Bloomberg Línea — El Gobierno de Abelardo De la Espriella recibirá un escenario fiscal más desafiante para 2027 del que proyecta el Ejecutivo en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), de acuerdo con un informe elaborado por ANIF.
El centro de estudios estima un déficit fiscal y un déficit primario superiores a los previstos por el Ministerio de Hacienda y advierte que el resultado dependerá, en buena medida, de la ejecución del gasto durante 2026 y de las obligaciones que puedan trasladarse a la siguiente vigencia.
El informe señala que el Gobierno proyecta para 2026 un déficit primario de 2,1% del PIB y un déficit fiscal de 5,3% del PIB. Sin embargo, ANIF estima un escenario más exigente, con un déficit primario de 3,3% del PIB y un déficit fiscal de 6,5% del PIB.
Según el documento, “este escenario que plantea el MFMP depende en gran medida de lo que suceda con la ejecución del presupuesto”.
En materia de ingresos, el informe explica que el Gobierno espera recaudar recursos equivalentes al 16,1% del PIB, mientras que ANIF proyecta ingresos ligeramente inferiores, al estimar un menor recaudo tributario.
Por el lado del gasto, el Ejecutivo prevé un gasto total de 21,4% del PIB, mientras que el centro de estudios calcula que podría ascender a 22,4% del PIB.
El análisis también plantea que uno de los principales factores de incertidumbre está relacionado con la ejecución presupuestal de este año.
De acuerdo con el documento, entre enero y mayo los recursos comprometidos crecieron 18,1% nominal frente al mismo periodo de 2025.
Bajo ese escenario, ANIF sostiene que “si este año el Gobierno mantuviera el mismo avance en la ejecución presupuestal y no rezagara gasto para la siguiente vigencia, el déficit primario podría ubicarse por encima de 4,0% del PIB”.
El informe agrega que, si el Gobierno busca cumplir con la desviación permitida bajo la cláusula de escape de la regla fiscal, “se deberían rezagar al menos COP$63 billones, los cuales se tendrían que pagar en el 2027, heredando el problema a la nueva administración”.
Otro de los riesgos identificados corresponde a las operaciones de manejo de deuda contempladas por el Gobierno para reducir el pago de intereses.
Según ANIF, el MFMP prevé que esas operaciones generen un ahorro equivalente a un punto del PIB, pero advierte que “ante las dificultades de caja existe un riesgo alto de que no se puedan llevar a cabo en su totalidad”.
En ese caso, el pago de intereses aumentaría hasta 4,2% del PIB y “el déficit fiscal podría incluso llegar a ser de 7,2% del PIB”.
Frente a este panorama, el centro de estudios sostiene que el próximo Gobierno deberá avanzar en un ajuste fiscal. En términos generales, estima que el esfuerzo requerido asciende a tres puntos del PIB, equivalentes a aproximadamente COP$53 billones, mediante una combinación de medidas de austeridad, reformas sobre los ingresos y políticas orientadas a estimular la inversión privada y la actividad productiva.
Las propuestas en materia de gasto incluyen racionalizar el gasto de funcionamiento y de inversión.
Entre ellas figuran la reducción del tamaño de la nómina pública mediante congelamiento y eliminación de cargos, limitar el crecimiento salarial del sector público, revisar bonificaciones y esquemas de contratación, disminuir gastos discrecionales, recortar contratos de prestación de servicios y avanzar en la eliminación gradual de subsidios a los combustibles mediante ajustes en los precios del ACPM y la gasolina.
Según el informe, estas medidas tendrían un impacto estimado de 0,7 puntos del PIB.
En cuanto al gasto de inversión, ANIF propone revisar programas con baja ejecución o efectividad, reducir inversión no comprometida y eliminar duplicidades de proyectos.
Posteriormente, plantea considerar una reforma tributaria estructural enfocada en ampliar la base tributaria, reducir la evasión y revisar algunos tratamientos preferenciales.
El documento concluye que, si el nuevo Gobierno logra ejecutar un ajuste fiscal de al menos tres puntos del PIB en los próximos años, “Colombia podría retornar la senda de sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo”, aunque advierte que alcanzar ese objetivo “será políticamente complejo y requerirá construir acuerdos amplios con distintos actores económicos, políticos y sociales”.
