:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/DHBZHBPCSNGP7C5AVXZGCDGJGQ.jpg "Los incendios forestales en Santa Cruz y Beni dejan muchas regiones de bosques destruidas y listas para el uso agrario a pesar de que su vocación primaria no era esa.")
Santa Cruz — Esta es la época en la cual el cielo se ve cubierto de humo, las alergias en ojos, nariz y garganta se ven exacerbadas, y el sol se pinta naranja al atardecer debido a la cortina de humo que cubre la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La razón: las quemas de bosques que se descontrolan en todo el departamento.
Según el estudio La Amazonía contra reloj: un diagnóstico regional sobre cómo proteger el 80 % al 2025, elaborado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) la situación es crítica. El 26 % en todo el territorio de la Amazonía que cubre 847 millones de hectáreas: 20 % ha sufrido una pérdida irreversible y 6 % presenta alta degradación.
Son nueve países de la región los que forman parte de la cuenca amazónica pero los apuntados con mayor responsabilidad por la destrucción de la misma son Brasil y Bolivia debido a “la sabanización ya se está produciendo en ambos países” en pro de actividades agrarias.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/6F7LUAH45NCATIIHKO6KI22WG4.jpg "Bolivia sigue invirtiendo en industrias de hoja de coca pese a pérdidas al Estado")
Alcides Vadillo, director regional de Fundación Tierra en Santa Cruz explica que la pérdida de bosques en Bolivia tiene mucho que ver con las quemas que se dan cada año en los meses de agosto y septiembre. En 2019 Bolivia alcanzó un récord de pérdida de bosque debido en gran parte a los incendios forestales que se ha demostrado son provocados por quienes queman para luego usar la tierra para agricultura. Preocupa no solo la Amazonia sino también otras regiones del país como la Chiquitania, pero este año hay un cambio de tendencia y territorio que llama mucho la atención.
“Los datos de deforestación que tenemos a la fecha y quizás primero mostrando un acumulado es que, el 56% de las quemas que van en lo que son estos nueve meses de enero a septiembre del 2022, 900.000 hectáreas se han quemado en el Beni, 548.000 hectáreas en Santa Cruz, 92,500 hectáreas en La Paz, 51.000 hectáreas en Cochabamba, 5000 hectáreas en Pando y 2.900 hectáreas en Tarija. En este momento en lo que va de este año tenemos un millón 600 mil hectáreas que ya han sido quemadas donde el 56% de la superficie quemada está en el departamento del Beni y esta es una de las novedades más grandes en relación a los años anteriores.
La pregunta es ¿cómo podemos interpretar que más de la mitad del territorio que se está quemando esté en departamento amazónico del Beni?
A criterio de la Fundación Tierra una explicación clara: que el gobierno impulsó recientemente un cambio del plan de uso del departamento del Beni con una meta. “Justamente se cambió el plan de uso de suelo hace dos años que antes se basaba en actividades forestales y de ganadería silvopastoril para habilitar grandes cantidades de tierra para uso agrícola. Esto implica la autorización y la posibilidad de tener grandes áreas de desmonte. Y hoy los datos no solo nos dicen que estas hectáreas ya fueron desmontadas, sino que hoy están siendo quemadas”, explica Vadillo.
El mapa de incendio en este momento, está concentrado muy fuertemente en Santa Cruz, Beni y también en áreas del trópico de Cochabamba, el norte de La Paz y Pando. “Esto es preocupante porque a diferencia de años anteriores, casi todas las regiones tropicales de Bolivia están con fuego y bajo amenaza de fuego. Más de un millón y medio de hectáreas, más del 50% de esa superficie quemada en el departamento del Beni y tenemos grandes áreas en el Beni y en Santa Cruz bajo amenazas”, agrega el experto.
¿Qué hace el Estado boliviano al respecto?
