Bloomberg Línea — El uso de subsidios para frenar el alza de la gasolina divide a América Latina entre la presión de unas cuentas fiscales cada vez más estrechas y la necesidad de proteger el bolsillo de los consumidores frente a las turbulencias del mercado petrolero global.
“La tensión más delicada para la región se traduce en que si los gobiernos subsidian demasiado, deterioran el déficit fiscal; y si trasladan completamente el alza al consumidor, aumenta el riesgo de desaceleración y conflictividad social”, dijo a Bloomberg Línea Renato Campos, CEO de Greyhound Trading.
Campos explicó que el equilibrio político y económico se vuelve mucho más estrecho cuando el shock petrolero deja de ser un episodio puntual y empieza a instalarse como una condición prolongada. “Latinoamérica llega a este episodio con mucho menos espacio fiscal y con empresas estatales más debilitadas”.
Mientras Brasil anunció esta semana un subsidio para impedir el aumento del precio de la gasolina, Ecuador adoptó nuevas tarifas que dispararon el precio del combustible de mayor octanaje a niveles comparables a los de EE.UU.
Según el decreto del Gobierno, Brasil aplicará un subsidio de entre 40 y 45 centavos de real (entre 8 y 9 centavos de dólar) por cada litro de gasolina vendido y de 32 centavos de real (6 centavos de dólar) por cada litro de diésel.
En marzo pasado también se anunciaron en Brasil subsidios al diésel. A estas medidas le siguieron en abril exenciones fiscales para el diésel, el gas en cilindro y el combustible de aviación ante las disrupciones energéticas provocadas por la guerra en Irán.
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Se estima que desde el comienzo de la guerra el precio del diésel aumentó un 17,7 % en Brasil y el de la gasolina un 5,9 %.
“El choque de los precios del petróleo provocada por el cierre del estrecho de Ormuz y las represalias contra las acciones estadounidenses en territorio iraní han creado una situación ambigua para los gobernantes latinoamericanos”, dijo a Bloomberg Línea el consultor y profesor de Relaciones Económicas Internacionales de la universidad brasileña Santa Cecília, Francisco Américo Cassano.
En este contexto, Cassano dice que los Gobiernos en la región tienen la opción de aplicar los precios reales a los derivados del petróleo y asumir los efectos inflacionarios causados por el aumento del costo energético en toda la cadena productiva, o bien “asumen las pérdidas en las empresas petroleras bajo su control”.
En un año electoral como el de Brasil, dice que “el efecto inflacionario es un factor que reduce la popularidad y perjudica la imagen del candidato a la reelección.
“En este caso, la segunda alternativa es más conveniente para este gobernante, ya que los efectos no son inmediatos y pueden prolongarse hasta el próximo año”, apuntó.
Por su parte, México incrementó considerablemente el subsidio a la gasolina premium, un combustible utilizado principalmente por vehículos de alta gama y deportivos.
El subsidio a la gasolina premium, conocido oficialmente como estímulo fiscal, pasó del 26% a 40%, equivalente a MXN$2,28 por litro para el periodo del 9 al 15 de mayo.
El subsidio se aplica al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, conocido como IEPS, que cobra la autoridad fiscal por cada litro de combustible que se comercializa en el país.
México también elevó el subsidio a la gasolina regular y al diésel, ubicados en 49 y 63% respectivamente, mientras el Gobierno y empresarios han acordado mantener un precio máximo de MXN$24 y MXN$27 por litro en las gasolineras del país.
Por la misma vía que Brasil y México, el gobierno peruano apela a la inyección estatal y reforzó el respaldo financiero a la compañía Petroperú con un préstamo de emergencia de US$2.000 millones.
En Perú, en donde los precios de los combustibles se determinan en función de la oferta y la demanda, el Gobierno también anunció a mediados de marzo que aplicaría sanciones a las empresas que especulen con los costos.
Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico (CEMS), señaló que los márgenes fiscales en los países en la región quedaron afectados tras la pandemia de Covid-19.
En el caso de Perú, advirtió que ese espacio es aún más reducido debido a medidas de carácter “populista” aprobadas en los últimos meses por el Congreso, que han incrementado la presión sobre el gasto público.
En ese contexto, indicó que el margen para implementar subsidios a los combustibles o activar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles “es bastante bajo”.
Si se recurre a estos mecanismos, Carlos Casas dice que los recursos deberían recuperarse rápidamente cuando los precios bajen.
Sin embargo, en la práctica, una vez que el beneficio se traslada a los consumidores, a los gobiernos les resulta difícil volver a llenar esos fondos.
Añadió que, en el caso de Perú, aún existen obligaciones pendientes derivadas de intervenciones anteriores en este mismo mecanismo.
Espacio fiscal es reducido
“La región está reaccionando de forma heterogénea (al shock petrolero) pero con un patrón reconocible”, dijo a este medio Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB.
Explicó que los gobiernos con mayor presión política interna o menor credibilidad fiscal tienden a absorber el shock energético vía subsidio, mientras los que tienen marcos fiscales más sólidos lo trasladan al consumidor.
El problema, a su juicio, es que el espacio fiscal para sostener esa decisión es “asimétrico y en varios casos directamente insuficiente”.
