Plan de transición energética de Petro se sacudiría tras la polémica en MinMinas

Bogotá — El debate sobre la velocidad con la que debería realizarse la transición energética en Colombia se calienta en medio de los cuestionamientos que generó un informe del Gobierno sobre el balance de los contratos de hidrocarburos y los recursos disponibles, indicadores claves para conocer el ritmo en el que este plan debería adelantarse.

Si bien se espera que la hoja de ruta del Gobierno para la transición energética esté lista en mayo, el plan podría retrasarse a la espera del análisis que se hace del cuestionado informe que derivó en la renuncia de la viceministra de Energía, Belizza Ruiz, ante los cuestionamientos del mismo, según fuentes consultadas por Bloomberg Línea relacionadas con el asunto.

Entre tanto, el Ministerio de Minas y Energía no había respondido a unas preguntas del tema hasta la publicación del artículo referentes a si efectivamente se cumplirán los tiempos y qué adelantos puntuales hay en el cronograma y el documento que se prepara.

Un informe del Ministerio de Minas y Energía concluyó en diciembre que los contratos vigentes le garantizarían autosuficiencia a Colombia y excedentes de recursos hasta más allá del año 2037.

El informe fue cuestionado ante los presuntos errores técnicos en el cálculo de la autosuficiencia que tendría el país y por la falta de conclusiones frente a la viabilidad de los tiempos en los que se pretende realizar la transición energética.

“Ella (la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, dijo que nadie le había avisado o dicho que había algo mal presentado en el documento, en esa parte sí mintió. Yo hoy presento precisamente la comunicación con el director de Hidrocarburos en donde él le dice: yo sugiero que saquemos el tema de reservas porque eso nos va a generar problemas”, dijo en entrevista con Bloomberg Línea, Belizza Ruiz.

Ahora, fuentes cercanas a las mesas en las que se socializa la estructuración de la hoja de ruta de la transición energética indican las supuestas repercusiones de esa polémica en el plan que prepara el Gobierno, luego de que en el marco del Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) la ministra Vélez reiterara que no se van a conceder nuevos contratos de exploración petrolera en la actual Administración.

Dichas fuentes manifestaron que después de la polémica generada por el informe del Ministerio de Minas y Energía es muy posible que se hagan ajustes al plan de trasición energética dado que, según indican, los presuntos vacíos técnicos del reporte dejan supuestamente sin evidencia a ese despacho para demostrar que Colombia vaya a tener una suficiencia energética hasta donde lo habían mencionado.

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Advierten además que con este informe el Ministerio ha creado incertidumbre tanto a la ciudadanía como a las inversiones extranjeras al incluir los recursos contingentes y prospectivos como reservas, lo que, según argumentan, significó forzar las cifras pues se sumaron conceptos que estadísticamente serían incompatibles.

Por lo anterior, dichas fuentes manifiestan que se tendrían que hacer ajustes en el plan pues hasta el momento no es claro todavía cómo se vaya a hacer y una de las grandes preocupaciones es que el presidente Gustavo Petro ya socializó las conclusiones de dicho informe en Davos.

Esto habría generado un ambiente de hermetismo dentro del mismo Ministerio e incluso el presunto cancelamiento de reuniones en las que se preveía discutir el tema de la transición energética, dijeron esta fuentes que prefirieron mantenerse anónimas.

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Por ahora, según señalan, se mantiene la incertidumbre porque consideran que la transición energética se ha centrado más en anuncios políticos, pero con muy escaso soporte técnico, según opinan.

Además, se considera que la planeación estratégica y táctica de la transición energética del país debería involucrar tanto al Gobierno nacional, como la academia, las empresas del sector energético y las organizaciones, pues si falta alguno de ellos se podrían generar desbalances.

Sobre esta discusión, el director de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, Francisco Lloreda, manifestó en una reciente columna de opinión que cesar la exploración de crudo no solo podría tener efectos devastadores para la misma transición energética sino también para la estatal petrolera Ecopetrol, que acaba de anunciar la renuncia de su presidente, Felipe Bayón, pues “por más que diversifique su portafolio, sin petróleo y gas no subsistiría”.

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Consultado por el tema, el profesor de posgrados en las áreas de Cambio Climático y Salud Ambiental en la Pontificia Universidad Javeriana, Camilo Prieto, manifestó que en este proceso se debe tener muy claro en primera instancia para qué se persigue la transición energética, considerando la descarbonización de la economía, el beneficio que tiene para la salud pública y la vinculación del campo colombiano.

De hecho, “la transición energética colombiana es imposible sin atender los problemas agropecuarios, en tanto que la principal fuente de emisión de gas de efecto invernadero de Colombia no es el sector de la energía, sino es la deforestación, con el 31%, y la ganadería extensiva con el 14,8%”, argumentó.

Por eso, consideró fundamental que en esta discusión hagan parte diferentes entidades del Gobierno, como el Ministerio de Agricultura y el de Ambiente, acompañando el plan de la cartera de Minas y Energía.

Manifestó además que con este plan de transición Colombia se deberían vencer paradigmas en las zonas de generación energética como La Guajira, en donde todo este potencial convive con la pobreza, el hambre, la desigualdad y la falta de acceso a la salud.

A su juicio, para que la transición energética sea efectiva se necesita un costo de kilovatio-hora con un precio justo, lo que se estaría viendo afectado por diferentes variables.

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La puesta en operación del hidrógeno verde podría suponer inversiones de entre US$2.500 a US$5.500 millones al 2030 y en materia de empleo se podrían generar de 7.000 a 15.000 plazas.

Una de ellas, expone, son las restricciones en la tarifa de energía, que afectan cerca del 8% de la misma y que han ido subiendo porque “varios proyectos de generación que se culminaron no se han conectado. Eso es inaudito”.

Y atado a este factor “el incremento de los contratos bilaterales de los generadores están atados al IPC o al IPP. Ahí hay un asunto que hay que corregir”.

“Colombia debe tener un indicador energético específico y eso es parte de la transición energética. Todo eso hace que el precio del kilovatio-hora sea asequible, sea justo y que no estemos pagando un sobrecosto por ineficiencias del sistema y por un manera de calcular que no es la adecuada”, apuntó.

“Si Colombia no consolida sus proyectos de transmisión, las restricciones del sistema se van a seguir incrementando porque además la energía del país sigue aumentado. Es fundamental corregir el indicador al cual está atado el incremento de los contratos y otra parte fundamental son las pérdidas, que se dan por conexiones ilegales, inadecuada infraestructura, que hace que todo sea más ineficiente”, ahondó.

Para Prieto existe un riesgo de que la discusión sobre la transición energética en el país se termine centrando en simplemente reducir las emisiones de Co2 equivalente a partir de los fósiles y “eso sería una perspectiva que no abarque la complejidad del problema, es muy reduccionista. Y aquí se necesita una visión integrativa”.

No obstante, destacó que haya una apertura del Gobierno colombiano para poder dialogar sobre la necesidad de desarrollar una ley de seguridad nuclear y de protección radiológica para apoyar esa transición con energías alternativas en áreas como la salud pública. “Esperamos que este año se pueda presentar esa ley en el Congreso de la República”.

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