Riesgo país en Bolivia vuelve a repuntar ante crisis política: estos factores explican el deterioro

Durante mayo de 2026, el riesgo país de Bolivia mostró un deterioro acelerado. Los inversionistas sienten hoy más incertidumbre y menos confianza sobre el futuro económico de Bolivia.

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Bloomberg Línea — El riesgo país de Bolivia registró este mes un deterioro acelerado en medio de casi 20 días consecutivos de conflictos sociales y bloqueos de carreteras, con el EMBI pasando de niveles cercanos a 350 puntos básicos a superar los 605 puntos el 22 de mayo.

Con el deterioro de su indicador, Bolivia nuevamente es considerado el segundo país de la región más riesgoso para invertir después de Venezuela.

“Bolivia es percibida hoy como una economía más riesgosa para prestar dinero o invertir”, dijo a Bloomberg Línea el analista financiero Fernando Romero, expresidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija. “En los mercados financieros, el riesgo país funciona como un ‘termómetro’ de estabilidad económica, política e institucional”.

Explicó que cuando sube rápidamente, el mensaje es que los inversionistas ven mayores probabilidades de problemas fiscales, financieros o de gobernabilidad en el corto y mediano plazo. “Los mercados internacionales reaccionan muy negativamente cuando un país enfrenta bloqueos prolongados, paralización logística y alta conflictividad política”.

El país andino se encuentra enfrascado en una crisis que se inició a comienzos de mes por reclamos salariales, la escasez y el deterioro en la calidad de los combustibles, así como el rechazo a varias reformas del Gobierno.

Los reclamos sociales han derivado en llamados a la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien lleva apenas seis meses en el cargo y a raíz de los actuales acontecimientos anunció un “reordenamiento” del gabinete ministerial.

“Los conflictos incrementan el temor de que Bolivia tenga menor crecimiento económico, menor recaudación tributaria y más presión sobre las finanzas públicas”, según el analista Fernando Romero.

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Además, el país ya enfrenta escasez de dólares, caída de reservas internacionales y creciente necesidad de financiamiento externo. “Cuando el mercado percibe debilidad fiscal y menor capacidad económica, exige tasas más altas para financiar al país, elevando automáticamente el riesgo país”.

El mercado también teme que la crisis reduzca inversión privada, exportaciones e ingreso de divisas.

Si caen las exportaciones y se frena la economía, Romero indica que aumenta la preocupación sobre la capacidad futura del país para cumplir obligaciones financieras externas.

¿Puede seguir subiendo el riesgo país en Bolivia?

El analista financiero Fernando Romero considera que existe el riesgo de que el indicador siga subiendo si la crisis política y social en Bolivia continúa deteriorándose.

“Los mercados financieros son extremadamente sensibles a la incertidumbre y reaccionan rápidamente cuando perciben falta de soluciones o debilitamiento institucional”, indicó Romero.

Explicó que si los bloqueos persisten, si aumenta la conflictividad o si empeoran las expectativas económicas, el riesgo país podría acercarse a niveles “todavía más preocupantes para el financiamiento externo de Bolivia”.

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Actualmente, el mercado internacional estaría observando principalmente cinco factores: estabilidad política, duración del conflicto social, disponibilidad de dólares, nivel de reservas internacionales y capacidad del Gobierno para recuperar gobernabilidad.

También analiza si Bolivia podrá mantener crecimiento económico, cumplir pagos de deuda y sostener estabilidad fiscal.

Romero dice que si el Gobierno logra reducir tensiones, normalizar exportaciones y transmitir señales claras de estabilidad económica, el riesgo país podría moderarse. “Pero si la incertidumbre continúa, los inversionistas seguirán exigiendo mayores primas de riesgo para invertir en Bolivia”.

El comportamiento del spread soberano

El spread soberano mide la prima que el mercado exige para comprar deuda boliviana frente a bonos comparables del Tesoro de Estados Unidos.

