Buenos Aires — El Gobierno avanzará con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), una de las empresas públicas incluidas en el listado de firmas sujetas a privatización tras la aprobación de la Ley Bases en 2024. Según confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, este martes se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos para avanzar con la venta del 90% de las acciones que hoy están en manos del Estado nacional.
“Mañana se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación de AySA para avanzar con la venta del 90% de las acciones de la empresa que hoy están en manos del Estado Nacional”, señaló Caputo a través de un mensaje publicado en la red social X.
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El ministro sostuvo que la incorporación de “un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa” permitirá “impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos”.
En el mismo mensaje, Caputo aseguró que el Gobierno continúa avanzando “en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento”.
La privatización de AySA había sido anunciada en julio de 2025 y forma parte del listado de seis empresas públicas sujetas a ser privatizadas en el marco de la Ley Bases aprobada por el Congreso en 2024.
Según información oficial, AySA es la principal empresa de agua y saneamiento del país y presta servicio en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, con 11,4 millones de personas abastecidas con agua potable y 9,6 millones con servicio de cloacas. La empresa cuenta con cerca de 3,9 millones de usuarios registrados.
La agenda privatizadora de Milei suma nuevos capítulos
La venta de AySA se enmarca en la estrategia del gobierno de Javier Milei para reducir la participación estatal en empresas.
A través de privatizaciones y concesiones, el equipo económico busca obtener este año ingresos por unos US$2.000 a US$2.500 millones.
En esa línea, el Gobierno ya concretó el desprendimiento de su participación en IMPSA y avanzó con la renovación de las concesiones de las represas hidroeléctricas del Comahue.
El movimiento más reciente se produjo este lunes, cuando el Ejecutivo adjudicó a Genneia y Edison Transmisión la participación accionaria estatal en CITELEC, controlante de Transener.
Entre los próximos pasos de la agenda oficial aparece también la posibilidad de avanzar en la apertura del capital de Nucleoeléctrica Argentina, la compañía encargada de operar las tres centrales nucleares del país. En este caso, sin embargo, la Ley Bases establece que el Estado nacional deberá conservar el control o la participación mayoritaria en el capital social.
Otro frente en análisis es la venta de más activos de Energía Argentina (ENARSA), entre ellos las centrales térmicas Manuel Belgrano y San Martín, que en conjunto representan cerca del 8% de la generación eléctrica nacional.
La hoja de ruta oficial también contempla la privatización de Belgrano Cargas, aún a la espera de la publicación de los pliegos, y el futuro esquema de concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, uno de los principales corredores logísticos para las exportaciones argentinas.
