Bloomberg Línea — Con la llegada de un nuevo ciclo electoral, vuelve al centro de la discusión pública una norma que cada cuatro años marca el ritmo del gasto público y la gestión estatal: la Ley de Garantías Electorales.
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Esta Ley busca evitar que los recursos del Estado se utilicen con fines proselitistas durante los periodos previos a las elecciones, limitando la contratación y ciertas actuaciones de los funcionarios públicos.
¿Qué es la Ley de Garantías?
La Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías, fue creada para asegurar la transparencia y equidad en los procesos electorales.
Su objetivo principal es impedir que los gobiernos —nacional, departamentales y municipales— favorezcan a candidatos o movimientos políticos mediante el uso del presupuesto público.
En la práctica, la norma impone restricciones temporales a la contratación directa, a la participación en actos públicos de carácter político y al nombramiento de ciertos cargos dentro del sector público.
De esta forma, se busca garantizar que las elecciones se desarrollen en condiciones justas, sin ventajas derivadas del poder estatal.
¿Cuándo empieza a regir la Ley de Garantías?
La ley entra en vigor cuatro meses antes de las elecciones, lo que significa que para los comicios locales y regionales (alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas) se activa en junio del año electoral; mientras que para las elecciones presidenciales comienza a aplicarse desde noviembre del año previo a la votación.
En el caso de las legislativas y presidenciales, que se realizarán desde el 8 de marzo de 2026, el periodo de aplicación comienza el 8 de noviembre de 2025.
¿Qué implicaciones tiene para el Estado colombiano?
Una vez entra en vigor, la Ley de Garantías limita la contratación directa entre entidades públicas, salvo en casos excepcionales como emergencias, desastres naturales o programas sociales que no puedan interrumpirse.
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Esto significa que, durante varios meses del año preelectoral, los gobiernos deben frenar nuevos contratos o convenios interadministrativos, lo que reduce el ritmo de ejecución de proyectos y obras públicas.
A su vez, los funcionarios no pueden participar en actividades de carácter político, ni hacer pronunciamientos públicos que favorezcan a candidatos o partidos, mientras ocupen cargos estatales.
También se restringen los nombramientos y remociones en entidades públicas, salvo cuando se trate de reemplazos por renuncia, muerte o causas disciplinarias.