A comienzos de mes, Bolivia vendió bonos en dólares en los mercados internacionales de capitales por primera vez en cuatro años.

El país fijó el precio de emisión de bonos en dólares por valor de US$1.000 millones con vencimiento en 2031.

Inicialmente, los inversores mostraron interés por los bonos soberanos del país, ya que el presidente Rodrigo Paz eliminó los subsidios a los combustibles y solicitó un programa de US$3.300 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) como parte de una serie de reformas más amplias para afrontar la crisis económica.

El economista del Instituto Internacional de Finanzas (IIF, por sus siglas en inglés), Jonathan Fortun, dijo que Bolivia llegó a cotizar en medio de sus recientes presiones económicas con spreads por encima de 2.300 puntos básicos, es decir, más de 23 puntos porcentuales adicionales sobre Treasuries comparables.

“Ese era un nivel de riesgo extremadamente elevado, cercano a un escenario de estrés crediticio severo”, indicó el economista del IIF.

Desde entonces, el spread se comprimió de forma muy significativa, llegando incluso a niveles cercanos a 325 puntos básicos. “La mejora fue importante y muestra que el mercado reconoció el cambio político, la reapertura del financiamiento externo y la expectativa de un programa de estabilización más creíble.

“En los últimos días el spread ha vuelto a repuntar. No es un regreso al escenario de crisis, pero sí es una señal clara de que la mejora sigue siendo condicional, frágil y reversible. El mercado está dando un beneficio de la duda, no un cheque en blanco”, dijo Fortun.

Según el economista, lo preocupante es que el mercado empieza a incorporar esa tensión al mismo tiempo que, internamente, los números siguen siendo frágiles. “Bolivia continúa enfrentando presión fiscal, la expectativa de inflación más elevada (en parte fruto a los conflictos actuales, particularmente en La Paz), distorsiones en combustibles y una economía que todavía necesita reconstruir credibilidad”.

A eso se suma el frente externo, dado que la economía sigue condicionada por baja disponibilidad de divisas, reservas internacionales limitadas, menor capacidad de generación de dólares frente al ciclo anterior del gas, y una balanza externa que todavía depende demasiado de financiamiento nuevo para ganar tiempo.

Y encima de todo eso, ahondó Fortun, existe la expectativa de precios de petróleo más altos, que tienen una injerencia importante en el país debido a la todavía parcial subvención a hidrocarburos que mantiene el país.

“La próxima batalla, más allá del conflicto social actual, probablemente estará en el diseño y la aprobación política del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, dijo Fortun.

“Hay versiones que sugieren que la estructura actual podría evitar una aprobación directa en el Congreso, pero eso todavía no está completamente claro”, anotó. “Si el acuerdo necesita pasar por la Asamblea, el mercado va a mirar no solo el contenido técnico del programa, sino también la capacidad política del Gobierno para sostenerlo frente a una oposición fragmentada y a actores sociales con capacidad de bloqueo”.

El otro punto central es que el FMI y otros acreedores no solo evaluarán anuncios, sino señales concretas de implementación.

Esto podría implicar nuevos ajustes en subsidios a combustibles y energía, consolidación fiscal, normalización del régimen cambiario, una flexibilización gradual de los controles de capital y la corrección de las distorsiones entre el Banco Central, el sistema bancario y el Tesoro.

Según Fortun, “por eso el desafío es mucho más alto de lo que sugiere la simple reapertura del mercado internacional. Bolivia consiguió acceso, pero ahora debe demostrar capacidad de implementación”.

“Técnicamente quedan más de cuatro años y medio de administración Paz. La sostenibilidad del programa no se juega en el primer anuncio ni en una emisión de bonos, sino en la capacidad de atravesar varios años de ajuste, negociación política y tensiones sociales. En ese camino pueden aparecer muchos otros puntos de dolor”, remató el economista del IIF.

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