Un funcionario del gobierno hondureño dijo que el país “está controlado por una mafia de 10 familias exoneradas”, representadas por el principal gremio empresarial, “que a través de su brazo narco político BOC (Bloque de Oposición Ciudadana), busca imponer su fiscal de la impunidad”.
En reacción, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), señalado por el titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, citó al funcionario en la mañana de este miércoles para presentar su denuncia de la supuesta “mafia” y los nombre de las 10 empresas exoneradas y demostrar que las pruebas escritas de que la organización participa con el BOC, una coalición de partidos opositores.
A bordo de un camión, Ochoa llegó al Ministerio Público a mostrar evidencias que, según él, sustentan su acusación contra el esquema ilícito de concentración de riquezas. Sin embargo, no presentó pruebas contra el Cohep o en relación de las 10 familias con actividades ilegales, a lo cual se había comprometido.
El director de la SAR solo mostró una serie de cajas con presuntas pruebas contra cuatro empresas jurídicas, pero no las identificó, tal como había prometido en una conferencia de prensa el martes 12 de septiembre.
Las denuncias que llevó suman más de 16.000 páginas de supuestas evidencias, que incluyen declaraciones de impuestos, declaraciones aduaneras, resoluciones de exoneraciones, expedientes administrativos de diversas secretarías de Estado, protocolos de constitución de sociedades mercantiles, actas certificadas de sesiones legislativas, reportes de inteligencia aduanera y fiscal, manifiestos de vuelo y otros.
El Cohep, a través del gerente de Asesoría Legal, Gustavo Solórzano, dijo que Ochoa no presentó pruebas que relacione a la institución con actos de narcotráfico. “No ha presentado absolutamente nada en contra del Cohep, ha salido con un montón de papeles”, dijo.
“También es corrupción el mal uso de los fondos y vehículos del Estado”, dijo en referencia a las cajas llenas de documentos y carros que usaron los funcionarios para llegar al Ministerio Público.
Días atrás, la presidenta Xiomara Castro dijo que el BOC representa “el narcotráfico y la corrupción en Honduras”. “Las fuerzas oscuras de este país enriquecidos por el narcotráfico y el saqueo de las arcas del Estado protegiendo la corrupción pública privada, exoneraciones, contratos y concesiones lesivos al pueblo hondureño continúan conspirando para desestabilizar mi gobierno e impidiendo la elección del Fiscal General”.
El Congreso Nacional sigue sin llegar a un consenso para la elección del fiscal general y adjunto, a pesar que el plazo venció el 31 de agosto, cuando terminaba el período de la administración saliente.
