Bogotá — Han pasado alrededor de 2 semanas de reuniones de empalme en diferentes campos entre los Gobiernos del actual presidente, Iván Duque, y el recientemente elegido, de Gustavo Petro.
En el Ministerio de Hacienda se han dado algunas de las discusiones más importantes pues será esta la cartera que permita articular los planes del nuevo Gobierno.
Precisamente el Ministerio de Hacienda entregó un documento de 279 páginas en el que resume cómo se han desarrollado las reuniones de empalme y el cual concluye con una enumeración de los temas prioritarios técnicos.
Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles
Desde inicios de 2021, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) ha venido registrando diferenciales de compensación que han ido aumentando como consecuencia del incremento histórico y acelerado de los precios internacionales del petróleo, junto con un consumo de combustibles líquidos y una tasa de cambio en niveles históricamente altos.
Asimismo, los efectos derivados de la situación social y económica que vivió el país durante la pandemia y el contexto internacional actual que ha traído consigo una recuperación de la demanda y altas presiones inflacionarias por la guerra Rusia-Ucrania, han llevado a que los precios internos de los combustibles líquidos no se ajusten al mismo ritmo que aumenta los precios internacionales de estos bienes.
Con esta coyuntura, esta Cartera ha venido trabajando para solventar la deuda que viene generando el FEPC. En diciembre de 2021, el Gobierno Nacional efectuó un pago a Ecopetrol y a Reficar por $3,9 billones, correspondiente al saldo acumulado del FEPC con corte a 30 de junio 2021. Asimismo, el MHCP y Ecopetrol definieron un esquema para cubrir el saldo que registró el FEPC a marzo de 2022, equivalente a $14,2 billones de pesos, de la siguiente manera: 1) Aportes de la Nación por cerca de $8 billones de pesos, desagregados en $7,3 billones de recursos de caja y $675,4 mil millones de los dividendos ya decretados sobre los resultados del 2021 de Ecopetrol y 2) liberación de parte de la reserva ocasional de Ecopetrol que equivalen a cerca de $6,9 billones en total.
De este monto, $6,1 billones que le corresponden a la Nación se destinarían a cubrir el saldo restante del FEPC, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 de la Ley 2159 de 2021. Hacia adelante, será importante seguir el plan trazado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2022.
Este plantea un esquema de pago plurianual (2022-2025) de las obligaciones que se estima se contraerán con el FEPC, de forma consistente con el cumplimiento de la regla fiscal.
Entre estas, se contempla una apropiación para el FEPC en el Presupuesto General de la Nación del 2023 por $19,1 billones, la cual quedará plasmada en el proyecto de ley que se radicará en julio. Asimismo, el MFMP establece una senda de incrementos a los precios domésticos de los CL que inicia en junio, coherente con la expectativa de desaceleración de la inflación durante el segundo semestre de 2022.
Optimización de activos del sector eléctrico
El MinHacienda a través de Dirección General de Participaciones Estatales, está llevando a cabo los estudios para contribuir a la optimización de los activos de la Nación, y para dicho propósito, contrató los servicios de asesoría legal de Gómez-Pinzón y de la banca de inversión a BTG Pactual, para para en conjunto, realizar la debida diligencia de alcance legal y valoración, respectivamente, para en el caso que sea procedente y la Nación tome la decisión, analizar, diseñar, elaborar e implementar un plan o programa de enajenación de siete empresas sector eléctrico, como son Electrificadora del Meta S.A E.S.P, Electrificadora del Huila S.A. E.S.P; Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P, Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P, Centrales Eléctricas del Cauca S.A E.S.P, Distribuidora del Pacífico S.A E.S.P. y Urrá S.A. E.S.P.
Así mismo, se está adelantando el proceso de contratación del de la opinión independiente o fairness opinion de la valoración, como buena práctica de mercado para asegurar que el rango de precio obtenido de cada empresa está ajustado a mercado.
