Lima — Los últimos días han estado cargados de tensión entre el sector privado y el Estado peruano, luego de que la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, firmara acuerdos con comunidades de la región de Ayacucho respecto al retiro y cierre de cuatro operaciones mineras, sin que las compañías estuvieran al tanto de dicho encuentro. A la par, la primera ministra del Perú adelantó a las comunidades que no se darían más ampliaciones para la explotación y exploración de minerales en dicha zona; algo que generó incertidumbre para las compañías que operan en dicho lugar.
Y aunque tanto Vásquez como el viceministro de Minas, Jorge Chávez, precisaron que se referían al proceso de plan de cierre de minas que tienen programado todas las empresas, mientras que Chávez comentó el último domingo que las mineras podrán solicitar sus procesos de ampliación para que sean evaluados según lo determine la ley, el malestar no se ha disipado por completo.
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Es así que el precio de la acción de Hochschild, matriz de la minera Ares que opera en la zona, cayó un 27% este lunes en la Bolsa de Londres; mientras que diversos gremios empresariales han acusado al gobierno peruano de actuar de manera “arbitraria” y le han pedido rectificarse sobre los acuerdos firmados sin consenso de las partes involucradas.
“No ha existido ni existirán decisiones unilaterales ni arbitrarias, ni al margen de la ley. El gobierno convocará los gremios empresariales, a las autoridades regionales y locales, y a las comunidades, para dialogar sobre estos temas y llegar a consensos en beneficio de todos los peruanos”, fue lo que indicó Pedro Castillo, presidente del Perú, ayer lunes, en respuesta a los gremios empresariales que calificaron como “medida arbitraria e ilegal” el retiro y cierre anunciado de cuatro minas en Ayacucho. Tras sus declaraciones se supo de una reunión entre el Estado y los empresarios mineros, sobre la cual Bloomberg Línea pudo obtener algunos detalles.
UNA REUNIÓN “PRELIMINAR”
La tarde del lunes la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) comunicó que se había convocado a la reunión para que estén presentes los ministros de Energía y Minas, Eduardo Gonzáles; de Ambiente, Rubén Ramírez; y de Economía y Finanzas, Pedro Francke. A su vez estuvo presente la presidenta del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Miriam Alegría Zevallos, quien el la víspera había informado sobre las acciones de supervisión de dicha institución el la zona donde se encuentran las operaciones mineras envueltas en la controversia.
Por el lado de las empresas privadas asistieron Raúl Jacob, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE); Magaly Bardales, vicepresidenta de la SNMPE y gerenta corporativa legal de Nexa Resources; José Augusto Palma, miembro de la SNMPE y asesor general y vicepresidente de Asuntos Corporativos de Hochschild Mining; Pablo De la Flor, director ejecutivo de la SNMPE; e Ignacio Bustamante, representante de Hochschild.
Antes de que se concretara la cita en la sede de PCM, Raúl Jacob, presidente de la SNMPE, indica a Bloomberg Línea que sostuvo una conversación previa por teléfono con Mirtha Vásquez, con quien se acordó tener la reunión presencial.
“En realidad hablamos de manera más general. Le planteamos básicamente lo que hemos sostenido públicamente que es que consideramos que esto debe rectificarse, tuvimos una conversación y recibimos puntos de vista del gobierno. La idea es tener otra reunión en la cual espero que podamos avanzar. Lo que hemos estado conversando todavía está a un nivel muy preliminar”, dice Jacob.
El ejecutivo añade que se tuvo un intercambio de ideas sobre aquellos puntos que generaron malestar a las compañías mineras, pero prefiere mantener en reserva dicha materia de conversación.
“Lo que se ha firmado (con las comunidades en Ayacucho) tiene afirmaciones bastante discutibles y equivocadas. Son de las que hemos estado hablando. Estamos buscando encontrar una solución a esto”, comenta Jacob, quien además es CFO de Southern Perú, una compañía minera de capitales mexicanos que tiene varias operaciones mineras en el Perú.
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El empresario remarca que al estar el gabinete peruano concentrado este martes y miércoles en el debate que se lleva a cabo en el Congreso sobre el presupuesto público para el 2022, que debe ser aprobado antes de que finalice el mes de noviembre, por el momento las conversaciones entre el gobierno y las empresas están en pausa. “Después de esto veremos la oportunidad de reunirnos”, señala.
A su vez, Jacob resalta que las empresas Ares, Apumayo y SAMI, que operan las minas en la región de Ayacucho, van a trabajar también con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) en el desarrollo normal de sus actividades que se han visto impactadas por esta situación, que Jacob considera como una intervención “del tipo político por parte de la primera ministra”.
La mayoría de estas mineras continúan llevando adelante sus operaciones; salvo Apumayo, que recientemente se vio afectada por un incendio generado por protestantes en la zona.
