Bloomberg Línea — La Administración de Donald Trump ha intensificado su política de control migratorio mediante la imposición de multas civiles que alcanzan los US$1,8 millones por persona, una medida que afecta ya a cientos de miles de inmigrantes y que busca forzar la “autoexpulsión” de quienes permanecen en los Estados Unidos con órdenes de deportación pendientes.
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Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), citados por Bloomberg Law, entre el 20 de enero de 2025 y mediados de marzo de 2026 se emitieron 65.101 notificaciones de sanciones civiles. La suma total de estas deudas asciende a más de US$36.000 millones.
El Gobierno afirma que las sanciones son necesarias para abordar el aumento de entradas ilegales y para disuadir las violaciones de la ley de inmigración.
Estas penalizaciones se fundamentan en la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal de 1996, que permite cobrar hasta US$998 por cada día que el migrante permanezca en Estados Unidos tras una orden final de remoción.
El mecanismo se implementó durante la primera administración de Trump, aunque fue una iniciativa infructuosa, puesto que la mayoría de las multas fueron devueltas por no poder entregarse por correo, y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) recaudó un total de solo US$4.215, lo que llevó a que fuera suspendido en 2021, durante el gobierno de Joe Biden.
Medidas de presión
El cálculo acumulativo de las multas tiene un tope de cinco años, tiempo tras el cual la deuda asciende unos US$1,8 millones, un monto considerado impagable para la gran mayoría de los trabajadores indocumentados que residen en el país.
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Como el caso de Wendy Ortiz, una trabajadora de una planta empacadora de carne en Pensilvania, quien contó a Reuters que recibió la notificación de la multa, a pesar de que se encontraba buscando activamente protecciones humanitarias ante la corte de inmigración.
Otras personas afectadas incluyen a migrantes indocumentados viviendo en EE.UU. desde hace más de 25 años y cónyuges de ciudadanos estadounidenses en proceso de regularización.
Para maximizar la presión, el DHS ha establecido un plazo de apenas 15 días para que los destinatarios paguen la deuda o presenten una objeción formal.
La urgencia se suma al “Proyecto Retorno” (Project Homecoming), una orden ejecutiva firmada por Trump al inicio de su segundo mandato que aconseja a los migrantes que utilicen la aplicación de Aduanas y Protección Fronteriza para iniciar el proceso de autodeportación, permitiéndoles registrar su intención de salir voluntariamente del país, presentar sus datos y acceder a información sobre asistencia para viajes y el incentivo económico ofrecido en el programa.
Las autoridades han advertido que, ante el impago, procederán a embargar salarios, confiscar reembolsos de impuestos federales, colocar gravámenes sobre propiedades y remitir los casos a agencias privadas de cobro.
Además, el gobierno ha indicado que el incumplimiento de estas deudas será utilizado como un factor determinante para rechazar futuros trámites de regularización o visas, cerrando cualquier puerta legal a permanecer en el país.
Expertos y organizaciones de derechos civiles han calificado la medida como una “campaña de miedo” disfrazada de política fiscal.
Hasan Shafiqullah, abogado de la The Legal Aid Society, que representa a varios de los afectados en estos litigios, dijo a Bloomberg Law que el objetivo de la política del Gobierno estadounidense es “crear un entorno tan insoportable para quienes carecen de estatus legal que no les quede otra opción que la autoexpulsión”.
Esta organización sin fines de lucro con sede en Nueva York, junto con Public Justice, el Centro de Educación e Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes (Raices) y otras iniciativas, han presentado demandas argumentando que las multas violan el debido proceso, al imponerse sin un juicio ni un análisis individualizado de las circunstancias del migrante.