La contratación de está llevando a cabo a través de un concurso de méritos por Ley 80. Con relación al avance de estos dos contratos, los contratistas vienen adelantando la debida diligencia de alcance legal y valoración de las siete empresas y de acuerdo al cronograma, deben entregar las valoraciones a finales de julio de 2022, para presentar al Ministerio los resultados, junto con la recomendación de adelantar un eventual programa de optimización de estas participaciones accionarias.
Este eventual programa de optimización de activos, en el evento que el gobierno tome la decisión de llevarlo a cabo, puede generarle a la Nación ingresos, al valor patrimonial al 31 de diciembre de 2021, por valor superior a $3 billón de pesos.
Reforma al Mercado de Capitales
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público llevó a cabo la Misión del Mercado de Capitales entre 2018 y 2019, con el acompañamiento del Banco Mundial y el apoyo técnico de la Unidad de Regulación Financiera. Como resultado, el Gobierno nacional recibió de mano de los expertos de la Misión un diagnóstico comprensivo sobre los avances del mercado y más de 50 recomendaciones de posibles acciones para lograr un mercado más accesible a nuevos emisores e inversionistas, ampliando la oferta de vehículos y productos, y fortaleciendo el profesionalismo y estructuras de gobierno corporativo de los participantes.
A partir de las recomendaciones de la Misión, en octubre del 2020 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público publicó la Política Pública para el Desarrollo del Sistema Financiero. Este documento establece cinco objetivos de desarrollo y una hoja de ruta con 74 acciones para ejecutar en el periodo 2020-2025, enmarcadas en 1) promover la transformación eficiente del ahorro y la inversión, 2) facilitar la digitalización, 3) consolidar la seguridad y estabilidad del sistema financiero, 4) impulsar el acceso universal al sistema de pagos electrónicos y 5) fortalecer el marco institucional.
Con el objetivo de abarcar las recomendaciones recibidas de la Misión, el Gobierno nacional promovió el Proyecto de Ley 413 de 2021 y posteriormente el Proyecto de Ley 337 de 2022 “Por el cual se dictan normas relacionadas con el acceso y financiamiento para la construcción de equidad, y se dictan otras disposiciones”.
Si bien estos proyectos de ley no surtieron exitosamente el trámite legislativo, el gobierno entrante cuenta con una propuesta clara diseñada por esta cartera, y será clave para el próximo gobierno el compromiso con la adopción de las recomendaciones propuestas por la Misión de Mercado de Capitales, en busca de impulsar la inclusión financiera, facilidad en el acceso a financiación, modernización de los sistemas de pagos y profundización del mercado de capitales y competencia, buscando además enfatizar el combate contra el gota a gota.
Reforma al Sistema Tributario Territorial
En junio de 2019, el Gobierno nacional creó la Comisión de Expertos para el Estudio del Régimen Tributario Departamental, Distrital y Municipal, con el propósito de estudiar los principales impuestos municipales y departamentales dentro del marco general de la descentralización. La comisión, que presentó sus resultados en julio de 2020, propuso recomendaciones para una reforma profunda de la estructura tributaria territorial, corrigiendo fallas en la estructura y administración tributaria, y en la descentralización administrativa del país.
Las recomendaciones de la misión apuntaban a garantizar la provisión de bienes y servicios públicos locales que contribuyeran al desarrollo económico en departamentos y municipios, fortaleciendo su autonomía y alineando sus incentivos.
Así, quedó plasmada una hoja de ruta para, a través del sistema tributario territorial, impulsar la descentralización, fortalecer la autonomía de las entidades territoriales, reducir las ineficiencias de la estructura tributaria territorial y efectuar una provisión adecuada de bienes públicos.
Es clave para el próximo Gobierno nacional utilizar las recomendaciones recibidas de la misión en la construcción de una reforma integral a los regímenes tributarios y administrativos de los entes territoriales. En este mismo sentido, se creó en diciembre de 2021 la Misión de Descentralización, que elaborará los insumos que permitan el diseño de iniciativas legislativas orientadas al fortalecer la autonomía de las entidades territoriales y la definición de sus competencias.
