Bloomberg Línea — El oro se ha consolidado como la principal fuente de ingresos de exportación de Nicaragua, generando cerca de US$2.000 millones en 2025 (el 37,7% del total).
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Si bien el auge del sector responde en parte al incremento del precio internacional, también refleja una política estatal orientada a ampliar y acelerar la explotación minera.
Así lo expusieron diferentes organizaciones en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrada este mes para abordar el impacto de las concesiones mineras sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y a la que el Estado de Nicaragua no asistió.
El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo tiene proyectado concesionar al menos el 40% del territorio nacional, de acuerdo con los datos presentados por la Fundación del Río (FdR).
Para lograrlo, el régimen ha desmantelado el marco legal y ambiental, al eliminar los estudios de impacto ambiental previos para proyectos mineros, así como de derogar la prohibición de extraer recursos en áreas naturales protegidas y suprimir la consulta pública obligatoria.
Es precisamente bajo este esquema de opacidad y control donde opera el motor extractivo. Amaru Ruiz, presidente de la FdR, explicó que la expansión del sector no debe entenderse como la coexistencia de una minería industrial y otra artesanal operando de forma independiente, sino como un mismo “modelo extractivo integrado”.
En la práctica, las empresas concesionarias adquieren el oro, la plata y el cobre extraídos por mineros artesanales para incorporarlos a los circuitos formales de comercialización.
Esta articulación ocurre mientras la minería a pequeña escala se desarrolla sin regulación efectiva, sin permisos, con uso intensivo de mercurio y cianuro, e incluso con registros de trabajo infantil. De esta forma, la actividad artesanal constituye un “componente funcional” del Estado en al menos 38 municipios.
“Mientras la industria concentra los beneficios económicos y las exportaciones alcanzan cifras récord, los costos humanos, sociales y ambientales recaen sobre los pueblos indígenas y afrodescendientes, cuyo territorio sostiene esta expansión”, denunció Ruiz.
Política estatal extractiva
En 2017, el Gobierno modificó el sistema de evaluación ambiental y creó la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), una empresa pública descentralizada con facultades para declarar áreas de reserva minera incluso dentro de territorios indígenas.
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Una reforma posterior permitió, además, establecer alianzas público-privadas en esas áreas mediante contratos que, según las organizaciones, permanecen sin hacerse públicos.
En 2025, un nuevo decreto eliminó los estudios de impacto ambiental previos para proyectos mineros y los sustituyó por un programa de gestión ambiental posterior al otorgamiento de las concesiones. También se eliminó la consulta pública obligatoria, se redujo a 30 días el plazo para otorgar permisos ambientales y una nueva ley de áreas de conservación permitió la explotación minera dentro de áreas naturales protegidas.
Dos meses después, se otorgaron concesiones dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz y el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan. Actualmente, 75 lotes mineros afectan 19 áreas protegidas y dos reservas de biosfera, comprometiendo más de 900.000 hectáreas.
En febrero de 2026, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 1275, que trasladó la Dirección General de Minas del Ministerio de Energía y Minas a la Procuraduría General de Justicia. Según Ruiz, el movimiento buscó sortear las sanciones de Estados Unidos contra el sector aurífero, pero también redujo “la transparencia y el acceso a la información minera”.
Los datos oficiales no se actualizan desde 2024 y persisten vacíos sobre los proyectos de inversión, su viabilidad económica y los contratos público-privados.
Tampoco existe información suficiente sobre los planteles que procesan minerales, los volúmenes que manejan o el origen del material, lo que dificulta su trazabilidad.
A ello se suman inconsistencias entre los registros comerciales de Nicaragua y los países de destino y el uso de distintas clasificaciones arancelarias que, según las organizaciones, dificulta determinar el costo y el volumen real de lo extraído.
Derechos de los pueblos indígenas
El modelo extractivista de Nicaragua anula directamente el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, dijo Ruiz.
Hasta abril de 2026, se documentó que 18 territorios indígenas y afrodescendientes se han visto afectados por 62 lotes de concesiones mineras a cargo de 24 empresas chinas, 15 canadienses, 11 colombianas, seis nicaragüenses y seis áreas de reserva minera.
En ninguno de estos casos se cumplieron los procedimientos establecidos en la Ley 445 ni los estándares interamericanos, según la denuncia. Los gobiernos comunales y territoriales han sido cooptados o coaccionados por el partido de gobierno para firmar consentimientos “a espaldas de sus propias comunidades”.
Este patrón de vulneración a las comunidades ya había sido señalado en casos anteriores. En marzo de 2024, el mecanismo de revisión del Fondo Verde del Clima suspendió el proyecto Bioclima por incumplir sus propias medidas de consulta. En noviembre de ese año, la CIDH confirmó la violación al derecho a un recurso efectivo en el caso del territorio Rama y Kriol.
Las consecuencias de este modelo trascienden la vulneración de los derechos territoriales y alcanzan la seguridad y la salud pública.
Un estudio del IPEN (Red Internacional de Eliminación de Contaminantes) en mujeres indígenas en edad fértil del Caribe Norte reveló que el 80% presentaba niveles de mercurio por encima de lo considerado seguro, con riesgo directo de transmisión al feto.
Además, las organizaciones documentaron que, entre 2013 y 2024, al menos 69 indígenas fueron asesinados. En 2021, la masacre de Kiwakumbai se cobró la vida de 13 personas.
A esto se suma la persecución de líderes, como la muerte bajo custodia del histórico líder indígena miskito Brooklyn Rivera, y la criminalización de defensores territoriales.
El despojo tampoco se limita a los territorios concesionados. Según la denuncia del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), los más de 60 lotes mineros impactan en unos 163 ríos, 80 quebradas y cerca de 1.900 kilómetros de red hídrica.
Además, la violencia y la degradación han trascendido las fronteras. En Costa Rica, las autoridades advierten que la minería ilegal evolucionó a una explotación semiindustrial vinculada al crimen organizado, donde el área intervenida en zonas fronterizas como Crucitas pasó de 900 a más de 3.000 hectáreas en poco tiempo.
