Actualidad

Irregularidades en las importaciones asfixian a la tabacalera más antigua de Venezuela

La Cigarrera Bigott, al frente de marcas como Belmont, PallMall, Lucky Strike, Viceroy y Universal, cuestiona la ausencia de controles fiscales y aduaneros para importadoras de cigarrillos en el país

Cajetillas de cigarrillos a la venta en las calles de Caracas
30 de septiembre, 2022 | 03:14 PM

Caracas — La industria tabacalera en Venezuela atraviesa su temporada más difícil, como consecuencia de un aumento exponencial del comercio irregular e ilícito, que alcanzó su cifra más alta, situada en 44%, a partir de las flexibilizaciones para las importaciones aplicadas en los puertos en 2019.

Ni durante los apagones, ni siquiera en medio de la pandemia por covid-19, la venta de cigarrillos nacionales, se había visto tan afectada como en la actualidad. La Cigarrera Bigott, con más de 100 años de fundada, ha sufrido una abrupta caída en sus ventas y producción, frente a la presencia de más de 130 marcas extranjeras, que de acuerdo a sus informes, no cancelan el impuesto específico al cigarrillo.

Desde la gerencia legal de la compañía dedicada a la manufactura y comercialización de cigarrillos de alta calidad en el país, Miguel Benzo explica a Bloomberg Línea cómo fue creciendo el mercado ilícito, incluso en zonas de Caracas y el interior del país, dónde antes no existía o su presencia era mínima.

PUBLICIDAD

“Se lo hemos explicado de mil maneras al gobierno, la situación es complicada. Anteriormente esto entraba por las trochas con Colombia, y también en lancha rápida por Falcón, desde Aruba. Se concentraba en Zulia, Falcón y Lara el ilícito. Al día de hoy, estamos hablando de entre 2,5 y 3 millones de cigarros, lo que es imposible que eso entre solo por trochas, eso está entrando por puertos y aeropuertos”, sostiene Benzo, mientras hace hincapié en la falta de mayores controles fiscales y aduaneros para los productos importados, incluso con declaraciones que no corresponden al precio real de los productos.

La empresa tabacalera a cargo de las marcas Belmont, PallMall, Lucky Strike, Viceroy y Universal, que genera más de 12 mil empleos directos e indirectos, se ve obligada a participar, en lo que califica de ‘competencia desleal’, mientras es presionada por las autoridades recaudadoras, al frente del Servicio Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), para una mayor recaudación.

El fisco habría dejado de percibir 100 millones de dólares durante el primer semestre de 2022, tomando como base la disminución de las ventas de cigarrillos nacionales, que crece debido a la oferta de productos que evaden los impuestos o incumplen con las regulaciones sanitarias.

PUBLICIDAD

La Cigarrera Bigott, que cuenta con más de 160 productores tabacaleros en los estados Cojedes, Portuguesa, Monagas, Guárico, Aragua y Carabobo, hace un ejercicio con el precio establecido por cajetilla de cigarro, que puede oscilar entre 1,50 y 1,80 dólares, cuyo 70% de las ganancias corresponde a impuestos establecidos por el gobierno.

Distribución del PVP de una cajetilla de cigarrillos / Cigarrera Bigottdfd

Luego de que en abril, el Seniat le haya autorizado a la Cigarrera Bigott una disminución del precio en 25%, un hecho que no ocurría desde hace 20 años, y con el que se logró una recuperación en el volumen de ventas, pasando de 210 millones a 340 millones de cigarrillos, con un porcentaje mayor de recaudación, en septiembre, dieron un paso atrás y la compañía debió ejecutar un nuevo aumento.

“Al gobierno le cuesta entender que el aumento de la recaudación no es por precio, es por volumen”, agrega Benzo, quien compara la escasa autorización que se la da a la compañía en cuánto a la reducción de precios, a diferencia de las importadoras, que reducen precio, sin permiso, y con ello se posicionan en el mercado, restando espacios a la formalidad de la producción nacional.

De acuerdo con cifras publicadas por Consecomercio, organización empresarial venezolana, los productos nacionales son un 40% más caros que los importados, y en parte se debe a esa ausencia de controles fiscales y aduaneros, así como a exoneraciones en pagos de impuestos para esta actividad, que asfixia a su vez a los operadores del país.

“Necesitamos también que se evalúen las condiciones impositivas que se aplican a los productos venezolanos. De esta manera, se podrá garantizar la competencia justa entre los actores económicos y se seguirá fortaleciendo a las industrias legalmente establecidas, entendiendo que en ellas está la reactivación sostenible del aparato productivo nacional’', insiste Benzo, a la vez que se muestra preocupado por la sustentabilidad de la empresa.

PUBLICIDAD