Bloomberg Línea — El líder indígena miskito Brooklyn Rivera Bryan, una figura histórica en la lucha por los derechos territoriales en la Costa Caribe nicaragüense, falleció bajo custodia estatal a los 73 años, según informó el Gobierno el domingo.
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Su muerte, ocurrida tras casi tres años de prisión y desaparición forzada, ha reavivado el debate sobre la situación de los derechos humanos y la crisis sociopolítica que atraviesa el país centroamericano.
Rivera, referente del partido político Yatama y exdiputado, se convirtió en un símbolo de la resistencia indígena, primero contra la revolución sandinista en los años 80 y, décadas después, contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El Ministerio de Salud (MINSA) confirmó su muerte el domingo 31 de mayo, atribuyéndola a complicaciones de “una bacteria generada por el virus covid-19”. En una nota oficial, el gobierno aseguró que el líder falleció acompañado de su hijo, su hermana y su pareja, además de autoridades sandinistas.
Esta versión fue desmentida rápidamente en un comunicado emitido por su hija, Tininiska Rivera Castellón, quien se encuentra en el exilio.
“Desmiento la información oficial que señala que familiares estuvieron presentes junto a mi padre en sus últimos momentos. Hasta donde tengo conocimiento, mi tía no estuvo con él. De igual manera, la señora Nancy Elizabeth Henríquez no forma parte de nuestra familia y permanecía bajo custodia del Estado, sin gozar de plena libertad para actuar de manera independiente”.
Tininiska Rivera, hija de Brooklyn Rivera.
Tininiska también solicitó a las autoridades nicaragüenses que permitieran a la familia recibir el cuerpo de su padre para que fuera enterrado en Sandy Bay, Caribe Norte del país, y “cumplir la promesa que le hice en vida frente a la tumba de mi abuela: darle el último adiós que merece y permitir que descanse junto a ella y su pueblo, acompañado su pueblo, su comunidad”.
Sin embargo, medios independientes reportaron que el régimen procedió a su inhumación en el cementerio privado Sierras de Paz, en Managua, horas después del anuncio de su muerte, en una ceremonia exprés controlada por el oficialismo, con la presencia de diputados del partido de gobierno y magistrados del poder electoral, pero sin la participación de sus familiares.
Líder indígena
Nacido el 24 de septiembre de 1952, el “Taupla” (líder principal) se convirtió en una figura histórica de la resistencia miskita en Nicaragua.
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Su activismo comenzó en la década de 1960 en defensa de la autonomía política y el reconocimiento cultural de su pueblo. En los años setenta, se integró en la organización indígena Misurasata, formada para representar a las comunidades de la Costa Caribe durante los cambios políticos nacionales.
Miembro de su Junta Directiva, sufrió la persecución de las autoridades sandinistas, lo que le obligó a exiliarse en Costa Rica en 1980.
Desde el exterior, destacó como un pilar de la resistencia armada que desembocó en el conflicto conocido como la Guerra de la Costa de la Mosquitia.
El 21 de enero de 1986, Rivera sobrevivió a un ataque militar en la comunidad de Layasiksa, en el municipio de Prinzapolka, donde resultaron asesinados tres indígenas y varios heridos. Logró escapar hacia la isla de San Andrés (Colombia) con el apoyo de las comunidades locales.
Su labor, desempeñada bajo enorme riesgo personal, fue clave para visibilizar internacionalmente la violación de los derechos de los Pueblos Indígenas, ganando solidaridad global para la causa miskita, recuerda la la plataforma SOS-Defenders.
Aunque en aquellos años coincidió militarmente con la “Contra” —respaldada por Estados Unidos—, su lucha se distinguió por centrarse invariablemente en la autodeterminación de su pueblo. En 1987, impulsó la unificación de la resistencia miskita, fundando Yatama (Organización de los Pueblos de la Madre Tierra).
Esta organización desempeñó un rol fundamental en las negociaciones de paz que culminaron en el Acuerdo de Sapoá, que garantizó la autonomía para la Costa Caribe nicaragüense. Tras el conflicto, durante el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1994), Rivera se desempeñó como ministro-director del Instituto de Desarrollo de la Costa Atlántica (INDERA), periodo en el que promovió el desarrollo sostenible, la educación y la salud en la región.
Bajo su liderazgo, Yatama se incorporó a la vida política institucional, participando en elecciones desde 1990. En 2005, la organización logró una sentencia favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado de Nicaragua por exclusión política, aunque el fallo nunca fue acatado totalmente.
En 2007, con el regreso de Ortega al poder y tras alianza electoral con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Rivera fue elegido diputado, cargo desde el cual impulsó la titulación de tierras ancestrales. Sin embargo, la ruptura con el Gobierno se consumó en 2015, cuando fue despojado de su curul.
A pesar de ello, fue reelecto en 2016 como independiente y en 2021 por Yatama. La persecución contra el líder indígena se intensificó tras su participación en el Foro Permanente de la ONU en Nueva York en 2023, donde denunció la “colonización interna” y la invasión de tierras miskitas por colonos armados.
En septiembre de ese año, el Gobierno le impidió el ingreso al país. Cruzó la frontera desde Honduras por tierra en un acto de desafío y fue detenido inmediatamente, iniciando un periodo de desaparición forzada.
Al mes siguiente, el régimen canceló la personería jurídica de su partido político, a través de una resolución emitida por el Consejo Supremo Electoral (CSE).
Ni su familia ni sus abogados conocieron su paradero hasta el 27 de mayo de 2026, cuando fue presentado públicamente en un hospital de Managua en estado crítico, conectado a ventilación mecánica y con graves signos de desnutrición.
Reacciones internacionales
La muerte de Rivera ha sacudido a la comunidad internacional. La Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de su secretario general Albert Ramdin, exigió una investigación “inmediata, independiente y transparente”, señalando que Rivera fallecía bajo la protección de medidas cautelares de organismos como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Días antes de conocerse su fallecimiento, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos responsabilizó al Gobierno por las condiciones en las que permanecía detenido el líder indígena.
En un mensaje publicado en la red social X, afirmó que “hace tres años, la dictadura Murillo-Ortega encarceló injustamente a Brooklyn Rivera” y denunció que las autoridades informaron sobre su estado de salud únicamente cuando se encontraba gravemente enfermo, “en un intento por ocultar su papel central en el trato cruel y las condiciones actuales de Rivera”.
Asimismo, calificó la situación como una muestra de “represión, violencia y falta de humanidad” y reiteró su demanda de liberación “de todos los presos políticos.
Desde Honduras, el municipio de Brus Laguna, en la región de La Mosquitia, decretó tres días de duelo, reconociendo a Rivera como un “defensor del territorio y la cultura” trascendental para Centroamérica.
El colectivo Nicaragua Nunca Más, compuesto por defensores de derechos humanos en el exilio, calificó el hecho como un “asesinato”, señalando que Rivera es el octavo preso político que muere bajo custodia del Estado desde 2019.
En tanto, el Movimiento Campesino de Nicaragua pidió a la comunidad internacional a ejercer presión de manera urgente para alcanzar la libertad de todos los presos políticos “ya que la mayoría se encuentran en estado de desaparición forzada y no sabemos de su estado de salud o si los habrán matado también”.
