Bloomberg Línea — En 15 días de negociación entre empresarios, trabajadores y Gobierno, no se logró llegar a un acuerdo en el porcentaje de incremento para el salario mínimo de 2026. Con lo que, por tercera vez en el Gobierno Petro, se expedirá por decreto.
“Un aumento de dos dígitos en el salario mínimo generaría más pérdida de empleos, informalidad e inflación. El desconocimiento de la evidencia económica conduce inevitablemente a este resultado", dijo al respecto Jaime Cabal, presidente de Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes).
Sin embargo, para Fabio Arias, presidente de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), hay dos razones por las cuales el aumento del mínimo debería ser de 16%: “la primera está en los altísimos niveles de desigualdad que hay en Colombia. Colombia tiene el vergonzoso y deshonroso tercer lugar en el ranking mundial de la desigualdad".
Y la segunda obedece a la gran brecha que hay, según el estudio de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), entre el salario mínimo que hoy reciben los trabajadores colombianos y el salario mínimo vital, es decir, aquel que corresponde a la obtención de la canasta básica familiar de un trabajador.
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“Este incremento pedido por los trabajadores de 16% es la mejor respuesta a esas propuestas chichipatas que siempre han hecho los empresarios”, enfatizó.
La discusión por el aumento del salario mínimo en Colombia arrancó con el pie izquierdo por cuenta del anuncio que hizo el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre que “este año el salario mínimo puede terminar en COP$1.800.000″. Lo que fue bien recibido por los sindicatos, pero una pésima señal para el sector privado, causando que dirigentes gremiales como Cabal se levantaran de la mesa tripartita de negociación.
“Con el anuncio unilateral del aumento desmedido del salario mínimo,desconociendo el efecto inflacionario de la medida, que fue evidente en la Argentina de Kirshner y en la Venezuela de Chávez y Maduro, el Gobierno también anunció su ánimo de imponer y no concertar”, aseguró el presidente de Fenalco.
A lo que añadió que no hay concertación cuando el gobierno toma decisiones unilaterales que luego pretende maquillar tras la aparente legitimidad de reuniones en las que solo se admite su voluntad.
Diferentes académicos, bancos y centros de pensamiento han advertido las consecuencias que tendría un aumento excesivo del salario mínimo. Fedesarrollo, por ejemplo, ha indicado que un aumento de entre 6% y 7% mantendría el poder adquisitivo y sería coherente con la situación económica de Colombia.
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Lo anterior, señalando que la inflación había mostrado una tendencia descendente durante buena parte del año, pero que en los últimos meses se ha estancado e, incluso, ha repuntado por meses consecutivos.
Lo que preocupa porque significa que el proceso de convergencia hacia la meta del Banco de la República, que es del 3%, está siendo más lento de lo previsto.
Incluso, el mismo banco central colombiano señaló en su más reciente Informe de Política Monetaria que “se mantiene una alta incertidumbre sobre el aumento futuro de los precios, debido especialmente a la magnitud del incremento del salario mínimo para 2026, a los movimientos futuros de la tasa de cambio, y a los ajustes en las tarifas de energía y gas“.
Con lo que proyecta así una convergencia más lenta hacia la meta de inflación del 3%, cambiando sus proyecciones: prevé un IPC del 5,1% al cierre de 2025, un dato superior al proyectado en su informe anterior (4,7%).
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Además, proyecta que para el cierre de 2026 la inflación se ubicará en 3,6%, por encima del 3,2% estimado en el documento anterior.
Coincidiendo con esa expectativa, el equipo de investigaciones económicas del Banco de Bogotá señala que la inflación finalizará 2025 nuevamente por encima del 5%, e incluso superando la de 2024 (5,2%). Esto, ya que no se anticipan señales de moderación de la demanda interna, algún aumento significativo de la oferta agrícola, ni cambios sustanciales en las tarifas de regulados y algunos servicios.
La mesa tripartita de negociación tiene hasta el próximo 29 de diciembre para lograr un acuerdo, de lo contrario el Ejecutivo expedirá el porcentaje vía decreto. Lo que sucedería por tercera vez en el Gobierno Petro.
