Bloomberg Línea — El ejercicio del periodismo en Centroamérica enfrenta un retroceso sostenido marcado por la persecución institucional, la estigmatización pública y un creciente exilio forzado, según el IV Informe sobre el Estado de la Libertad de Expresión y el Periodismo en la región.
Ver más: ONU advierte sobre riesgos para la democracia en América Latina: “no está garantizada”
El documento, elaborado por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la Universidad de Costa Rica con el respaldo de la Fundación Heinrich Böll, analizó la situación en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua entre octubre de 2024 y octubre de 2025.
A partir del monitoreo de 410 noticias y encuestas a 110 profesionales de la información, el estudio observó que las amenazas contra la libertad de expresión “se han intensificado de manera preocupante y adoptan formas cada vez más complejas”.
Según las percepciones recopiladas, militantes partidarios, autoridades gubernamentales, congresistas, jueces y presidentes “concentran la mayor cantidad de menciones como fuentes de hostigamiento”.
Estas dinámicas no responden a excesos aislados, sino a patrones sistemáticos de hostigamiento institucional, criminalización de periodistas, uso estratégico de marcos legales para silenciar voces críticas y una presión sostenida.
Ante este clima de hostilidad, la autocensura se ha convertido en un mecanismo de supervivencia cada vez más recurrido, alterando las agendas informativas y las decisiones editoriales en los cinco países analizados. Paralelamente, el desplazamiento forzado de periodistas se ha consolidado como un fenómeno regional en expansión.
Represión y exilio
Nicaragua continúa representando el caso más extremo de supresión de la libertad de prensa. El informe señala que el periodismo independiente ha sido “prácticamente aniquilado” dentro del territorio, lo que obliga a que la información crítica se produzca casi exclusivamente desde el extranjero.
Ver más: Washington condena decisión de Daniel Ortega de eliminar las elecciones en Nicaragua
Datos proporcionados por organizaciones de prensa nacionales en el exilio y por instancias internacionales coinciden en estimar que entre 280 y 300 periodistas nicaragüenses han abandonado el país. Además, el informe documenta un nuevo patrón de persecución transnacional, que incluye vigilancia y amenazas a comunicadores ya exiliados en países como Costa Rica, México o Estados Unidos.
En El Salvador, el estudio registra una escalada desde las presiones indirectas hacia formas abiertamente represivas. La aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros en mayo de 2025, que impone un gravamen del 30% a fondos internacionales y prohíbe actividades políticas, forzó el traslado de medios y organizaciones al exilio.
Según la Asociación de Periodistas de El Salvador, más de 50 comunicadores huyeron del país durante el periodo analizado por temor a represalias.
Judicialización y confrontación
En Guatemala, el informe identifica como eje central del conflicto la ofensiva de un aparato judicial cooptado que actuó con autonomía frente al Poder Ejecutivo.
Ver más: Bernardo Arévalo rinde cuentas tras dos años de gobierno en Guatemala
El caso del director del periódico El Periódico, José Rubén Zamora, es señalado como una herramienta de disciplinamiento hacia el resto del gremio.
La investigación advierte que la persecución judicial, impulsada por la entonces fiscal general de la República, Consuelo Porras, generó vulnerabilidad jurídica y exilio, sin que el Gobierno de Bernardo Arévalo haya logrado frenarla.
Por su parte, Costa Rica mostró una convergencia con los patrones de presión regional. El informe detalla que el Gobierno de Rodrigo Chaves Robles, quien traspasó el poder en mayo pasado, pasó de la estigmatización discursiva hacia el uso de instrumentos de presión legales y administrativos contra la prensa.
No obstante, el documento subraya que el país mantiene un marco institucional independiente que ha logrado contener estas acciones, principalmente a través de la Sala Constitucional, que condenó varias de las acciones impulsadas desde el Poder Ejecutivo como el uso político de la pauta estatal como mecanismo de censura indirecta o la obstaculización del trabajo periodístico en conferencias de prensa.
Impunidad y estigmatización
El contexto de Honduras se caracteriza por la persistencia de la impunidad en crímenes contra periodistas, sumada a un incremento del hostigamiento y la estigmatización proveniente de las fuerzas militares, especialmente en la cobertura de hechos vinculados al crimen organizado y la conflictividad territorial, “ámbitos que concentran altos niveles de riesgo y sensibilidad política”.
Ver más: Panameños, insatisfechos de cómo funciona la democracia en el país: Latinbarómetro
A las presiones políticas se suma el impacto de la reducción de la cooperación internacional, impulsada por el redireccionamiento de fondos de Estados Unidos y Europa.
El informe señala que este recorte financiero ha provocado despidos, cancelación de investigaciones de largo aliento y precarización laboral en medios independientes de la región, debilitando su capacidad para fiscalizar el poder.
