Un ajuste de más de 4.0% del PIB a 2030
Bogotá — El Gobierno radicó la Ley de Rescate Económico “con la que espera hacer un ajuste fiscal de más de 4.0% del PIB a 2030, con una combinación de reducción de gasto público y mayores impuestos”, dice Banco de Bogotá que hizo un análisis sobre el texto que cree saldrá aprobado.
El documento agrega que “la propuesta es ambiciosa y tendrá un debate álgido en el Congreso, con tiempos apretados”.
El efecto de la Ley en el balance primario es de 2.35% del PIB en 2027, 3.58% en 2028, 3.87% en 2029 y 4.09% en 2030.
Primer pilar: eficiencia del gasto y tamaño del Estado
El informe señala que, entre los artículos 2 y 17 del proyecto, el Gobierno propone medidas para reducir el gasto público o, como se conoce coloquialmente, “apretarse el cinturón”.
Eficiencia del gasto. El artículo 2 propone aplazar o reducir las partidas de “Otras Transferencias” en 2027 y condiciona su inclusión desde 2028 a un concepto favorable del CONFIS.
El artículo 3 establece que los excedentes de liquidez no comprometidos al cierre de cada vigencia sean trasladados al Tesoro Nacional.
Los artículos 4 y 5 ordenan a Hacienda y al DNP presentar en el primer semestre de 2027 un estudio sobre las leyes que ordenan gasto y los fondos especiales vigentes.
El proyecto incluye además un techo para las compras de bienes y servicios del Estado, cuyo crecimiento anual no podrá superar la inflación observada el año anterior.
En conjunto, estas medidas generarían un ajuste de 0.39% del PIB en 2027 y de 0.31% anual de 2028 en adelante.
Banco de Bogotá indica que “estas estimaciones son conservadoras” y que el potencial de reducción del gasto podría superar los COP$20 billones al año, equivalentes a cerca de 1.1% del PIB.
Reducción del tamaño del Estado. El artículo 7 busca otorgar al presidente facultades extraordinarias por seis meses para suprimir, fusionar o escindir ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos públicos.
El artículo 16 propone una reducción nominal de 20% en el gasto de personal, excluyendo la fuerza pública.
El informe estima una reducción del gasto de 0.24% del PIB en 2028, que aumentaría hasta 0.52% en 2030.
Sobre este punto, los economistas del banco afirman que “la negociación de estos artículos en el Congreso será compleja”, entre otras razones porque los partidos tradicionales suelen tener influencia en distintas entidades públicas y porque el Congreso perdería capacidad de decisión sobre qué entidades suprimir, fusionar o escindir.
El artículo 17 propone reducir en 50% los contratos de prestación de servicios (OPS). El informe recuerda que el número de contratos OPS pasó de 120 mil en 2018 a 177 mil en 2025, mientras su costo fiscal aumentó de 0.2% a 0.4% del PIB.
Según estimaciones del Gobierno, la medida generaría un ahorro de 0.2% del PIB, y el banco considera que “podría enfrentar baja resistencia en el Congreso”.
Seguridad social: mayores aportes de empresas y asalariados
El informe explica que la Ley busca reducir la dependencia del sistema de salud frente a las transferencias del Gobierno y aumentar los aportes de empresas, trabajadores y otras fuentes.
Recuerda que la reforma tributaria de 2012 (Ley 1607 de 2012) eliminó los aportes de las personas jurídicas a salud (8.5%), SENA (2%) e ICBF (3%) por los empleados que devengaban menos de 10 salarios mínimos, y que la reforma de 2016 eliminó el CREE e integró esa tarifa a la de renta.
Actualmente, las empresas no realizan contribuciones a salud, SENA e ICBF por trabajadores que perciben hasta diez salarios mínimos. Con el proyecto:
- La exoneración total se mantiene únicamente para quienes reciben hasta dos salarios mínimos.
- Entre dos y tres salarios mínimos, las empresas volverían a aportar 4.0% a salud y 1.0% al SENA y al ICBF.
- A partir de tres salarios mínimos se restablecerían las tarifas históricas: 8.5% para salud, 2.0% para el SENA y 3.0% para el ICBF.
En cuanto a los trabajadores, los asalariados que devengan hasta dos salarios mínimos continuarían aportando 4% a salud, y la tarifa aumentaría gradualmente hasta 8% para quienes perciben entre veinte y veinticinco salarios mínimos.
Los independientes mantendrían 12.5% en ingresos bajos y medios, con aumento progresivo hasta 15.5% en los tramos más altos.
La propuesta también plantea transferir a la ADRES un punto porcentual de la contribución del 4% sobre la nómina que reciben las Cajas de Compensación Familiar.
Según el informe, estas medidas reducirían las presiones de gasto de la Nación en 0.97% del PIB en 2027 ($19.5 B de 2026).
El equipo de investigadores de Banco de Bogotá señala que varias de estas medidas ya habían sido planteadas por la administración anterior en su proyecto de reforma tributaria de junio de 2026, aunque con un impacto fiscal estimado menor.
El informe indica que “existe un diagnóstico compartido sobre la necesidad de fortalecer las fuentes de financiación de la seguridad social” y que “es probable que en el trámite legislativo se ajusten algunos de los umbrales y/o tarifas”.