La misión, que deberá entregar sus resultados hacia el segundo semestre de 2023, permitirá el diseño de una reforma estructural y enfocada en el desarrollo autónomo de los entes territoriales, con lo que fortalecer el trabajo del ministerio en la misión e impulsar la adopción de sus recomendaciones constituirá un aspecto de gran importancia para el ministerio.
Política cafetera
El Comité Nacional Cafetero está conformado por representantes del Gobierno Colombiano y de los departamentos cafeteros. Por el Gobierno participan los ministros de Hacienda, Agricultura, Comercio Exterior, y el director de Planeación Nacional; por los cafeteros, un representante de cada uno de los 15 departamentos cafeteros, elegido por cada Comité Departamental de Cafeteros y aprobado por el Congreso Nacional de Cafeteros.
Esta es la máxima instancia de dirección del Fondo Nacional del Café. Desde el año 2018 la Federación Nacional de Cafeteros fortaleció la estrategia de venta de café para entrega futura, con el fin de generar certeza a los caficultores sobre el precio al cual venderían su cosecha, dada la volatilidad que caracteriza el precio interno. Sin embargo, las afectaciones de la cosecha brasilera por las condiciones climáticas adversas a finales de 2020 y a mediados de 2021, junto con la fuerte devaluación del peso frente al dólar, han situado el precio interno en niveles históricamente altos.
El repunte en los precios ha generado el incumplimiento de los caficultores a las cooperativas sobre las entregas pactadas a futuro, toda vez que el valor de la carga en el mercado supera el de los contratos. Esto a su vez ha generado que las cooperativas no puedan entregar el café vendido a futuro al FoNC, afectando sus finanzas. El FoNC ha reportado que tiene suscritos contratos de venta a futuro con las cooperativas por 62.230.568 kilos de café pergamino seco, de los cuales 14.066.109 kilos de café pergamino seco corresponden a volúmenes fijados con la Cooperativas de Andes y Tolima que se encuentran en proceso de liquidación e intervención, respectivamente.
Así las cosas, con respecto a las demoras en la entrega de café establecida en los contratos a futuro el Gobierno nacional ha venido trabajando para monitorear la situación actual de los contratos a futuro, conformando una mesa de trabajo para evaluar distintas alternativas que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones de entrega de café, con participación de los Ministerios de Hacienda y Agricultura, la Oficina de Asesores del Gobierno, Banco Agrario, Fondo Nacional de Garantías, Finagro, la Superintendencia Solidaria, la Federación, representantes de las Cooperativas de Caficultores y los exportadores de café, y ofreciendo su apoyo a la Federación de Cafeteros en la realización de jornadas de conciliación extrajudicial, como mecanismo para promover el cumplimiento inmediato de los contratos de entrega a futuro de café por parte de los productores.
Asimismo, en el seno del Comité Nacional Cafetero, los representantes del gobierno nacional han realizado seguimiento permanente a los retrasos en la entrega de café y solicitado a la Federación de Cafeteros que en su condición de administradora del FONC, realice las siguientes acciones: i) continuar exigiendo el cumplimiento de las obligaciones de entrega de café; ii) hacer uso de las garantías establecidas, en caso de ser necesario, y iii) evitar que las fijaciones de café para entrega futura en 2022 y 2023 no presenten retrasos, entre otras.
Estos esfuerzos deberán continuarse a futuro, manteniendo la revisión periódica de los avances en el cumplimiento de los acuerdos de pago suscritos por la FNC con las cooperativas de caficultores y/o los procesos jurídicos interpuestos por la Federación en contra de estas organizaciones de economía solidaria.
Esto, de manera que se pueda continuar la gestión y el apoyo del Gobierno nacional a la Federación Nacional de Cafeteros para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de entrega de café.
