Bloomberg Línea — El déficit de financiación de la protección social en los países de bajos ingresos llegó al 52,3% del PIB anual, por lo que para cerrar la brecha se requeriría la movilización de cuatro veces el gasto público anual, de acuerdo un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El reporte señala que mundialmente el mayor déficit de financiación de la protección social lo presenta África con el 17,6% del PIB anual, seguida de los países de renta baja y media de los Estados árabes (11,4%), América Latina y el Caribe (2,7%), Asia y el Pacífico (2%) y Europa y Asia Central (1,9%).
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Según el Banco Mundial, en conjunto, “los sistemas de protección social sólidos ayudan a los individuos y las familias, especialmente a los pobres y vulnerables, a prepararse para crisis y conmociones, y a enfrentarlas”.
El desempeño de Latinoamérica se debe en parte a Brasil, que tiene el mayor PIB de la región y el quinto déficit de financiación más bajo (1,4% del PIB) de todos los países de renta baja y media, aunque aún necesita destinar el 0,8% de su PIB para alcanzar un nivel mínimo de protección social universal.
No obstante, el resultado de LatAm también se ve afectado por Haití, el país más pobre del continente, en donde el déficit de financiación equivale al 45,5% de su PIB anual, del cual el 34% se atribuye a las cinco principales prestaciones monetarias de protección social y el 11,5% a la atención sanitaria esencial.
“El déficit de financiación para garantizar la cobertura universal de la protección social sigue siendo una realidad en los países de renta baja y media, donde es necesario gastar US$1,4 billones adicionales o el 3,3% del PIB (2024) para extender un nivel mínimo de protección social a todos”, dice el reporte.
Estos recursos son vitales para garantizar las prestaciones básicas para todos los niños, las madres de recién nacidos, las personas con discapacidades graves, todas las personas mayores y los desempleados, así como la asistencia sanitaria básica universal.
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La OIT destaca que, aunque la movilización de recursos internos es crucial para los sistemas de protección social nacionales, la solidaridad internacional es esencial para los países de renta baja.
“Para colmar esta brecha, la actual ayuda oficial al desarrollo dirigida a estos países debe triplicarse con creces y destinarse exclusivamente a la protección social”, señala la OIT.
Puntualmente en la región, el déficit de financiación en asistencia sanitaria esencial es del 1% del PIB anual y en las cinco principales prestaciones económicas de protección social del 1,7%.
En atención de niños es del 0,7%, de las personas con discapacidad del 0,3%, de la maternidad del 0,1%, de la vejez del 0,3% y del desempleo del 0,3%.
En Latinoamérica y el Caribe, los países con mayor déficit de financiación de la protección social universal como porcentaje del PIB son:
- Haití: 45,5
- Venezuela: 17,7
- Honduras: 12,8
- Nicaragua: 9,9
- Guatemala: 6,4
- Surinam: 5,8
- San Vicente y Granadinas: 5,1
- Bolivia: 4,8
- Belice: 4,7
- Perú: 4,4
- Cuba: 4,1
- Colombia: 4
- Paraguay: 3,7
- Santa Lucía: 3,7
- El Salvador: 3,4
- Dominica: 3
- Granada: 2,9
- Ecuador: 2,8
- Argentina: 2,7
- Jamaica: 2,6
- República Dominicana: 2,5
- México: 1,9
- Costa Rica: 1,9
- Brasil: 1,4
En América Latina y el Caribe, el pago de intereses de la deuda pública representa el 54% del gasto en protección social, el 64% del gasto en salud y el 63% del gasto en educación.
Para evitar más deuda, 134 gobiernos en el mundo comenzaron a recortar el gasto público en 2021 y esta tendencia continuará hasta al menos 2025. Un aspecto significativo de este ajuste presupuestario ha sido la focalización y racionalización del gasto en protección social para reducir el gasto público global, considerado por 120 gobiernos, según el informe.
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