Fitch rarifica perspectiva “estable” de Ecuador, pero advierte riesgos políticos

Los crecientes retos sociales y políticos podrían presionar las finanzas públicas, complicar el acceso al mercado exterior y obstaculizar las reformas estructurales, afirma la calificadora

Fitch prevé un crecimiento sostenido de la economía ecuatoriana.
20 de agosto, 2022 | 05:00 AM

QUITO — Fitch ratificó la calificación “B-”de Ecuador y mantiene una perspectiva “estable de la economía” debido a que cumple con una renta per cápita relativamente alta, una posición de liquidez externa reforzada y un perfil de servicio de la deuda favorable tras la reestructuración de 2020. A pesar de ello, señala que el país registra “un débil crecimiento económico (antes y después de la pandemia), un pobre historial de reembolso de la deuda y mayores riesgos políticos derivados de la reciente inestabilidad”.

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Es decir, aunque Fitch observa una mejora fiscal sustancial y “mejor de lo esperada” en los últimos años, los crecientes retos sociales y políticos “podrían presionar las finanzas públicas, complicar la recuperación del acceso al mercado exterior y obstaculizar las reformas estructurales que probablemente se necesitan para una senda de crecimiento más fuerte y sostenible”.

La evaluación de la calificadora es similar a la emitida ayer, 18 de agosto, por S&P Global Ratings.

MEJORA FISCAL PERO RIESGOS POR DELANTE

Fitch prevé que el déficit del país se reduzca a US$ 2.100 millones en 2022 (1,8% del PIB), frente a los US$ 4.100 millones de 2021, debido a la subida de los precios del petróleo y a los resultados de la reforma fiscal aprobada en noviembre del año pasado. La proyección de Fitch toma en cuenta la pérdida de ingresos petroleros debido a las interrupciones de la producción durante las protestas de junio.

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Sin embargo, espera que el déficit aumente después de 2022 debido a una esperada caída de los precios del petróleo y a los gastos adicionales, como los desembolsos que el Gobierno ha prometido para hacer frente al deterioro de la situación de la seguridad y “el aumento de los pagos de cupones de los bonos reestructurados”.

A esto se suman las presiones de gasto derivadas de las actuales negociaciones del Gobierno con los grupos indígenas que suponen “un riesgo fiscal adicional”. Especialmente porque los planes para focalizar los subsidios a los combustibles podrían proporcionar un ahorro fiscal significativo, “aunque el progreso está sujeto a difíciles negociaciones políticas con los grupos indígenas”.

RETOS DE FINANCIAMIENTO

Fitch espera que el gobierno central satisfaga sus necesidades de financiación para 2022, que ascienden a US$ 9.700 millones (9,1% del PIB) sin acceso a los mercados externos, debido a los desembolsos del FMI y otros organismos multilaterales.

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Sin embargo, espera que las perspectivas de financiación se vuelvan más difíciles después de 2022. “Las fuentes de financiamiento podrían volverse más limitadas a medida que los desembolsos del FMI terminen, mientras que la capacidad del soberano para recuperar el acceso a los mercados externos sigue siendo incierta, y la capacidad de endeudamiento en el mercado de capitales local es pequeña”, advierte.

Preocupan también los casos de arbitraje en curso entre Ecuador y las empresas petroleras y de gas extranjeras que plantean riesgos de responsabilidad contingente que podrían añadirse a las necesidades de financiación, como pone de manifiesto la reciente congelación de las cuentas del Estado en Luxemburgo por el impago de un acuerdo de US$ 374 millones a la empresa petrolera francesa Perenco (aunque Fitch espera que se resuelva en 2022).

Del lado positivo, el intento del Gobierno de reprogramar US$ 5.000 millones (11% del total de la deuda externa) en préstamos con China podría reducir las necesidades de financiación.

Fitch prevé también que la deuda pública descienda al 62,9% del PIB en 2022 y se mantenga estable en los años siguientes, a medida que el déficit aumente un poco y el crecimiento del PIB se modere a un bajo ritmo tendencial.

AUMENTO DE INCERTIDUMBRES POLÍTICAS

Para la calificadora, las continuas dificultades sociales y políticas están obstaculizando la capacidad de la administración del presidente Guillermo Lasso para llevar a cabo su programa económico liberal. Tras las protestas a gran escala de junio, el gobierno acordó medidas de alivio fiscal (subsidios al petróleo, gasto en sanidad y bonos sociales) e inició negociaciones con grupos sociales sobre otros temas.

La Asamblea Nacional, de tendencia izquierdista, votó a favor de la destitución de Lasso “y ha formado una mayoría abiertamente hostil a la administración en lo que respecta a las prioridades económicas y los asuntos institucionales”.

A pesar de ello, el gobierno ha mantenido su programa con el FMI. “Sin embargo, es probable que la volatilidad política se mantenga, lo que aleja las perspectivas de recuperación del acceso al mercado. También enturbia las perspectivas de un programa sucesor con el FMI”.

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SOBRE EL CRECIMIENTO

Fitch proyecta que la economía de Ecuador crecerá un 3,2% en 2022 (desde el 4,2% en 2021), “reflejando un fuerte consumo privado apoyado por el alto crecimiento del crédito, pero restringido por la inversión que se está recuperando pero muy por debajo de los niveles pre-pandémicos”.

Fitch espera que el crecimiento se ralentice hasta el 2,5% en 2023 y el 1,9% en 2024, en torno a su ritmo tendencial.

Empero, la calificadora cree que se necesita una mayor inversión privada para apoyar el crecimiento en el contexto del estrecho espacio fiscal que existe para la inversión pública, “pero parece poco probable en el corto plazo”.

Además, existen desafíos en torno al mercado laboral y a otros problemas clave de competitividad. A esto se suma que las perspectivas de aprobación legislativa de varios acuerdos de libre comercio que están bajo negociación tampoco están claras.

FACTORES DE RIESGO

En las finanzas públicas podría intensificarse el estrés financiero debido a la incapacidad de mantener las ganancias de los esfuerzos de consolidación fiscal o asegurar el financiamiento adecuado una vez que termine los desembolsos del FMI, “lo que representa un riesgo para la capacidad de reembolso soberano”.