Ciudad de Panamá — Luego de que el director ejecutivo (CEO) de First Quantum Minerals LTD., Tristan Pascall, indicara ante analistas financieros que la minera y el gobierno panameño están cerca de cerrar un acuerdo para redactar el nuevo contrato que ampare la extracción de cobre, el gobierno emitió un comunicado de seis puntos en los que desmintió las palabras del empresario.
“El CEO de First Quantum, Tristan Pascall, hizo varias afirmaciones con respecto a sus consultas con la República de Panamá sobre la mina Cobre Panamá que no reflejan la realidad de la situación. En consecuencia, si bien Panamá ha sido reservada en sus comentarios públicos con la esperanza de centrarse en el proceso de consulta, ahora se encuentra obligada a corregir el registro”, cita un pronunciamiento del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici).
En 2017, la Corte Suprema de Justicia determinó que el contrato entre la minera y el Estado panameño era inconstitucional. Cuando esa sentencia entró en vigor, el contrato quedó anulado. Por lo tanto, se requiere un nuevo contrato para regularizar las operaciones de Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, fue el primer argumento del Estado.
La negociación del nuevo contrato se inició en septiembre de 2021 y en enero del año pasado se anunciaron los acuerdos entre las partes, que contemplaba que la minera pasaría de aportar el 2% de regalías a US $ 375 millones anuales. El gobierno panameño le dio hasta el mes pasado a la empresa para firmar su nuevo contrato, lo que no ocurrió.
Panamá ordenó cancelar las operaciones de la mina y que la operación entrara en estado de “cuido y mantenimiento” desde el pasado 15 de diciembre, mientras que las conversaciones se han mantenido con una advertencia de dos gestiones de arbitraje por parte de First Quantum, que además mantiene sus operaciones con normalidad, según informó la empresa.
“No son pocos los desacuerdos que persisten entre Panamá y Minera Panamá”. Ambas partes no están de acuerdo en temas esenciales, como las regalías, las deducciones por agotamiento del recurso, las medidas internacionales para mitigar la evasión fiscal, el impuesto al valor agregado, el alcance de las servidumbres, el incumplimiento material, la terminación y otros.
El gobierno resaltó que las propuestas contractuales más recientes de Minera Panamá han distanciado aún más a ambas partes. “Minera Panamá ha presentado propuestas que le ofrecen más beneficios al alza, cuando los precios del cobre son altos, y no sólo protecciones a la baja, cuando los precios del cobre son bajos”
Por ejemplo, detalla el gobierno, la propuesta de Minera Panamá sobre el agotamiento del recurso disminuye el número de años que pagará el pago mínimo garantizado y también reduce la recaudación fiscal de Panamá en escenarios de precios altos del cobre y/o alta producción.
Con esto la recaudación fiscal de Panamá sería considerablemente menor que la de otros países y resultaría en una ventaja económica asimétrica en beneficio de Minera Panamá, mientras que la recaudación fiscal propuesta por Panamá está alineada con los estándares internacionales, expone el gobierno panameño.
En el encuentro virtual con analistas e inversionistas, Pascall mencionó que los puntos finales en las conversaciones desde el pasado 14 de diciembre “tienen que ser resueltos de una manera justa” y respecto al impacto de caer en mantenimiento indicó que “la orden sería un paso drástico e innecesario, dado los esfuerzos de ambas partes de lograr un acuerdo”.
Las implicaciones, afirmó, las sufrirían los proveedores, empleados y las comunidades, por lo que están finalizando el acuerdo para el mantenimiento preventivo y que continuarán presentando recursos legales y apelaciones.
“Habría un golpe económico, un impacto económico, no sólo a la mina, sino a Panamá, el aporte de 5% al Producto Interno Bruto lo que sería un enorme costo para la economía y el costo para el gobierno puede ser de 5 a 10 millones de dólares por día”, además de afectar la reputación del país, puntualizó el ejecutivo.
Por su parte, el gobierno reiteró que “entrar en cuidado y mantenimiento puede ser necesario porque Minera Panamá ha continuado operando la mina Cobre Panamá sin un contrato, y el status quo irregular no puede continuar indefinidamente”, señala el comunicado, que no explica cómo se ejecutará esta orden.
Las resoluciones emitidas por Panamá no son un “paso drástico e innecesario”, sino que constituyen un cumplimiento necesario y esperado de la sentencia de la Corte Suprema ante el incumplimiento de Minera Panamá de regularizar sus operaciones.
“Panamá tiene el deber de hacer respetar sus leyes y su Constitución. Panamá confía en que los inversionistas internacionales buscan invertir en países que, como Panamá, defienden el estado de derecho”, concluye el comunicado.