Detalló que Brasil tiene una deuda bruta que supera el 93% del PIB y un déficit nominal por encima del 9%, lo que significa que cada dólar de subsidio a los combustibles se financia con deuda en un contexto en el que la tasa Selic está en 14,5% anual tras un recorte reciente.
Perú, por su parte, enfrenta el riesgo de que el rescate a Petroperú, empresa que ya requería inyecciones de capital del Estado antes del shock, se convierta en un pasivo contingente permanente que las cuentas públicas difícilmente pueden absorber sin deterioro de su posición fiscal.
“El patrón histórico es que los subsidios energéticos son fáciles de introducir en contextos de shock y políticamente casi imposibles de retirar, lo que los convierte en una trampa fiscal de largo plazo disfrazada de medida de emergencia”, indicó.
El grado de exposición de las petroleras estatales varía enormemente, lo que reflejaría el nivel de independencia operativa real que cada empresa tiene respecto al gobierno de turno, en opinión de Emanoelle Santos.
Explica que Petrobras (PETR4) es “el caso más complejo” porque cotiza en bolsa, tiene accionistas internacionales y un directorio con cierta autonomía, pero “su historia reciente muestra que cuando el precio de los combustibles se vuelve políticamente sensible, el Gobierno encuentra formas de influir en su política de precios, lo que genera incertidumbre para los inversores minoritarios y distorsiona su estructura de incentivos”.
Petroperú representa el extremo opuesto, dado que es una empresa que requiere inyecciones de capital del Estado de forma recurrente, “cuya existencia se justifica políticamente más que económicamente, y que funciona en la práctica como una transferencia fiscal encubierta hacia el consumidor de combustibles antes que como una empresa petrolera propiamente tal”.
Subidas en los precios de la gasolina
Ecuador ya procesó políticamente el costo de retirar subsidios en ciclos anteriores y en este episodio está optando por trasladar parte del alza al consumidor, “asumiendo el costo político inmediato a cambio de no acumular el pasivo fiscal”, según la analista Emanoelle Santos.
“La lección que emerge es que la decisión de subsidiar o trasladar el precio no la toma el ministro de economía sino el presidente en función de cuánto capital político puede gastar y cuánto margen fiscal tiene disponible”, indicó.
El Gobierno ecuatoriano actualizó los precios de los combustibles desde este 12 de mayo dentro del sistema de bandas que ajusta mensualmente los valores de la gasolina y el diésel.
La medida oficial fue confirmada en una resolución de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) y responde especialmente a los choques petroleros generados por la guerra en Medio Oriente.
Con este ajuste, el precio del diésel queda en US$3,10 y las gasolinas Extra y Ecopaís, de bajo octanaje, en US$3,16. Ya en el caso de la gasolina Súper Premium 95 (su precio está liberado), de mayor octanaje, el precio quedó en US$4,81.
Tras los recortes a los subsidios adoptados por el Gobierno de Daniel Noboa, Ecuador ha escalado en la lista de los países con los mayores precios de la gasolina de la región.
“Esto tiene que ver con la compra del combustible para las mezclas en Ecuador”, dijo a Bloomberg Línea el exviceministro de Economía ecuatoriano e investigador de ESPOL, José Gabriel Castillo. Por un lado, “hay un elemento de mercado y de selección en los contratos de importación de derivados; por otro, en este momento el país está importando la mayoría del combustible porque hay una subutilización de la capacidad de refinación por falta de inversión en operación y mantenimiento”.
En su opinión, mientras países importadores de crudo lo refinan y pueden controlar mejor el precio de los derivados, “Ecuador está expuesto a la dinámica del mercado internacional de derivados por su ineficiencia y capacidad de refinación”.
“Ecuador va ya varios años con problemas en su capacidad de refinación. Y en los últimos años su dependencia de las importaciones de derivados supera el 65%”, indicó José Gabriel Castillo. “Hay problemas en las refinerías nacionales y es necesaria una repotenciación para que operen a su capacidad”.
En Chile, el Gobierno del presidente José Antonio Kast también ha respondido con aumentos de precios de la gasolina en la coyuntura actual.
En una de sus últimas acciones, el Gobierno volvió a aumentar a mediados de abril los precios de los combustibles hasta 40 centavos de dólar.
La gasolina de 93 octanos subió en CLP$20,2 por litro (0,023 dólares), mientras que la de 97 octanos CLP$22,3 pesos (0,025 dólares).
Esta medida se dio después del histórico aumento de los precios de la gasolina anunciados por el mandatario chileno en marzo.
Asimismo, el precio de la gasolina en Colombia tuvo un segundo aumento consecutivo a partir de mayo, con lo que el precio promedio del galón se ubica en COP$15.848. “Es lo responsable y lo conveniente. La sociedad colombiana entenderá que, cuando es posible bajar los precios, se hará; pero cuando las circunstancias nos obligan a subirlos para evitar desequilibrios fiscales, debemos tomar la decisión responsable de hacer incrementos”, dijo el ministro de Hacienda, Germán Ávila.
Para los países de América Latina, indica el analista Renato Campos, el riesgo hacia adelante es que el shock energético deje de ser transitorio y se convierta en un problema macroeconómico más amplio.
“Latinoamérica continúa muy sensible a combustibles en transporte, logística y alimentos, por lo que un petróleo persistentemente alto termina filtrándose hacia inflación, expectativas y presión social”, dijo Campos, CEO Greyhound Trading.
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