Bonistas están atrapados en conflicto entre Petroperú y el Gobierno

Bloomberg — Los bonos de la petrolera estatal de Perú se han visto envueltos en una lucha de poder entre la empresa y el Gobierno que ha retrasado una auditoría crítica y llevó a la renuncia de su gerente general, provocando el desplome de los títulos.

Los bonos de referencia de Petroperú SA ampliaron sus caídas el lunes tras el anuncio durante el fin de semana de la renuncia de su gerente general, lo que elevó sus pérdidas del año a alrededor del 20%. Eso los convierte en uno de los bonos corporativos latinoamericanos con peor desempeño en 2022, según el índice Emerging Markets LatAm de Bloomberg.

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El origen de los problemas de Petroperú surge de una disputa entre la empresa y la Contraloría General de la República sobre la auditoría de sus estados financieros de 2021. Las consecuencias del conflicto llevaron al auditor PricewaterhouseCoopers a negarse a firmar el informe, lo que implica que no se cumplirá el plazo del 31 de mayo para publicar el estado anual. Fitch Ratings y S&P Global Ratings rebajaron la calificación de la deuda de la empresa como respuesta.

El incumplimiento de la fecha límite desencadenaría un evento de impago según los términos del bono, por lo que la empresa ha dicho que tiene la intención de ponerse en contacto con los tenedores para obtener una exención. Petroperú dice que está en conversaciones con los bancos internacionales para lograr que los tenedores de bonos retrasen el plazo. Los inversionistas confían en que se llegará a un acuerdo.

“Petroperú necesitará que se complete una auditoría para acceder a los mercados, lo que llevará unos meses”, dijo Roger Horn, analista sénior de SMBC Nikko Securities en Nueva York. “Pero nadie los va a llevar a un default por la demora”.

Petroperú, el presidente Pedro Castillo y el ex gerente general Hugo Chávez, han sido nombrados en las investigaciones que está llevando a cabo la fiscalía debido a presuntas irregularidades en licitaciones de contratos de suministro de biodiésel que incluyeron reuniones en el palacio presidencial.

En medio de las acusaciones, la Contraloría retrasó la asignación de un auditor a la empresa a fines del año pasado. El contralor reabrió el proceso para designar a un nuevo auditor, lo que podría demorar varias semanas.

PwC dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que decidió no realizar la auditoría porque no habría sido posible completar el trabajo antes de la fecha límite, dado que Petroperú había nombrado recientemente a un nuevo jefe de contabilidad.

Petroperú dice que otros auditores están listos para realizar el trabajo. Fernando de la Torre, quien fue nombrado gerente general encargado el lunes por la noche, dijo en una entrevista telefónica el 15 de marzo en su calidad de gerente de Finanzas, que la empresa está en conversaciones para contratar asesores para obtener la aprobación de los acreedores y publicará los documentos en agosto. Puntualizó que se van a publicar con retraso, pero que eso se debe a algo que está fuera del control de Petroperú.

Los problemas de la empresa se han convertido en noticia de primera plana en el país andino. Tras una asamblea de accionistas celebrada el 16 de marzo, el Ministerio de Economía y Finanzas se negó a expresar su apoyo al directorio o a la administración de Petroperú. El Ministerio de Energía y Minas, por su parte, pidió el apoyo total del directorio. Incluso el presidente del banco central se involucró en la situación la semana pasada, lamentando la preocupación de los tenedores de bonos por una empresa estatal.

¿Exagerado?

A pesar de la liquidación de los bonos, algunos analistas creen que el conflicto ha sido exagerado. Pocos inversionistas creen que el Gobierno permitirá que la empresa caiga en un incumplimiento y es probable que los acreedores otorguen exenciones para publicar el informe financiero en una fecha posterior, una vez que se contrate a un nuevo auditor.

“Yo creo que debe darse también un tiempo plazo razonable, porque la compañía necesita totalmente acceso a financiamiento”, dijo Víctor Díaz, director gerente de Credicorp Capital Services en Lima. “Si se demoran la definición de waiver, pues hay una si lo quieres ver, tendrías una compañía en no compliance de los covenants, y eso cortaría el acceso al mercado de capitales y al mercado bancario también”.

El caos en la empresa petrolera se produce mientras el Congreso de Perú intenta destituir a Castillo por segunda vez desde que asumió el cargo. Esta citado para defenderse ante los legisladores el 28 de marzo.

Esto podría complicar aún más la gestión en la empresa estatal, que se ha convertido en un fútbol político, escribieron analistas de S&P Global, entre ellos Gastón Falcone, en un informe este mes, cuando se rebajó la calificación a “BB+” desde “BBB-”. “Consideramos este evento como una clara señal del debilitamiento de la gobernabilidad de Petroperú”, escribió Falcone.