Bloomberg Línea — Recortar gasto público, aumentar ingresos tributarios y sobre todo cambiar el discurso de sus prioridades fiscales es indispensable para que Colombia pueda aspirar a recuperar su grado de inversión.
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La semana pasada S&P Global Ratings rebajó la calificación crediticia de Colombia dejándola tres escalones por debajo del grado de inversión ante los desafíos fiscales del país y la ruta para recuperar la nota BBB exige sacrificios desde el Estado y de la sociedad civil.
Daniel Velandia, director de Investigaciones Económicas de Credicorp Capital asegura que se requiere una reforma tributaria ambiciosa, “pero se requiere que en el proyecto se involucre el aumento de las bases gravables y no solamente la capacidad del Estado de cobrar más impuestos a los mismos de siempre”.
Según la agencia calificadora, la rebaja de la calificación soberana de BB a BB- se basó en la limitada flexibilidad fiscal del país, la elevada carga de la deuda, la débil posición exterior (incluida la volatilidad de los términos de intercambio) y el moderado PIB per cápita.
Vale recordar que tras la pandemia Colombia logró un crecimiento superior al 10% en 2021 y 7% en 2022, pero desde entonces su PIB no ha logrado expandirse a un ritmo cercano al de su potencial de 3%.
“La política fiscal se ha vuelto menos predecible, como pone de manifiesto la decisión del Gobierno de suspender la regla fiscal del país y el recurso a decretos para aprobar presupuestos sin la aprobación legislativa formal, lo que ha contribuido a generar elevados déficits fiscales”, agregó la calificadora al momento de castigar la nota soberana nacional.
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Felipe Campos, gerente de Estrategia de Inversión en Alianza Valores, coincide en la necesidad de una reforma tributaria muy ambiciosa. “Se necesita una tributaria que, acompañada de reducción de gasto público, logre levantar entre COP$15 billones y COP$20 billones”.
Pero cuando se habla de sacrificios que también provengan de la sociedad civil colombiana se habla de, por ejemplo, “dejar de subsidiar el diésel”, dice Campos.
Sin embargo, el analista asegura que parte de lo que se debe hacer es cambiar el discurso, porque a su juicio la percepción del riesgo que hay sobre Colombia explica gran parte de la prima que hoy se paga.
“Se requiere cambiar discurso de prioridades fiscales ya que la prima de riesgo de Colombia no es sólo por fundamentales, hay al menos unos 100 o 200 puntos básicos que son sólo de percepción”, puntualizó Campos.
El próximo 31 de mayo Colombia elegirá presidente. Las encuestas más recientes muestran como ganador al derechista Abelardo De la Espriella o a la también derechista Paloma Valencia, quien han manifestado interés en retomar la disciplina fiscal que traía el país.
Sin embargo, si Iván Cepeda, candidato de izquierda y respaldado por el presidente Gustavo Petro, logra mantener su primer lugar de intención de voto en una segunda vuelta, los desafíos fiscales podrían agudizarse dado que en su programa de gobierno contempla un importante gasto estatal en subsidios y subvenciones.
Al momento de la rebaja a Colombia, S&P enfatizó en que la próxima administración heredará rigideces de gasto significativas derivadas de: requerimientos de seguridad doméstica, pasivos pensionales aumentados — exacerbados por aumentos sustanciales de salario mínimo— y costos de salud en escalada.
Similarmente, el clima político ha permanecido poco conducente a reformas tributarias sustanciales, un impasse que podría persistir siguiendo las elecciones legislativas de marzo de 2026, las cuales resultaron en un Congreso fragmentado para el período 2026–2030.
