Chile

Fin del Senado en Chile, la propuesta de constituyentes que abre fisuras políticas

La iniciativa ya está siendo discutida en la Convención, mientras sigue generando rechazo de algunos sectores políticos. Los expertos aseguran que la iniciativa “atenta contra el sentido común”

Convención Constitucional de Chile
02 de marzo, 2022 | 12:12 PM
Tiempo de lectura: 4 minutos

Bloomberg Línea — La Convención Constitucional está avanzando en una propuesta que está crispando los ánimos políticos: la eliminación del Senado. La Comisión de Sistema Político de la Convención aprobó la idea de crear una “Cámara territorial”, en reemplazo del Senado, y también descartó el concepto unicameral del artículo que detalla la composición del Congreso.

Aunque algunos políticos de sectores de la centroizquierda y la derecha valoraron que se recuperara la noción de bicameralismo, otros dudan que sea un paso hacia adelante como el senador José Miguel Insulza que, en entrevista con Radio Pauta hoy, dijo que lo importante es su funcionamiento, más allá del nombre que se le asigne, e intuye que el nuevo sistema propuesto “es unicameralismo disfrazado de bicameralismo”.

La iniciativa, apoyada por partidos de izquierda y movimientos sociales, instaló una polémica hace una semana; en los que algunos políticos no solo rechazan el nuevo modelo planteado, sino que cuestionan qué puede pasar con el próximo gobierno de Gabriel Boric, que está a pocos días de asumir la Presidencia.

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El abogado constitucionalista y convencional Fernando Atria, uno de los promotores de la medida, explicó a medios locales hace unos días que “el sentido de ese Consejo Territorial no es crear un bicameralismo disfrazado”, destacando que “se trata de constituir un procedimiento legislativo ágil y eficaz que esté radicado principalmente en el Congreso Plurinacional donde reside la representación del pueblo chileno, con la finalidad que sea una representación lo más cercana a la realidad posible”.

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¿Bicameralismo asimétrico?

Además, la propuesta que llevaría al país a tener un Congreso Unicameral busca crear la figura de un ‘primer ministro’ o un ‘ministro de gobierno’ nombrado por el Presidente de la República y encargado de nombrar a los demás secretarios de Estado.

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Para el analista y académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, esta iniciativa es un “injerto institucional poco criterioso”, pues los convencionales aspiran a una especie de ‘bicameralismo asimétrico’, “pero estos diseños funcionan razonablemente bien en sistemas parlamentarios”, dijo en conversación con Bloomberg Línea.

La razón es muy sencilla: la esencia del bicameralismo supone un control cruzado en la legislación, partiendo de la base que existe una cámara revisora. En este caso en particular, la Cámara Territorial no tendrá atribuciones ni competencias comparables a las del actual Senado, reduciendo su margen de acción a asuntos regionales, presupuestarios y de reforma constitucional”, explicó.

A esto añadió que este Consejo Territorial perdería incidencia en los procesos de formación de las leyes y en el país se constituirá un “unicameralismo de facto”.

Las complicaciones de un Congreso Unicameral

Morales aseguró que esta propuesta es una “pésima idea”, pues lo que estaría haciendo Chile es “avanzar hacia el modelo centroamericano de sistema político, o al que actualmente rige en países como Venezuela, Perú y Ecuador. Es cierto que en Chile existiría una Cámara Territorial, pero dadas sus escasas atribuciones en materias de formación de la ley, su impacto será mínimo. En la práctica, Chile estaría con algo así como un unicameralismo y medio”, precisó.

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Sin embargo, en visión de otros convencionales como Fuad Chahín, expresidente del partido Demócrata Cristiano y también promotor de la idea, respaldó que un Congreso Unicameral podría llevar a una falta de representatividad de los territorios menos poblados, lo cual debía ser corregido “no con un Senado con las misma facultades o de espejo de la Cámara, por eso buscamos un acuerdo que establece un Consejo Territorial, que está muy lejos de tener las mismas facultades del Senado”.

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Miembros del nuevo gobierno de Gabriel Boric han señalado que respetarán la independencia de la Convención.dfd

¿Cómo puede impactar la iniciativa al nuevo presidente Gabriel Boric?

Boric está por tomar las riendas de su país, lo hará el próximo 11 de marzo. Ante las discusiones, miembros de su futuro gobierno han señalado que el objetivo principal será respetar la autonomía de la Convención, como lo expresó quien será el secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, reseñado por Emol.

Para Jackson, los nuevos congresistas del país, que también se posesionan en los próximos días, deberán estar en capacidad de separar las discusiones, es decir, la agenda legislativa y los trámites de la Convención Constitucional.

Para el analista Morales, que ya existen senadores a disgusto con la propuesta y anticipando tomar represalias contra el futuro gobierno para discutir sus reformas, es un hecho que puede tener consecuencias en la agenda legislativa de Boric.

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Hay que recordar que, en teoría, el Senado terminaría sus funciones en 2026, por lo que acompañaría a todo el gobierno de Boric. Si pensamos que el PS (Partido Socialista) es parte de la coalición de Gobierno y que sus senadores están en contra de esta reforma, a Boric le costará armar una ‘coalición legislativa’, cuestión muy importante porque tiene minoría tanto en la Cámara como en el Senado”, destacó.

Y por último, Morales dijo: “Esta reforma atenta contra el sentido común. En Chile el bicameralismo ha funcionado correctamente, sin perjuicio de que algunos senadores hayan caído en prácticas corruptas. El argumento de quienes quieren eliminar el Senado es que esta institución ha operado como freno de los cambios, cuestión que no se sostiene en la evidencia”.

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La comisión de Sistema Político que ya está discutiendo toda la propuesta normativa tendrá como plazo máximo el 11 de marzo para votar la propuesta definitiva y llevarla al pleno de la Convención Constitucional para que sea votada y, de ser aprobada, forme parte del texto que será rechazado o ratificado en un plebiscito.

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