Bloomberg — Tras ser declaradas culpables de fraude fiscal el mes pasado, las dos empresas de Trump fueron condenadas a pagar más de US$1,6 millones, una pena que probablemente se verá eclipsada por el impacto que tendrá en la Organización Trump la propia condena por delito grave.
A diferencia de las penas federales por delitos corporativos, la pequeña suma se debe a los límites establecidos por la ley del estado de Nueva York. El verdadero castigo radica en el potencial impacto a largo plazo para el negocio del ex presidente, que va más allá del daño a la reputación y lo deja fuera de codiciados acuerdos, préstamos bancarios y contratos gubernamentales, dicen los expertos legales.
La sentencia se produce después de que un jurado de Nueva York emitiera su veredicto contra las dos unidades de negocio por los 17 cargos que se les imputaban, entre ellos conspiración, fraude fiscal y falsificación de documentos comerciales. El caso tiene su origen en una estafa de más de una década de duración para ocultar ingresos imponibles compensando a los ejecutivos con beneficios no declaradas, como coches de lujo y matrículas de colegios privados.
Y aunque US$1,6 millones es un error de redondeo para los negocios de Trump, ahí es solo donde empiezan los problemas.
“Hacer negocios con una empresa que ha sido declarada culpable de prácticas sin escrúpulos puede exceder la tolerancia al riesgo de prestamistas, aseguradoras y potenciales socios comerciales”, dijo Barbara McQuade, ex fiscal federal que ahora enseña en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan.
La mancha del delito grave
La mancha del delito grave probablemente dificultará que la empresa de Trump consiga préstamos bancarios, al menos en Estados Unidos, dicen expertos. También dificultará la obtención de contratos gubernamentales, como el que permitió a Trump convertir la Antigua Oficina de Correos de Washington en un hotel de lujo.
“¿Alguna empresa quiere revelar que está cerrando un trato con una compañía condenada por fraude fiscal?”, dijo Frank Agostino, ex abogado del Servicio de Impuestos Internos que ahora ejerce en el sector privado y se especializa en casos fiscales. Algunas empresas, prestamistas y ayuntamientos están obligados por “cláusulas morales” que prohíben hacer negocios con delincuentes, dijo.
Los abogados de las dos unidades de negocio (Trump Corp. y Trump Payroll Corp.) han dicho que apelarán el veredicto y no tenían comentarios sobre sus posibles consecuencias. El portavoz de Trump, Steven Cheung, no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios.
Y los problemas legales de Trump en Nueva York están lejos de terminar. Un caso de fraude civil por valor de US$250 millones presentado por la fiscal general Letitia James se juzgará en octubre. No sólo hay mucho más en juego en ese caso, sino que la demanda también pretende prohibir a Trump y a tres de sus hijos dirigir cualquier negocio en el estado.
James ya ha conseguido que se instale un monitor corporativo en la Organización Trump. Litigios anteriores de su oficina dieron lugar a la disolución de la Fundación Trump, que violaba la ley estatal que rige las organizaciones benéficas.
El caso penal fue presentado por las oficinas del fiscal del distrito de Manhattan y James.
“Amenaza real”
“La demanda de la fiscal general es una amenaza real con dientes reales”, dijo Daniel Horwitz, un ex fiscal de la oficina del fiscal de Manhattan que ahora está en el bufete de abogados McLaughlin & Stern. “Si la fiscal general obtiene la reparación que busca, esencialmente pondrá fin a la Organización Trump en el estado de Nueva York tal como la conocemos”.
El propio Trump no fue acusado en el caso penal, pero la sentencia se produce mientras se postula para presidente y en medio de una serie de otras amenazas legales.
Además del caso de James, incluyen investigaciones penales sobre los esfuerzos de Trump y sus aliados para anular las elecciones presidenciales de 2020 y el tratamiento de documentos gubernamentales clasificados en Mar-a-Lago, su casa de Florida. Tras el veredicto penal del mes pasado, el fiscal de distrito Alvin Bragg dijo que su investigación sobre Trump y los negocios continuaría.
Trump ha calificado de venganzas políticas infundadas todos los casos y sondeos a los que se enfrenta.
El acuerdo de Weisselberg
El caso de Manhattan surgió de una investigación sobre las prácticas empresariales de la Organización Trump iniciada bajo el mandato del exfiscal Cyrus Vance Jr, que en 2021 logró la imputación del durante mucho tiempo director financiero Allen Weisselberg y de las dos empresas de Trump. Weisselberg llegó a un acuerdo con la oficina de Bragg en agosto pasado y fue su testigo estrella en el juicio. Los fiscales han dicho que su investigación comenzó después de una historia de Bloomberg News sobre los beneficios de Weisselberg.
Tras la condena, Trump dijo en un comunicado que era injusto procesar a sus empresas por los actos del ex director financiero caído en desgracia, con el propio Weisselberg “y cada testigo declarando repetidamente que el presidente Trump y la familia Trump no sabían nada de sus acciones, que él admite que se hicieron únicamente para su propio beneficio.”
Dijo que Nueva York “es un lugar difícil para ser “Trump”, ¡ya que las empresas y las personas huyen de nuestra otrora Gran Ciudad!”
El caso es Nueva York contra la Organización Trump, 01473-2021, Tribunal Supremo del Estado de Nueva York (Manhattan).
Lea más en Bloomberg.com
