Bloomberg Línea — Colombia inició desde el primero de enero una nueva etapa de su sistema financiero al adoptar un modelo obligatorio de finanzas abiertas, un cambio regulatorio que introduce mayor competencia y redefine el uso de los datos financieros de los usuarios, con implicaciones directas para el sector bancario en 2026.
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El nuevo esquema, que reemplaza el intercambio voluntario de información, busca ampliar el acceso al crédito y mejorar la oferta de productos financieros mediante el uso de datos compartidos con consentimiento explícito y a través de APIs estandarizadas. “Este modelo abre una nueva etapa de competencia e innovación, pero también eleva la vara operativa”, afirmó Santiago Etchegoyen, cofundador y CTO de uFlow.
El contexto parte de una brecha entre inclusión y profundización financiera. Aunque la inclusión financiera se acercó al 96% de la población adulta al cierre de 2024, la penetración del crédito en la economía fue de 35,5%.
Esto equivale a 13,8 millones de adultos con un producto de crédito formal activo, cifra que asciende a 19,6 millones al incluir otras fuentes de financiamiento, como el sector real y las Fintech, según datos de la Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera.
Con el open finance, la apertura de datos se extiende más allá de cuentas y pagos e incluye créditos, ahorros, inversiones y seguros.
El objetivo es que esta información permita mayor acceso al crédito, acelerar aprobaciones y habilitar nuevos servicios financieros. Proyecciones del sector estiman que entre 5 y 7 millones de colombianos podrían utilizar servicios de finanzas abiertas en los primeros años.
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La normativa introduce cambios en la gobernanza y en las obligaciones de las entidades. Las instituciones vigiladas pasan a ser proveedoras obligatorias de datos, se adopta un modelo híbrido con entidades no vigiladas de participación voluntaria y se prohíben los cobros por el acceso a la información, que sigue siendo del usuario.
Para la sostenibilidad del sistema, se habilita un mecanismo de recuperación de costos asociado a la infraestructura tecnológica.
La Superintendencia Financiera liderará una instancia público-privada encargada de definir estándares comunes de seguridad, interoperabilidad y APIs, con un despliegue gradual de las categorías de datos.
En paralelo, Colombia avanza en pagos inmediatos con Bre-B del Banco de la República, que empezó a operar masivamente en septiembre del año anterior, mientras el open finance acelera su marco obligatorio, configurando un nuevo entorno competitivo para el sector bancario.