Para la Fundación Tierra, la responsabilidad de los incendios recae en gran parte en las políticas plasmadas en la Agenda Patriótica 2025 que se refleja en plan de desarrollo económico y social para la presente de gestión. “Hay una política de ampliación de frontera agrícola, de convertir a Bolivia en un país exportador de alimentos, de granos y de carne y en ese sentido, no se le da ningún valor económico al bosque. Existe una política abiertamente impulsada para convertir las tierras forestales en áreas de agricultura. No se lo ve al bosque como un elemento que pueda generar economía, la visión en Bolivia es simplistas y agrarista”, explica Vadillo.
Para este experto el gobierno se contradice entre un discurso pro Pachamama y su falta de conocimiento de los estudios que indican el valor económico del bosque por su prestación de servicios ambientales, de generación de agua, control de temperaturas, de climas, etc.
“El bosque es economía, simplemente con la función de captura de dióxido de carbono. Se han hechos estudios en Bolivia que muestran cómo una hectárea de bosque logra la captura de dióxido carbono por un valor entre 80 hasta 160 dólares por hectárea al año. Hay países que reciben pagos solo por mantener el bosque, pero en las políticas de gobierno no se priorizan esos proyectos. Deberíamos debatir el uso que se le da a nuestros bosques porque si no entramos a este tipo de proyecto y la alternativa es deforestar lo que estamos generando es un crimen ecológico”, dice Vadillo.
Contradicción de discurso político y acciones
El discurso reciente del presidente Luis Arce en Naciones Unidas tuvo un componente importante de conservación del medio ambiente y cuidado de la madre tierra. Sin embargo, esto ha generado críticas entre activistas y actores políticos que ven una contradicción entre la imagen que el gobierno promueve ante la comunidad internacional y lo que pasa realmente en el país.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/SPA3OVPVYFFODMRWNWPXH4ARFA.jpg "Arce en NNUU: atacó la OEA y a organismos que cuestionan a la justicia boliviana")
“El discurso de Arce se mantuvo en la narrativa tradicional de su partido, repite lo mismo que vienen diciendo Evo Morales hace años. Pregonan un modelo de protección del medio ambiente y abanderan el cuidado de los pueblos indígenas pero la realidad es absolutamente contraria. La deforestación que hay en la Amazonía y en la Chiquitania es terrible y es parte de la política de este gobierno”, dice el ex candidato a vicepresidente Gustavo Pedraza.
“El cambio de uso de suelo que hicieron en tierras que no tienen aptitud agrícola tiene una razón política. Las reservas forestales y las áreas protegidas están bajo presión y amenazadas, ya vemos deforestación y asentamientos en ellas. El Bajo Paraguá, el Noel Kempff, son ejemplos concretos que muestran la una realidad que difiere con lo que el presidente Arce ha dicho. La deforestación y la entrega de tierras a la militancia del partido de gobierno es lo que caracteriza las políticas del MAS y es necesario que esto quede claro para la comunidad internacional” explicó Pedraza en exclusiva para Bloomberg Línea.
La agrupación Alas Chiquitanas, trabaja reuniendo donaciones para bomberos voluntarios y tratando de paliar los efectos de los incendios en áreas protegidas. Para su creadora, Daniela Justiniano, no hay voluntad política para defender los bosques ni el nivel gubernamental ni en el nivel departamental. “Cuando salta la sociedad civil a ayudar es porque realmente se aplazaron las autoridades quienes tienen que dar seguridad a la sociedad, quienes tienen que cuidar el patrimonio. Al final queda la población poniéndole el pecho y ayudando a los bomberos voluntarios pero es un trabajo que debe hacer el gobierno con recursos de los bolivanos”, dice Justiniano.
Para Vadillo de Fundación Tierra, además de la preocupación por los bosques hay un componente económico y de control territorial que levanta alarmas ya que “las tierras se han convertido en un botín político y son entregadas para ganar apoyo político. El MAS tiene lleva más de 10 años entregando tierras como parte de una preventa política a sus militantes, pero además está desplazando gente a ciertas áreas de Santa Cruz y Beni con una clara idea de control político del territorio”.
