Bloomberg Línea — En Colombia, el pago de los arriendos está relacionado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) porque este indicador mide la inflación, es decir, el aumento general de los precios de bienes y servicios en el país.
Con el IPC de 2025 de 5,1% anunciado por el Dane, un arriendo mensual de COP$1.800.000, por ejemplo, se puede incrementar en máximo en COP$91.800 llevando el nuevo monto a COP$$1.891.800.
La ley permite entonces que los cánones de arrendamiento de vivienda urbana se ajusten anualmente con base en el IPC del año anterior para que el valor del arriendo mantenga su poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida.
Con lo que, de acuerdo con la normativa, el propietario no pierde capacidad económica por efecto de la inflación y el ajuste se hace bajo un criterio objetivo y regulado.
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En Colombia, el valor del arriendo no puede exceder el 1% del valor comercial del inmueble. Sin embargo, el arrendador y el arrendatario puede llegar a un acuerdo para un incremento menor o para mantener el mismo monto.
Vincular los arriendos al IPC busca proteger tanto al arrendador como al arrendatario, evitando incrementos arbitrarios o desproporcionados.
Al usar un indicador oficial calculado por el DANE, se garantiza transparencia y previsibilidad en los ajustes, lo que permite a los inquilinos planear sus gastos y a los propietarios cubrir el incremento de costos asociados al mantenimiento del inmueble, impuestos y servicios. Así, el IPC actúa como un mecanismo de equilibrio y estabilidad en el mercado de arrendamientos.
