Bloomberg Línea — El deterioro fiscal de Colombia sigue sumando presión a la posibilidad de un nuevo recorte en su calificación crediticia, aunque el calendario electoral podría aplazar cualquier decisión de las agencias calificadoras hasta que haya mayor claridad sobre el rumbo de la política económica.
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“Abril y mayo suelen ser meses en los que las calificadoras se pronuncian, yo creo que la situación fiscal de Colombia sigue siendo muy fea”, advirtió Andrés Langebaek, analista independiente.
Advierte que “es muy probable que nosotros continuemos el proceso de downgrade y en el momento en que eso se produzca, pues va a haber algún ruido en términos de tasa de cambio”.
El diagnóstico sobre la fragilidad de las finanzas públicas es compartido entre distintos analistas, que coinciden en que el país enfrenta un entorno complejo que ya ha sido parcialmente reconocido por los mercados.
Langebaek recordó además que “ya tenemos con S&P el outlook negativo, así que lo más probable sería que al menos esa, decidiera tomar acciones de rebaja”, lo que refuerza la idea de que el riesgo de una degradación adicional sigue latente.
Sin embargo, más allá del consenso sobre el deterioro fiscal, emerge una diferencia clave en torno al momento en que podría materializarse un eventual recorte.
Para algunos expertos, las agencias podrían optar por esperar el desenlace político antes de tomar una decisión que tenga implicaciones relevantes sobre la percepción de riesgo del país.
“Lo más probable es que esperen al resultado electoral. Con S&P hablamos hace poco y es cierto que están preocupados por el tema fiscal y de crecimiento y podrían inclinarse a bajarnos la calificación, pero no antes de elecciones”, señaló Julio César Romero, economista de Corficolombiana, al subrayar que el factor político podría ser determinante en el corto plazo.
Colombia tendrá elecciones presidenciales el próximo 31 de mayo, y de no haber ganador en primera vuelta acudirá nuevamente a las urnas a mediados de junio para definir quién reemplazará a Gustavo Petro, líder de izquierda y exintegrante de la guerrilla marxista del M-19 el cual no podrá presentarse a reelección.
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En esa misma línea, Juan David Ballén destacó que el mercado ya refleja parte de ese deterioro en sus indicadores.
“Primero, el riesgo país es el más alto entre los países comparables de la región, lo que anticipa posibles recortes de la calificación crediticia a B o una eventual equiparación de Moody’s a BB”, afirmó, sugiriendo que las expectativas de rebaja ya están incorporadas en cierta medida.
Ballén también enfatizó que el compás de espera de las calificadoras estaría directamente ligado a las señales que entregue la próxima administración.
“Yo creería que las agencias calificadoras esperarían a que se posesione el nuevo Gobierno y se anuncie el nuevo ministro de Hacienda, y analizarían el mensaje que estos den sobre la política fiscal que adoptarán antes de modificar la calificación crediticia”, explicó.
Además, recordó que “Standard & Poor’s nos tiene con perspectiva negativa; es decir, es la agencia calificadora que más probablemente podría pronunciarse al respecto”, lo que mantiene la atención del mercado sobre cualquier movimiento de esta firma en particular.
Desde otra perspectiva, Diego Camacho, economista de Credicorp Capital, coincidió en que la incertidumbre electoral limita la probabilidad de un pronunciamiento inmediato.
“Creo que, después de lo que hemos conocido el año anterior, y teniendo claro que se está en medio de una campaña electoral, cualquier pronunciamiento en este momento terminaría siendo, un pronunciamiento en el cual habría muchos sí para recortar la nota y muchos depende, porque todo depende del resultado electoral y de la política fiscal que termine anunciando y asumiendo el próximo Gobierno”, sostuvo.
En ese contexto, Camacho anticipó que las decisiones podrían desplazarse hacia el segundo semestre del año.
“Entonces, yo creo que esos pronunciamientos van a estar, eventualmente más concentrados en la segunda parte de este año y, eventualmente, dándole un compás de espera a los mensajes que lance el nuevo Gobierno y su y su equipo económico”, concluyó.
Así, aunque el deterioro fiscal mantiene viva la expectativa de un nuevo downgrade para Colombia, el consenso entre analistas apunta a que las calificadoras podrían optar por esperar definiciones políticas antes de actuar, en un escenario en el que el mercado ya ha comenzado a internalizar buena parte de estos riesgos.
El presidente Gustavo Petro instó a su equipo administrativo a hacer llegar al Congreso de la República un proyecto de ley para reducir el déficit primario.
“El actual Congreso debe recibir ya el paquete de medidas para disminuir el déficit primario y la inversión forzosa sin sustitución, para garantizar crédito barato a la agricultura de alimentos y a la agroindustria e industria exportadora y de la economía popular", escribió el mandatario colombiano en X.
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Señaló que dichas medidas son necesarias dada la actitud de “algunos magistrados amigos de una candidata presidencial demandante de la reforma pensional expedida por el Congreso” y que las iniciativas tendrán mensaje de urgencia. “El ministro del interior debe priorizar está actividad”.
