Bloomberg — El principal bloque opositor de Venezuela exigió la derogación de una ley utilizada para procesar a disidentes y silenciar a las voces críticas, rechazando la propuesta de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de simplemente reformarla.
La Plataforma Unitaria afirmó en un comunicado el miércoles que la Ley contra el Odio “debe ser derogada, no reformada”, poniendo a prueba hasta dónde está dispuesta a llegar Rodríguez mientras desmantela gradualmente el aparato represivo construido bajo el mandato de Nicolás Maduro.
Rodríguez afirmó en un discurso televisado el martes que la ley se había “aplicado incorrectamente” y “utilizado de forma abusiva”, y pidió cambios que despenalizaran los delitos tipificados en ella. Rodríguez fue presidenta de la Asamblea Constituyente que promulgó la ley en 2017 y la defendió públicamente en aquel momento.
La Asamblea Nacional, controlada por el Gobierno, actuó con rapidez tras su anuncio y nombró esa misma tarde una comisión para comenzar a redactar las modificaciones. No está claro cuándo se debatirá la reforma ni qué parte de la ley podría permanecer intacta.
Maduro propuso la ley tras meses de protestas antigubernamentales con víctimas mortales, alegando que era necesaria para contrarrestar lo que describió como el odio avivado por la oposición y los medios de comunicación privados que buscaban socavar su mandato.
La legislación impuso penas de prisión de hasta 20 años por promover o incitar públicamente al odio, la discriminación o la violencia. Asimismo, facultó a las autoridades para revocar licencias de transmisión o bloquear sitios web.
Entre las personas procesadas en virtud de esta ley se encontraba el exdiputado de la oposición Juan Requesens, quien pasó dos años en prisión y otros tres bajo arresto domiciliario.
En 2025, Espacio Público documentó 44 detenciones arbitrarias relacionadas con la libertad de expresión, de las cuales en 14 se invocaron acusaciones de incitación al odio, según un informe publicado a principios de este año.
Bajo la presión de EE.UU., Rodríguez ha ido ofreciendo poco a poco una serie de concesiones democráticas, entre las que se incluyen la flexibilización de las restricciones a los sitios web de noticias y la puesta en marcha de cambios en el sistema judicial.
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