“Es un primer paso la reunión, pero nosotros mantenemos la posición que esto ha sido una acción arbitraria y que no ha sido legal. No se mantiene dentro de la legalidad y por lo tanto esperamos una rectificación”, argumenta el ejecutivo, quien considera que lo arbitrario es que se tomen una serie de decisiones “sin seguir el debido proceso”.
CIERRE DE MINAS: ¿UN PROCESO QUE GENERA CONFLICTOS?
Para Jacob, el plan de cierre de minas en el Perú, que ha sido comentado con mayor amplitud estos últimos días, debe entenderse como “un instrumento” que la legislación peruana exige a las empresas, pues es la forma en cómo ha funcionado a lo largo de los años con diversas operaciones mineras. Más no como un fin obligatorio a la operación de una mina en el país.
“Es como tener una licencia de operación para un local. Si esa licencia vence un negocio no solo cierra por eso, sino por razones económicas. Pero una vez que uno tiene una cantidad de trabajadores, que está en una operación minera hace 10 años y ve que se puede seguir adelante, es un absurdo pensar que porque en el plan pusiste que el próximo año terminas entonces va cerrar. Esa es la arbitrariedad por un lado, y la ilegalidad es porque un primer ministro no tiene la facultad para decir eso (que una operación cerrará)”, considera el empresario.
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Según Jacob, el plan de cierre de minas consiste en que si la vida útil de una concesión minera es de 10 años en los últimos 36 meses las empresas deben hacer todas las acciones para dejar la operación de manera sostenible y ambientalmente adecuada. Pero apunta que en el camino es habitual que las compañías exploren otras zonas cercanas mientras avanzan e identifiquen nuevas “vetas” de mineral, con lo cual el período real de vida de estas minas puede extenderse de 60 a 70 años progresivamente.
““Hay una mina que se llama Julcani que opera acá desde 1950; ya tiene 70 años, y Julcani trabaja con dos o tres años de reservas desde hace muchos años. Cada vez que van avanzando en el consumo de las reservas que tienen, van encontrando nuevas vetas y las siguen consumiendo. Lo que hacen es que cada dos o tres años actualizan su plan de cierre porque no cierran ahora sino en dos años más, y así progresivamente”, agrega.
Pero este modelo de operación no es perfecto, y ya ha sido identificado como un punto que puede generar controversias como la que se suscita ahora en Ayacucho entre algunas operaciones mineras y comunidades de la zona. Fue en ese sentido que el informe final de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, una grupo de trabajo que se formó más de un año atrás, ya planteaba modificaciones sobre la participación ciudadana en los procesos de cierre de minas.
La sugerencia de esta comisión respecto al proceso de cierre de operaciones mineras consiste en que se permita a las comunidades impactadas expresar sus preocupaciones o expectativas respecto al uso futuro de las áreas afectadas, así como las modalidades de remediación de aquellas zonas que la empresa deja atrás.
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En el informe mencionado, que no ha sido abordado por parte del Estado con mayor amplitud, la comisión también recomendó que se incluyan “mayores mecanismos participativos que involucren un diálogo abierto con la ciudadanía en las etapas tempranas de identificación, diseño y desarrollo de los proyectos”; y sugirió que se fortalezcan los mecanismos de transparencia y acceso a la información de las autoridades ambientales como el OEFA y el Servicio Nacional de Certificación (Senace).
Para Tania Ramírez, socióloga investigadora de la Universidad del Pacífico, es necesario que la OEFA fortalezca su rol de supervisión en el cierre progresivo de las operaciones mineras debido a que una temprana fiscalización es una herramienta para la reducción de los riesgos residuales de la minería. Al mismo tiempo, Ramírez considera que de cara a la población la OEFA es más percibida como una institución que puede velar por sus intereses en comparación al Minem, que podría percibirse más cercano a la promoción de la inversión minera.
Bajo este escenario Ramírez comprende que la intervención de PCM apunte a ser más conciliadora, y considera que el papel que puede tomar esta autoridad de Estado puede ser positivo en adelante. La especialista no piensa, en esa línea, que sea ilegal la participación de Vásquez en este escenario.
“Comprendo el malestar a que se tome de mala manera que Vásquez mencione que no se va a ampliar una operación minera, pero si nos remitimos a la ley y a sus falencias, en el capítulo sobre participación ciudadana para el cierre de minas estos estándares son mínimos: básicamente es poner un anuncio, mandar la copia del plan de cierre de minas y no hay ninguna otra exigencia. En la investigación que realicé (revisar en este link) propongo un conjunto de mejoras en los estándares de participación ciudadana, para que todas esas modificaciones -como solicitudes de ampliaciones- sean más transparentes y definitivamente se eviten los conflictos que existen, porque las personas que están expuestas a estos riesgos ambientales tienen el derecho de saber todas las medidas administrativas”, puntualiza Ramírez.
