Bloomberg Línea — El Gobierno de Costa Rica declaró como secreto de Estado una amplia cantidad de información relacionada con organismos de inteligencia y seguridad, incluidas sus operaciones, estructuras de mando, presupuestos y contrataciones, en momentos en que el país enfrenta un aumento de la violencia asociada al narcotráfico.
El decreto, firmado por la presidenta costarricense, Laura Fernández Delgado, y publicado el 10 de agosto en el diario oficial La Gaceta, aplica a la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el grupo de trabajo ‘Fuerza Élite’, anteriormente conocido como Task Force de Seguridad.
La reserva abarca desde formas de operación, dinámicas policiales y recursos tecnológicos, hasta partidas presupuestarias, rubros de gastos y la totalidad de los procedimientos de contratación pública de estos tres organismos.
Además, impone un deber de confidencialidad indefinido a funcionarios, asesores y contratistas, con posibles sanciones para quienes divulguen la información clasificada.
En su decreto, el Ejecutivo argumentó que la divulgación de estos datos podría comprometer operaciones en curso, poner en riesgo la vida de funcionarios y afectar la cooperación internacional en seguridad.
La decisión se produce en un contexto de violencia asociada al narcotráfico que, aunque ha disminuido en 2026, se mantiene en niveles altos.
Hasta el 7 de agosto, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contabilizaba 468 homicidios, 68 menos que en el mismo periodo de 2025. El año pasado, el país centroamericano cerró con 873 homicidios, apenas tres menos que en 2024, mientras que el máximo histórico se alcanzó en 2023, con 905 asesinatos.
Libertad de prensa
La medida se produce además en medio de una disputa pública del Gobierno con el Poder Judicial —a quienes las autoridades acusan de permisividad con los delincuentes y de estar infiltrados por el narcotráfico— y tras la filtración a medios locales de un informe que identificaba a 122 policías presuntamente vinculados con organizaciones criminales.
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Previo a este decreto, la oposición ya había cuestionado la opacidad en el manejo de información de la Fuerza Élite, específicamente respecto a la aplicación de pruebas de polígrafos a funcionarios y la empresa contratada para el servicio.
Desde Miami, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un comunicado expresando su preocupación por el alcance de la norma.
El presidente de la organización, Pierre Manigault, reconoció el derecho de los Estados a proteger información sensible, pero precisó que la clasificación como secreto de Estado “debe ser excepcional, estar claramente delimitada y sujeta a controles independientes”.
Manigault dijo que observan “con especial preocupación que el decreto incluya presupuestos, gastos y la totalidad de los procedimientos de contratación pública, ámbitos que son esenciales para la transparencia y la rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos”.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Martha Ramos, advirtió que estas disposiciones no deben convertirse en un mecanismo para obstruir la investigación periodística de asuntos de interés público.
Abogados y expertos consultados por medios costarricenses cuestionaron la vía legal utilizada por la mandataria, al considerar que una declaratoria de esta magnitud debería estar respaldada por una ley aprobada por la Asamblea Legislativa y no únicamente por un decreto ejecutivo, sobre todo porque Costa Rica carece de una legislación específica que regule el secreto de Estado.
Fernández, una politóloga conservadora de 40 años, asumió la presidencia hace tres meses prometiendo una política de “mano dura” contra la delincuencia, incluyendo la posibilidad de decretar estados de excepción en zonas conflictivas, una opción que hasta la fecha no ha ejecutado.
Su gabinete incluye a su predecesor y mentor político, Rodrigo Chaves, quien ocupa las carteras de Presidencia y Hacienda.
