Bloomberg — Un juez de la Corte Suprema de Brasil amplió el acceso de la policía a una investigación por fraude en el Banco Master SA, permitiendo efectivamente a las autoridades profundizar la investigación que ha sacudido los sistemas político y financiero del país.
En un fallo emitido el jueves por la noche, el juez André Mendonca autorizó a la policía federal a llevar a cabo procedimientos rutinarios de investigación en el caso Master, incluyendo la audiencia de sospechosos y testigos. También suavizó las restricciones de confidencialidad y permitió a las autoridades compartir internamente documentos relacionados con la investigación para agilizar su trabajo.
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El viernes, Mendonca también decidió que las pruebas relacionadas con Master y otras investigaciones de fraude bajo el control de la presidencia del Senado se devolvieran a una comisión parlamentaria que investiga el caso, así como a la policía.
Aunque Mendonca determinó que la policía necesitará su autorización para abrir nuevos frentes de investigación, la decisión del jueves aliviará significativamente las restricciones que su colega, el juez Dias Toffoli, impuso sobre el caso después de que el banco central de Brasil liquidara Master tras su propia investigación por presunto fraude financiero.
Los fallos se produjeron en medio de un mayor escrutinio del manejo de Toffoli de la saga Master, que ha conmocionado a las instituciones de élite de Brasil y ha empujado a la Corte Suprema al borde de su más profunda crisis de credibilidad desde el retorno del país a la democracia hace cuatro décadas.
Mendonca asumió la dirección del caso la semana pasada, cuando Toffoli renunció a la supervisión después de que un informe policial planteara dudas sobre sus vínculos con la entidad crediticia y su presidente ejecutivo, Daniel Vorcaro.
El informe alegaba que Toffoli mantenía una relación con Vorcaro, un ejecutivo conocido por cultivar vínculos con poderosos políticos y altos funcionarios de la capital brasileña. También mencionaba transferencias financieras relacionadas con la venta de un complejo hotelero, parcialmente propiedad de la justicia, a fondos de inversión vinculados al Banco Master.
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Toffoli negó haber cometido irregularidades, pero el informe no obstante se sumó a la controversia que ha rodeado el caso desde que lo puso bajo la jurisdicción del Tribunal Supremo a finales del año pasado.
Después de que el banco central concluyera su investigación administrativa y remitiera las pruebas a la policía y a la fiscalía -un paso que condujo a la detención de Vorcaro y a su posterior puesta en libertad bajo vigilancia electrónica-, Toffoli intervino, alegando argumentos de la defensa de que las medidas de investigación podían implicar a personas con inmunidad parlamentaria.
Posteriormente emitió una serie de órdenes cambiantes que regulaban el acceso a las pruebas, en un momento dado colocando documentos y dispositivos electrónicos bajo el sello del Tribunal Supremo antes de transferirlos a los fiscales y, en última instancia, restringiendo el acceso a un pequeño grupo de expertos forenses de la policía.
El fallo de Mendonca también permite a la policía mantener la custodia del material recogido durante las investigaciones, alterando la orden de Toffoli de que pasara en su lugar a la fiscalía federal. Las autoridades dijeron al tribunal que están analizando unos 100 dispositivos electrónicos y que habían solicitado un acceso interno más amplio para concluir su revisión técnica.
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