Bloomberg — Los bancos, los gestores de activos y otras empresas financieras han conseguido una prórroga de la normativa europea sobre ESG más importante hasta la fecha, ya que una oleada de intensas presiones del sector ha dado sus frutos.
España, que ostenta la presidencia rotatoria de la Unión Europea, ha propuesto que las empresas financieras queden excluidas del despliegue inicial de la Directiva sobre Diligencia Debida en la Sostenibilidad Corporativa, según un borrador de propuesta del 9 de noviembre visto por Bloomberg. La propuesta aún requiere la aprobación de los Estados miembros y los legisladores.
La Directiva, que la UE pretende utilizar como herramienta para obligar a todas las industrias a prestar más atención a las cadenas de valor relacionadas con sus operaciones, puede exponer a las empresas a un riesgo jurídico sin precedentes. Si un solo eslabón de la cadena de valor de una empresa está relacionado con violaciones de los derechos humanos, destrucción del medio ambiente o actos similares, Bruselas quiere responsabilizar a la empresa con sede en la UE.
El sector financiero ha ejercido una fuerte presión para que no se le incluya en el ámbito de aplicación de la directiva, argumentando que es razonable considerar una norma de tan amplio alcance para los fabricantes, pero no para los bancos, los gestores de activos y las aseguradoras. Las repercusiones negativas serían “enormes”, declaró a principios de año Philippe Angelis, asesor principal de política de información corporativa y finanzas sostenibles de Insurance Europe.
El alcance internacional de la directiva también ha suscitado preocupación fuera de la UE. En junio, la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió de las posibles “consecuencias negativas y no deseadas” de la Directiva para las empresas estadounidenses.
José Manuel Campa, presidente de la Autoridad Bancaria Europea, dice que es lógico incluir a los bancos en la directiva, porque dar a los sectores individuales demasiada libertad de acción les permite, en última instancia, decir que no les importa lo que ocurra en su cadena de valor.
“Me gusta la filosofía de la directiva, que es la que aplicamos en nuestro requisito prudencial”, dijo Campa.
El Consejo Europeo y el Parlamento celebrarán negociaciones a finales de este mes sobre el avance de la Directiva CDSD. Hasta ahora, la inclusión o no del sector financiero seguía siendo un punto de fricción clave para alcanzar un acuerdo antes de finales de año. La propuesta de España pretende permitir que continúen las conversaciones más amplias, con vistas a retomar la cuestión de si se debe incluir a los bancos en una fecha posterior, según el borrador.
Responsabilidad de empresas
La Directiva sobre responsabilidad social de las empresas es la pieza clave del paquete legislativo de la UE destinado a hacer sostenible su economía responsabilizando a las empresas de su impacto social y medioambiental. En virtud de la directiva, las empresas se enfrentarían a responsabilidad civil y a multas administrativas potencialmente elevadas si la incumplen.
En junio, el Parlamento de la UE acordó incluir al sector financiero en la Directiva. Pero ya entonces, la legisladora que encabezó la iniciativa, Lara Wolters, dijo que se preparaba para la resistencia durante las conversaciones con el Consejo de la UE.
Sin embargo, dentro del Consejo de la UE, los Estados miembros no se ponen de acuerdo sobre cómo proceder, según el borrador de la propuesta visto por Bloomberg.
En los primeros debates sobre la inclusión del sector financiero se produjo una “división total”: algunos países se mostraron “flexibles a un planteamiento ambicioso”, mientras que otros señalaron la falta de un análisis de impacto y las “dificultades prácticas”, según el documento.
Excluir a los bancos de la CDSD socavaría su influencia, han advertido las organizaciones sin ánimo de lucro.
La propuesta de España es “un error muy grande”, dijo Isabella Ritter, responsable de política de la UE en ShareAction, con sede en Londres. También hará que alcanzar un compromiso sea “bastante difícil” porque “el Parlamento Europeo apoya firmemente la inclusión del sector financiero”.
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