Impuestos a bebidas alcohólicas, cigarrillos y tabaco
El documento indica que, en tabaco, el proyecto aumenta el impuesto al consumo de cigarrillos e incorpora a los vapeadores en la base gravable mediante un impuesto específico por mililitro consumido.
En bebidas alcohólicas, eleva el impuesto al consumo de licores y aumenta su IVA de 5% a 19%. El impuesto al consumo de cerveza sería reemplazado por un impuesto a la producción.
Según el informe, estas medidas darían ingresos a la Nación por 0.5% del PIB en 2027 ($10 B de 2026) y 0.6% del PIB ($12.5 B de 2026) desde 2028.
Agrega que su efectividad dependerá de la capacidad de las autoridades para contener el comercio ilícito.
IVA y el programa EfectIVA
El informe afirma: “La pieza central de la estrategia de aumentar el fisco es la creación del programa EfectIVA”.
Se trata de un mecanismo de devolución del IVA que cubriría a cerca del 68% de la población, más de 35 millones de personas.
Los hogares de los tres primeros deciles de ingreso recibirían una devolución del 100% del IVA pagado; para los deciles siguientes sería de 50%, 40% y 30%.
Los pagos serían quincenales, con un límite de 5.5 UVT (COP$288 mil de 2026) mensuales por beneficiario.
Para financiarlo, los artículos 42, 45 y 46 sustituyen buena parte de los bienes y servicios excluidos y exentos del IVA, y el artículo 106 deroga la tarifa diferencial del 5%.
Entre los productos que pasarían de 5% a 19% el informe menciona café, azúcar, chocolate, pastas y harinas; entre los que pasarían de exclusión a 19%, frutas, tomate, cebolla, sal, queso y boletas de cine.
Seguirían sin IVA carnes, pollo, pescado, huevos, leche, arroz, papa, pan, medicamentos, salud, educación, transporte público y arriendos.
La eliminación de estos tratamientos diferenciales daría ingresos por 1.67% del PIB (COP$34 billones de 2026) en promedio entre 2028 y 2030, de los cuales la mitad irían a EfectIVA, por lo que el ingreso neto rondaría 0.83% del PIB (COP$17 billones de 2026) al año.
Otras medidas de IVA (vehículos eléctricos e híbridos, servicios digitales, turismo a extranjeros, importaciones de bajo valor y juegos de suerte y azar) generarían 0.32% del PIB, cerca de COP$6.5 billones de 2026 por año.
Comparando con la reforma de Alberto Carrasquilla de 2021, Banco de Bogotá considera probable que “los cambios al IVA asociados al programa EfectIVA enfrenten una acogida limitada en el Congreso”.
El informe añade que las medidas de IVA que coinciden con propuestas de la administración anterior “podrían tener una mayor probabilidad de aprobación en el Congreso”.
Renta de personas naturales
El proyecto propone reducir de 1,090 UVT a 720 UVT el umbral de la tarifa de 0% y aplicar una tarifa de 9% a las rentas entre 720 y 1,090 UVT.
Según el informe, un asalariado sin dependientes comenzaría a pagar desde aproximadamente COP$5 millones al mes, y uno con un dependiente desde cerca de COP$5.6 millones. Hacienda estima ingresos superiores a COP$7.2 billones anuales a partir de 2028.
También se reduce el límite de la renta exenta laboral de 790 a 630 UVT y el tope global de rentas exentas y deducciones de 1,340 a 1,180 UVT (ingresos por COP$2.7 billones anuales desde 2028).
Se elimina la deducción de 72 UVT por dependiente (COP$1.6 B anuales) y las rentas exentas de magistrados, jueces y profesores universitarios (COP$261 mil millones anuales).
Además, se aplicaría una tarifa de 39% a asalariados con ingresos superiores a 8,670 UVT (COP$384 mil millones anuales) y la tarifa de ganancias ocasionales por loterías, rifas y apuestas pasaría de 20% a 30%.
Alivios a empresas e inversión
El informe señala que “este bloque no busca aumentar el recaudo sino mejorar las condiciones para la inversión privada”.
La tarifa general de renta para las empresas pasaría de 35% a 33% en 2027 y a 31% desde 2028, con un costo fiscal de 0.19% del PIB en 2027 y 0.42% en 2030. El umbral del impuesto al patrimonio aumentaría de 72,000 UVT a 95,500 UVT y el impuesto solo aplicaría entre 2027 y 2030.
La propuesta crea el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE): tarifa de renta de 20% para proyectos que inicien entre 2027 y 2028 y de 26% para los posteriores, depreciación acelerada, tarifa de 8% a los dividendos girados al exterior y estabilidad de las reglas de renta y patrimonio durante dieciséis años.
Sobre el Congreso, IE afirma que “existe una alta incertidumbre sobre la viabilidad de estas medidas”, pues algunos partidos han manifestado apoyo y otros reparos.
CARF, DIAN y enajenaciones
El informe agrega que la reforma propone fortalecer la función del CARF y dar más herramientas a la DIAN para mejorar el recaudo, en particular la extensión de alivios tributarios, así como proponer enajenaciones en 2027 y 2028.
El visualizador interactivo
Investigaciones Económicas pone a disposición un visualizador para que los lectores hagan sus propios supuestos sobre los rubros de la Ley aprobados en el Congreso.
Según el panel incluido en el informe, el proyecto tiene 106 artículos; sin ajuste, la deuda neta llegaría a 82,1% del PIB en 2030, y con las medidas se mantendría alrededor de 64,2%.
