Bloomberg Línea — Un ciudadano chileno que fue víctima de operaciones fraudulentas por la suma de CLP$2.614.600 (US$2.661 al cambio del 3 de noviembre) resultó ser demandado por el banco del que era cliente, que buscaba responsabilizarlo de lo sucedido.
La entidad financiera, el Banco de Crédito e Inversiones (BCI), expuso en su demanda que, supuestamente, algunas prácticas de su cliente condujeron a que cayera en el robo de los CLP$2,6 millones de su cuenta vía transferencias el pasado 30 de octubre.
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El objetivo, al parecer, era no responder por la pérdida del dinero, señalando a la víctima de no hacer buen uso de la clave de la aplicación móvil del banco, BCIpass, que permite autorizar transacciones y acceder a la banca en línea.
Pero la demanda fue desestimada por un tribunal de Coyhaique, una ciudad en la Patagonia chilena.
“La Corte de Apelaciones de Coyhaique confirmó la sentencia que rechazó la demanda presentada por BCI (...) al no acreditarse que actuara con dolo o culpa grave en el manejo de claves de BCIpass”, argumentó el tribunal en un comunicado emitido el 2 de noviembre.
La corte estableció, con base en la declaración brindada por la víctima ante Carabineros, que en ningún momento relató haber entregado la clave a un tercero, contrario a lo que el BCI pretendía hacer ver.
“El cliente reconoce haber recibido instrucciones telefónicas, por medio de su pareja, pero para aceptar mensajes de autorizaciones, sin hacer mención a la entrega de claves o dígitos de su BCIipass, por lo que dicho punto de prueba no podrá tenerse por acreditado”, sostiene un apartado del fallo que cita el comunicado.
El banco deberá restituir el dinero a la víctima
Lejos de responsabilizar a la víctima de lo sucedido, la Corte de Apelaciones de Coyhaique estableció que el BCI no garantizó a su cliente la seguridad de su dinero y, además, le ordenó restituirlo en su cuenta.
“Conforme a lo analizado y considerando que, tratándose de fraudes relacionados con transferencia electrónica a un tercero, las reglas asociadas a la carga de la prueba operan de manera distinta a las reglas generales, en que prima el carácter profesional, quien se constituye en un verdadero garante de la seguridad de los usuarios”, dice el fallo.
En ese contexto, y toda vez que el BCI no aportó prueba suficiente para establecer la culpa de su cliente en las operaciones fraudulentas, “quedará obligado a restituir el total del importe defraudado, en los términos previstos en la Ley n.º 20.009”, agrega el documento judicial.
