:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/O6IQVW7MDVATVA4F6E2NOTIDMQ.jpg "Honduras es actualmente la única nación latinoamericana con una prohibición total del anticonceptivo de emergencia.")
San Pedro Sula — Bajo el argumento que era abortiva, en abril de 2009 el Congreso Nacional buscó prohibir la promoción, uso, venta, compra y cualquier política o programa relacionado con la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE). En ese momento, el país llevaba cerca de diez años de permitir su distribución y uso legal.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/NL27J47ZPFGU7I2ZHTWKQXC4AQ.jpg "Proponen exonerar de impuestos a los productos de higiene menstrual en Honduras")
El entonces presidente José Manuel Zelaya Rosales vetó el decreto 54-2009 al considerar que su contenido atentaba y lesionada las garantías y libertades declaradas en la Constitución de la República y tratados internacionales suscritos y ratificados por Honduras en cuanto a la igualdad, libertad, garantía y respeto a los derechos humanos de las mujeres.
Sin embargo, cuatro meses después del golpe de Estado contra Zelaya Rosales, en octubre de 2009, el secretario de Salud de facto Mario Noé Villafranca emitió el acuerdo ministerial 2744-2009 que, finalmente, prohibiría la PAE.
Después, durante las administraciones de los nacionalistas Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2022), las autoridades mantuvieron su posición que la PAE era abortiva y, por ende, frenaron cualquier intento por declarar inconstitucional el decreto que llevó a su prohibición.
Entre las voces que instaron por revisar la legislación sobre la píldora estaba la del mismo Villafranca, quien como diputado durante 2018-2022 hizo una manifestación en busca de rectificar la postura que había tomado una década antes.
En tanto, la ahora mandataria Xiomara Castro —primera mujer presidenta de Honduras y esposa de Zelaya Rosales— propuso en su plan de gobierno facilitar la distribución, venta y uso de la PAE. Además, de despenalizar el aborto por tres causales: en caso de violación, en caso de que la vida de la madre corra riesgo y de malformaciones fetales que impidan una vida digna, pero a más de nueve meses de su administración, apenas esta semana hubo un avance que no era el esperado por las diferentes organizaciones que exigen al Estado defender los derechos reproductivos.
Planean aprobar la PAE solo en casos de violación
A inicio de semana, el secretario de Salud, José Matheu anunció que el Gobierno de Honduras planea el uso de la píldora del día después para las víctimas de violación, aunque continúa la prohibición total del aborto.
“Vamos a poner la píldora a disposición de las víctimas de violación porque no es un método anticonceptivo”, dijo el funcionario durante un evento con organizaciones de mujeres.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/SRBFCGK2IJFERBGGUN3BRBNCVI.jpg "28S: ¿Cómo es que el embarazo adolescente afecta la economía de la región?")
“Estamos esperando que salga de la unidad de regulaciones para firmarlo”, agregó, sin dejar claro cómo las autoridades sanitarias verificarían las denuncias de violación o distribuirían la píldora.
Sin embargo, el anuncio ha recibido el rechazo de diferentes organizaciones y defensoras de derechos de las mujeres. “No es la promesa que hizo el Gobierno hizo en su campaña y no es la promesa que el movimiento feminista tuvo cuando se habló con la presidenta”, dijo la activista Ana Lucía Pérez a medios de la capital.
También el Centro de Estudios de la Mujer ha recalcado que Honduras es el único país con prohibición total de la anticoncepción de emergencia y junto con El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Haití, uno de los cinco del continente que prohíbe sin excepciones la interrupción involuntaria del embarazo.
Documentan violación a los derechos de las mujeres
Según datos citados por Human Rights Watch, en Honduras el 56% de los embarazos entre 2015 y 2019 fueron no deseados y en su mayoría pudieron ser causados por violación.
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En 2019, el Ministerio Público recibió 2.773 denuncias de violencia sexual contra mujeres y niñas. De acuerdo con estos datos, los grupos de edad más afectados incluyen niñas y mujeres entre las edades de 10 y 19 años (que representan el 54% de los casos), niñas de 9 años o menos (13%) y mujeres entre las edades de 20 y 29 años (12%). En 2021, el número de denuncias de violencia sexual que recibió el Ministerio Público ascendió a 2.896.
En 2019, la organización con sede en Nueva York documentó cómo la prohibición total del aborto y la anticoncepción de emergencia en Honduras viola los derechos de las mujeres y las niñas y pone en riesgo su salud y su vida.
El informe incluía el testimonio de mujeres hondureñas que enfrentaban los crueles efectos de la prohibición del aborto, incluida una mujer obligada a tener el hijo de su violador; una mujer que se enfrenta a la cárcel después de tener un aborto espontáneo; mujeres que tuvieron abortos inseguros; un médico que no siempre puede actuar en el mejor interés de sus pacientes; y una pastora que enfrentó amenazas de muerte por su activismo.
Actualizarán estadísticas de las mujeres
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), a través del proyecto Infosegura, informó que a partir de la próxima semana comenzará el proceso de recolección de datos de la encuesta nacional sobre la “Situación de la mujer en Honduras”, la cual servirá para conocer diversas dimensiones que afectan a las hondureñas-
La muestra es de 7,200 hogares distribuidos en los 18 departamentos del país.
Esta encuesta se ha creado para ampliar y generar datos estadísticos en diversos ámbitos que impactan a las mujeres, sobre todo, los impactos personales de la violencia, los obstáculos que enfrentan al solicitar ayuda, las respuestas de la justicia, y los servicios sociales y de salud, explicaron funcionarios.
Según el director del INE, Eugenio Sosa, se requieren datos desagregados, oportunos y confiables de la situación de la mujer en el país. “Para con ello, medir la magnitud y las dimensiones del problema, establecer parámetros básicos, identificar a grupos de alto riesgo, centrar las intervenciones y las actividades de prevención donde más se necesitan, vigilar los cambios a lo largo del tiempo y evaluar la eficacia de las intervenciones”.
