Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica en Barclays, dice que, al leer el borrador, no resulta inquietante y pareciera “progresista, moderna, que incorpora conceptos de equidad de género, representatividad regional y étnica, así como protección al medio ambiente”.

Pero al profundizar en el documento, existen aspectos que causan preocupación a los inversionistas. Casillas detalla que, específicamente, hay dudas en torno a los términos de la expropiación y las leyes secundarias.

El artículo 78 apunta a que se indemnizará al propietario de un bien expropiado con un “justo precio”. El economista dice que el concepto resulta “totalmente subjetivo”, y que en lugar del “justo precio” sería más adecuado “valor de mercado”. Y agrega: “No especifica si el pago se llevará al contado y en efectivo. Se argumenta que esto atenta contra la propiedad privada, máxime que el origen de escribir una Constitución tiene como objetivo proteger a los ciudadanos del propio Gobierno”.

Casillas dice que, en caso de aprobarse, se requerirá de la creación de la legislación secundaria correspondiente. “En este sentido, existen muchos rubros que quedaron muy abiertos y en donde podrían incorporarse algunos aspectos ideológicos potencialmente controversiales en dichas leyes”.

BofA: Reducción de los Checks and Balances

Sebastián Rondeau, economista de BofA para Chile, detecta varios riesgos para las inversiones y la economía en distintas áreas.

• “En materia de costos laborales, por ejemplo, se da mucha fortaleza a los sindicatos de trabajadores, dándoles mayor poder para negociar colectivamente y hacer huelgas. Eso podría llevar a más conflicto laboral y presión sobre los costos de producción”, señala.
• En minería, la incertidumbre recae sobre el artículo 146: “Quedan excluidos de toda actividad minera los glaciares, las áreas protegidas, las que por razones de protección hidrográfica establezca la ley y las demás que ella declare”. Su implementación está sujeta a una nueva legislación.
• El economista destaca otro aspecto: el uso razonable de las aguas, que tendrían un carácter incomerciables y las autorizaciones de uso se concederían basándose en la disponibilidad efectiva del recurso. Señala que, en líneas generales, la interpretación es que no se podrían comprar ni vender, tendrán límites temporales y no se generarían derechos sobre el agua.
• Rondeau coincide con Casillas en que el lenguaje de expropiación produce dudas. “Se pasa a hablar de que si hay una expropiación se tiene que pagar un precio justo en vez del valor de mercado, generando incertidumbre en qué puede interpretarse como precio justo”.
• Explica que los inversionistas igualmente verían con confusión los derechos sobre las tierras de los pueblos originarios, porque daría la “impresión” de que se ofrecería el “poder” a las comunidades “indígenas para autorizaciones previas para ciertas actividades”.
• Rondeau resalta que el borrador facilitaría la creación de compañías públicas, lo que podría representar una mayor competencia para las empresas privadas. “En suma, la propuesta aumenta la incertidumbre a la inversión y potencialmente generaría mayores costos de producción y de trabajo en varias dimensiones”, puntualiza.
• En el ámbito institucional, la eliminación del Senado es considerada como negativa. El Senado es una “buena barrera de contención para propuestas más radicales”, según el analista de BofA. Su reemplazo por una Cámara de Regiones, con menor poder; y la reducción de quórums para aprobar leyes también son vistos con recelo. “En definitiva, todo esto reduce los Checks and Balances, el poder de control de ciertos órganos sobre la legislación. Esos dos aspectos son los que generan más incertidumbre para las inversiones”.

Por último, estima que el proceso de implementación de una nueva Carta Magna podría llevar de uno a cuatro años, lo que extendería la incertidumbre en el mercado.

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