Bloomberg — Estados Unidos no renunciará este año a la protección de la propiedad intelectual de los tratamientos y pruebas Covid-19, alineándose con sus homólogos de los países desarrollados y retrasando las perspectivas de un acuerdo de la Organización Mundial del Comercio destinado a impulsar el acceso mundial a medicamentos que salvan vidas.
El martes, la Representante de Comercio de EE.UU., Katherine Tai, declaró que la agencia necesita más información sobre la dinámica del mercado de diagnósticos y terapias contra el Covid-19, y tiene previsto pedir a la Comisión de Comercio Internacional de EE.UU. que inicie una investigación sobre el asunto.
“Quedan interrogantes reales sobre una serie de cuestiones, y el tiempo adicional, junto con la información de la USITC, ayudará al mundo a tomar una decisión más informada”, dijo Tai en un comunicado de prensa.
Estas investigaciones pueden tardar entre nueve meses y un año en completarse. Esto significa un nuevo retraso para un acuerdo que pretende diluir los derechos de patente de medicamentos antivirales como Paxlovid de Pfizer Inc (PFE), Molnupiravir de Merck & Co (MRK), Remdesivir de Gilead Sciences Inc y Baricitinib de Eli Lilly & Co. (LLY).
Un plazo inminente
El debate sobre la renuncia a los derechos de propiedad intelectual para los productos terapéuticos y de diagnóstico de Covid-19 se ha mantenido latente desde este verano, cuando los miembros de la OMC aprobaron una decisión quinquenal que autorizaba el uso de secretos de patentes de vacunas sin el consentimiento del titular de los derechos.
Países en desarrollo como India, Sudáfrica e Indonesia están presionando para que se amplíe la exención a la producción y el suministro de productos terapéuticos y de diagnóstico de Covid-19. Los negociadores de la OMC dejaron la puerta abierta a modificar la exención existente antes del 17 de diciembre, un plazo que ahora no se cumplirá.
La OMC funciona sobre la base del consenso, lo que significa que cualquier acuerdo debe contar con el apoyo de cada uno de los 164 miembros de la organización.
EE.UU. sorprendió a los negociadores hace un año y medio, cuando respaldó un acuerdo para suavizar las disposiciones clave del acuerdo de la OMC sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio de vacunas, conocido por el acrónimo Trips. Desde entonces, EE.UU. se ha opuesto sistemáticamente a cualquier intento de ampliar la cobertura de la exención a pruebas y tratamientos, y ha pasado los últimos cinco meses consultando a las partes interesadas nacionales sobre si debería cambiar de rumbo.
El mercado mundial de tratamientos contra el Covid-19 tenía un valor de US$10.200 millones en 2021 y se espera que alcance los US$25.600 millones en 2030, según un informe publicado por InsightAce Analytic.
Reacción de las farmacéuticas y las colinas
EEE.UU. se une a casi tres docenas de países que solicitan más tiempo e información sobre una posible ampliación de la exención, entre ellos los 27 miembros de la Unión Europea, el Reino Unido, Singapur, Suiza, Japón y Corea del Sur. Estos gobiernos afirman que no han visto ninguna prueba concreta de que las normas de propiedad intelectual estén obstaculizando el despliegue mundial de los tratamientos y pruebas de Covid-19.
La industria farmacéutica argumenta que una exención es innecesaria porque la oferta actual de terapias contra el Covid-19 supera la demanda mundial y advierte que cualquier intento de renunciar a los derechos de propiedad intelectual para los tratamientos Covid-19 eliminaría los incentivos para que las empresas inviertan en el desarrollo de medicamentos que salvan vidas.
“Una investigación y un informe de la USITC demostrarán aún más las consecuencias perjudiciales para la economía estadounidense, la salud mundial, la innovación y la preparación para futuras pandemias que se derivarían de la ampliación de la exención Trips”, según un comunicado de Pharmaceutical Research and Manufacturers of America.
Por otra parte, legisladores estadounidenses de ambos lados del pasillo han advertido a la Casa Blanca de que una exención de la propiedad intelectual para pruebas y tratamientos “tendrá efectos devastadores y de largo alcance en el acceso a tratamientos más allá de los utilizados para el Covid-19″.
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