Cumplimiento de la Regla Fiscal
La sostenibilidad de las finanzas públicas ha sido desde el comienzo del Gobierno uno de sus compromisos más importantes. Si bien durante 2020 y 2021 fue necesario suspender el mecanismo paramétrico de la regla fiscal para hacer frente a la pandemia, la institucionalidad de esta fue fortalecida con la Ley de Inversión Social, y a partir de ello se retoman desde 2022 sus metas operativas bajo una regla fiscal mejorada.
La creación del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, y los cambios paramétricos, de operatividad y gobernanza, envían un mensaje de compromiso con la sostenibilidad fiscal a acreedores, inversionistas y calificadoras que debe ratificarse con el gobierno entrante. Más aun, el compromiso del ajuste gradual y ordenado de las finanzas públicas llevará a que en 2022 se observe un nivel de déficit fiscal que sobrecumple el consistente con el máximo permitido por la Regla Fiscal para 2022.
En particular, con información a la fecha, se estima en el Marco Fiscal de Mediano Plazo un déficit fiscal de 5,6% del PIB en 2022, 2,5 puntos porcentuales por debajo del espacio de déficit total de hasta 8,1% del PIB que prevé la regla. Este sobrecumplimiento, es además resultado del cambio de marco conceptual sobre el comportamiento de la deuda neta del Gobierno nacional central, que implica ahora un esfuerzo para que esta converja en torno a un ancla de deuda definida en 55% del PIB, con metas operativas mejor diseñadas cuyo cumplimiento debe ser compromiso fundamental de cada gobierno.
Bonos sociales
Durante el 2022 se ha trabajado en el primer portafolio de gastos sociales elegibles y el nuevo marco de referencia para la emisión de bonos verdes, sociales y sostenibles, los cuales se espera finalizar en el mes de junio. Posteriormente en el mes de julio se realizará el proceso de verificación independiente por parte de la firma Vigeo Eiris y el proceso de adopción mediante resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Esta iniciativa cuenta con la asistencia técnica y cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Será importante que el Gobierno entrante continúe en el desarrollo de estos lineamientos, para después determinar si avanza con la emisión de los primeros bonos sociales de Colombia.
Créditos multilaterales
El Plan Financiero 2022 contempla necesidades de financiamiento externo por US$4.401 millones, de los cuales US$3.000 millones (68%) corresponden a préstamos con la banca multilateral. Con respecto a esta meta, actualmente se tienen aprobados préstamos multilaterales por un valor de US$2.463 millones, es decir 82% de la meta del año.
El 99% de estos recursos están asociados a créditos de apoyo presupuestario con Banco Mundial, CAF, BID, KFW y AFD, otorgados en reconocimiento a los avances de política del país en crecimiento sostenible, equidad, economía naranja y cadenas de valor. Así mismo, se encuentra en estructuración dos créditos de apoyo presupuestario con BCIE y OFID por un total de US$350 millones adicionales para el financiamiento 2022.
Frente a los créditos de inversión, correspondiente al 1% de los desembolsos del año, se firmó una operación con el Ministerio de Educación por US$80 millones. Adicionalmente, se obtuvieron autorizaciones de gestión para tres operaciones con CAF: Iniciativas Climáticamente Inteligentes en Sistemas Productivos Agropecuarios de Min Agricultura (US$35,3 millones); Infraestructura y Fortalecimiento Institucional de las Áreas de Desarrollo Naranja de Min Cultura (US$10 millones); y Apoyo para el Cumplimiento de metas NDC de Min Ambiente (US$30 millones).
Estas últimas tres operaciones deberán continuar obtener las autorizaciones necesarias en la siguiente legislatura para la autorización de celebración. Así mismo, la operación de crédito prevista para el Programa de Eficiencia Energética Caribe Energía Sostenible de Min Energía (US$34,3 millones) deberá avanzar en el proceso de estructuración y hacer trámite ante el Congreso.
