:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/3WAPGJ63SNGWXNXRDJX2NWYPAI.jpg "El traslado de reclusos al CECOT en febrero de 2023.")
Bloomberg Línea — El Salvador cumple este lunes un año desde que, a petición del presidente Nayib Bukele, la Asamblea Legislativa aprobara el régimen de excepción, luego de la ola de homicidios ocurrida entre el 25 y 27 de marzo de 2022.
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Ese fin de semana, 88 personas fueron asesinadas, 62 solo el sábado 26 de marzo, y el gobierno salvadoreño responsabilizó este estallido de violencia a la pandilla Mara Salvatrucha (MS).
El régimen de excepción es un mecanismo legal para abordar situaciones de emergencia y aunque se supone que es eminentemente temporal y extraordinario, los diputados lo han extendido en doce ocasiones.
Desde esta política, el Ejecutivo ha utilizado a las fuerzas de seguridad del Estado para ejecutar una guerra contra las pandillas que hasta la fecha ha llevado a la captura de 66.292 presuntos mareros a los que el gobierno llama ‘terroristas’, además de la incautación de US$ 3 millones, 3.272 vehículos, 2.543 armas de fuego y 15.850 celulares, según la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).
¿Qué implica el régimen de excepción?
La excepción suspende derechos, entre ellas, la libertad de asociación. Además, aumentó el tiempo de detención sin cargos de 3 a 15 días, y permite al gobierno vigilar las comunicaciones de sospechosos sin orden judicial.
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También, los diputados del oficialista de Nuevas Ideas aprobaron leyes que aumentan las sentencias de prisión para pandilleros y cualquier otra banda de crimen organizado.
Por ejemplo, los palabreros (líderes de pandillas) recibirán de 40 a 45 años de prisión, los miembros de pandillas recibirán de 20 a 30 años de prisión.
Según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), se han reportado casos, en el que pandilleros que terminaron de cumplir su condena, se les ha recapturado por el delito de agrupaciones ilícitas, pues al seguir siendo miembros activos de pandillas, se les considera un riesgo para la población.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/LQCYQCMEBFD7LH7XRW3PFLTLHA.jpg "Traslado de reclusos al CECOT en febrero de 2023.")
“Estamos transitando por una etapa de transformación nunca antes vista en la historia de El Salvador. Estos terroristas tuvieron secuestrados, por más de 25 años, a más de 6 millones de salvadoreños, pero hoy somos un Estado que está caminando y esta ruta no la vamos a abandonar”, dijo Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública.
El funcionario aseguró que las pandillas “ya no funcionan como un corporativo criminal” y solo “han quedado los que andan escondiéndose de la justicia”, pero que ya no pueden controlar colonias, barrios o comunidades.
La medida no está exenta de controversias y reclamos. Hasta ahora, han sido presentadas más de 7.900 denuncias a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la mayoría alegando detenciones arbitrarias, según registros de diferentes organizaciones defensoras.
Resultados de la medida
Los representantes del Gabinete de Seguridad aseguran que, debido al régimen de seguridad, el 2022 fue el año menos violento en la historia del país.
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“Esta es la única herramienta con la que cuenta el Estado para combatir a la criminalidad”, dijo el ministro de Defensa, René Merino Monroy, al agregar que el país suma más de 215 días con cero homicidios.
El gobierno dice tener “el incuestionable apoyo de la población para mantener la exitosa estrategia de seguridad”, con la cual se ha dado tranquilidad en comunidades históricamente dominadas por las maras.
“Los resultados están demostrados. Esta iniciativa ha sido una herramienta clave para combatir la inseguridad. Los homicidios han descendido a niveles históricos”, dijo el diputado José Urbina.
Ante el aumento de personas detenidas, el gobierno de Bukele anunció en junio de 2022 la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel con capacidad para 40.000 presos, la más grande de América Latina, y que posteriormente sería inaugurada el 31 de enero.
A la fecha, la Dirección General de Centros Penales ya ha trasladado a esta megaprisión a unos 4.000 detenidos, en medio de críticas por parte de los defensores de derechos humanos, al ver las imágenes de cómo los reclusos son agrupados en la prisión donde se encontraban recluidos y, vestidos solo con una calzoneta blanco, esposados por la espalda y rapados, para ser trasladados corriendo hacia los autobuses que los llevarán al CECOT.
Cada pabellón del complejo cuenta con 32 celdas, las cuales tienen camastros de acero en su interior para todos los reos y dos pilas de agua con chorros que serán controlados por los custodios.
Sin embargo, según el ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la guerra en contra de los pandilleros, complementada con el Plan Control Territorial, tiene el 96 % del apoyo de la población.
