Lima — El asesinato de Fernando Villavicencio, quien fue periodista y candidato a la presidencia de Ecuador, ha generado conmoción en toda América Latina. El exasambleísta recibió varios disparos en la cabeza a la salida de un mitin político al norte de Quito este miércoles, y el atentado en su contra ha dejado en shock a una nación fuertemente asediada por el crimen organizado en los últimos años.
La población de Ecuador está a puertas de elegir al sucesor de Guillermo Lasso: este 20 de agosto se llevarán a cabo las elecciones presidenciales. Las encuestas en el país sudamericano mostraban que, antes de ser asesinado, Villavicencio se estaba acercando a las primeras posiciones entre los candidatos a la presidencia.
“El Gobierno del Perú condena enérgicamente el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio y expresa su más firme rechazo a todo acto de violencia e intimidación que afecte el desarrollo de la democracia en la región”, precisó la Cancillería peruana tras conocerse la muerte de Villavicencio. A su vez, la Cancillería extendió sus condolencias a la familia de Villavicencio y al pueblo ecuatoriano.
Hace más de siete años, esa misma Cancillería (nombre que recibe el Ministerio de Relaciones Exteriores en Perú) recibía una solicitud de asilo político de parte de Villavicencio, cuando denunciaba por persecusión al gobierno del entonces presidente Rafael Correa.
La conexión entre Fernando Villavicencio y Perú
El martes 18 de abril del 2017, según reportó El País, Villavicencio se presentó en la sede de Cancillería en Lima para presentar una solicitud de asilo político. En su solicitud, respaldada por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) en Perú, el periodista dijo ser víctima de persecusión por parte del sistema judicial ecuatoriano, por influencia del entonces presidente Correa.
En esa época, Villavicencio había fundado el medio de comunicación FOCUS y desde ahí difundía sus investigaciones. El periodista enfrentaba un pedido de prisión en su contra, después de que se le acusó de divulgación de información de carácter reservado.
Villavicencio investigó a Correa por mucho tiempo, y denunció en varias oportunidades las amenazas en su contra durante la gestión del expresidente de Ecuador. En una columna publicada en el Diario El Comercio, Roberto Pereira, asesor legal del Instituto del IPYS en Perú, recordó cuando el gobierno de Correa obtuvo una orden judicial para allanar el domicilio de Villavicencio a través de la Fiscalía General de Ecuador en diciembre del 2013, alegando un supuesto caso de ‘hackeo’ de su correo electrónico y el de sus trabajadores en la época, luego de que Villavicencio presentara un reportaje que abordaba un presunto caso de conflicto de interés del expresidente.
Villavicencio también fue demandado por presunta difamación contra Correa, luego de que se denunciara al expresidente ecuatoriano de ser el principal responsable de dar una orden para la incursión armada en el Hospital de la Policía durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010.
La demanda de Correa por presuntas injurias también alcanzó a Cléver Jiménez, político ecuatoriano, y Carlos Figueroa, médico y activista, quienes fueron parte de la investigación. Villavicencio, Jiménez y Figueroa fueron condenados a 18 meses de prisión efectiva y se les ordenó el pago de US$47.000 a favor de Correa, además de una disculpa pública con el entonces presidente.
Según La Voz de América, Villavicencio fue a Washington ese año para obtener una orden de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pese a que se le concedieron medidas cautelares a favor de los condenados, el gobierno de Correa desconoció la medida. Fue entonces que Villavicencio decidió huir de Quito para refugiarse con la comunidad Sarayaku, a la espera de que la sentencia a prisión prescriba. No obstante, los tres acusados fueron posteriormente obligados a realizar el pago de los US$47.000 a favor de Correa.
Pero el caso que llevó al allanamiento de la vivienda de Villavicencio seguía abierto: un juez condenó al periodista en octubre de 2016 por presuntamente revelar información reservada con correos electrónicos supuestamente ‘hackeados’ de Correa y su administración, para sustentar investigaciones sobre corrupción en negocios de petróleo.
En abril del 2017, después de que se conocieran los resultados electorales de Ecuador, Villavicencio llegó a Perú para solicitar el asilo político frente a la orden de prisión preventiva que pendía en su contra. Augusto Alvarez Rodrich, presidente del IPYS, recordó este miércoles que Villavicencio fue parte del programa de protección a periodistas perseguidos siete años atrás.
“Conforme a las reglas del asilo, son varias las razones que lo justifican. El activo fiscal general ecuatoriano, Galo Chiriboga, fue abogado personal de Correa y ocupó otros altos cargos en su gobierno. Las medidas cautelares ratificadas por la CIDH a su favor, acreditan que su libertad personal y de expresión están en inminente riesgo. Está siendo penalmente perseguido por difundir información que el gobierno considera reservada pero de indudable interés público, algo que los estándares interamericanos sobre libertad de expresión consideran especialmente protegido por este derecho”, precisó Pereira en su columna de opinión publicada en El Comercio, como asesor de Villavicencio en Perú.
Villavicencio recibió el asilo político, y retornó a Quito en setiembre del 2017 pese a que la orden de prisión en su contra todavía estaba vigente. Desde el Colegio de Abogados de la capital ecuatoriana, Villavicencio denunció otro presunto negocio ilegal de petróleo durante la gestión de Correa y dijo que presentaría ante los fiscales diversos documentos para justificar su investigación.
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