Un informe de la calificadora de riesgos Moody’s sostiene que la rigidez del gasto y la polarización política las posibilidades de mejorar las cuentas. — Los gobiernos de América Latina enfrentan un desafío fiscal que va más allá de la necesidad de reducir el déficit: una parte cada vez mayor del gasto público es difícil de recortar. Los pagos de intereses, salarios, subsidios y transferencias absorbieron en promedio el 77% del gasto de los gobiernos centrales de 18 países de la región en 2024, frente al 75% en 2019, según un informe de Moody’s Ratings.
La calificadora advierte que la situación complica la posibilidad de que los gobiernos realicen ajustes duraderos sin afectar la inversión pública o los servicios sociales. Al mismo tiempo, el aumento de la deuda dejó a varios países con menos margen para responder a nuevos shocks.
El informe señala que los ratios de deuda aumentaron en 14 de los 18 soberanos analizados entre 2019 y 2025. La mediana de la deuda pasó del 45% al 55% del producto interno bruto durante ese período, mientras que nueve países terminaron 2025 con una deuda equivalente a por lo menos el 60% de su economía.
Para Moody’s, esta combinación de mayor endeudamiento y gasto rígido aumenta la necesidad de conseguir mejoras duraderas en el resultado primario.
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El gasto rígido
El concepto de gasto rígido incluye tanto partidas obligatorias por ley, contratos o disposiciones constitucionales como otros gastos que, aunque técnicamente pueden modificarse mediante el presupuesto, resultan políticamente o socialmente difíciles de reducir.
En promedio, los salarios, los intereses de la deuda, los subsidios y las transferencias representaron el 77% del gasto de los gobiernos centrales de los 18 países analizados en 2024.
Brasil aparece como el caso más extremo: alrededor del 97% de su gasto fue considerado rígido durante el período 2021-2024. Le siguieron Argentina, con 90%; Costa Rica, con 89%; Colombia, con 87%; y Uruguay, con 83%.
En el otro extremo se encuentran Perú y Nicaragua, con una proporción de gasto rígido de aproximadamente 57% y 55%, respectivamente. Guatemala y Panamá también presentan estructuras relativamente más flexibles.
Sin embargo, Moody’s advierte que una menor proporción de gasto rígido no necesariamente implica una situación fiscal más cómoda. Algunos países tienen una mayor proporción de gasto de capital, pero parte de esas erogaciones también puede estar comprometida mediante contratos, asociaciones público-privadas o transferencias a empresas estatales y gobiernos subnacionales.
Los intereses y las transferencias ganan peso
Uno de los principales cambios posteriores a la pandemia fue el aumento de los costos de financiamiento y de las transferencias.
El gasto promedio en intereses pasó del 2,5% del PIB en 2019 al 2,9% en 2024. Como estos pagos no pueden reducirse mediante las decisiones presupuestarias ordinarias, cada aumento de esta partida reduce los recursos disponibles para otras áreas y para el propio ajuste fiscal.
Las transferencias y los subsidios también aumentaron. Pasaron, en promedio, del 8,4% al 9% del PIB entre 2019 y 2024.
Esto genera un problema particularmente complejo: incluso cuando un gobierno quiere reducir el déficit, una parte importante de sus gastos aumenta automáticamente o requiere reformas legales para ser modificada.
La deuda también dejó menos margen
El segundo gran escollo es el nivel de endeudamiento acumulado desde la pandemia.
Solo cuatro de los 18 países analizados tenían en 2025 una relación entre deuda y PIB inferior a la de 2019. Entre ellos se encuentran Argentina y Ecuador, que reestructuraron parte de sus obligaciones en 2020.
Para Moody’s, una deuda más elevada implica que los gobiernos necesitan obtener mejoras sostenidas en su resultado primario para estabilizar o reducir el endeudamiento. El problema es que algunos países todavía presentan déficits superiores a los necesarios para estabilizar su deuda.
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Entre los casos mencionados por la calificadora aparecen Brasil, México y Colombia, cuyos balances fiscales proyectados para 2026 continúan siendo más débiles que los niveles necesarios para estabilizar sus respectivas cargas de deuda.
Por eso, limitarse a estabilizar la deuda no necesariamente sería suficiente. Algunos gobiernos necesitarán continuar ajustando sus cuentas para recuperar parte del espacio fiscal perdido desde 2019.
Recortar inversión tampoco es una solución sostenible
Ante la dificultad para modificar el gasto rígido, existe el riesgo de que los gobiernos terminen ajustando las partidas que tienen mayor margen de maniobra, principalmente la inversión pública.
Moody’s advierte que esta estrategia puede generar un alivio fiscal en el corto plazo, pero perjudicar el crecimiento potencial en el mediano plazo.
El problema es especialmente visible en países donde el aumento de la proporción de gasto rígido no se produjo porque crecieron los gastos obligatorios, sino porque cayó el gasto de capital. Argentina es uno de los ejemplos mencionados por la calificadora.
En el caso argentino, la elevada proporción de gasto rígido refleja en parte la fuerte compresión del gasto de capital y de otras partidas discrecionales después del importante ajuste fiscal, más que una expansión del gasto rígido.
De todos modos, Moody’s destaca que Argentina fue el país de la muestra que logró el mayor ajuste acumulado y que este se consiguió principalmente mediante una reducción del gasto rígido.
Aumentar los ingresos tampoco resuelve todo
La otra vía tradicional para reducir los déficits es aumentar la recaudación. Pero Moody’s considera que existen restricciones estructurales que limitan esta alternativa en buena parte de América Latina.
La informalidad laboral y empresarial, las exenciones tributarias y la evasión reducen la capacidad de los gobiernos para generar ingresos adicionales de manera permanente.
Además, una mayor recaudación no necesariamente se traduce en una mejora equivalente del balance fiscal. En países como Colombia y México, una parte de los ingresos tributarios debe ser transferida a gobiernos locales.
Por eso, el impacto sobre la solvencia depende menos del anuncio de una suba de impuestos que de que esos ingresos efectivamente produzcan una mejora sostenida del resultado primario y de la trayectoria de la deuda.
La política aparece como otro límite
La economía no es el único problema. Moody’s considera que la polarización política puede impedir que los gobiernos modifiquen el gasto obligatorio.
Brasil y Colombia aparecen como los casos más relevantes. Ambos necesitan ajustes fiscales importantes para estabilizar sus deudas, pero al mismo tiempo cuentan con una parte considerable del presupuesto sometida a disposiciones legales o constitucionales.
En Brasil, la proximidad de las elecciones presidenciales de octubre y la falta de una mayoría en el Congreso pueden dificultar acuerdos sobre reformas estructurales del gasto. Según Moody’s, esto aumenta el riesgo de que las futuras medidas sean más limitadas o demoren más en aprobarse.
Colombia enfrenta una dificultad similar. El resultado ajustado de las elecciones presidenciales de junio de 2026 y una legislatura políticamente fragmentada complican la construcción de las coaliciones necesarias para aprobar reformas fiscales.
En ambos casos, una reforma limitada del gasto obligatorio dejaría a los gobiernos con menos alternativas: depender más de aumentos de ingresos o recortar una porción cada vez menor del presupuesto discrecional.
Perú y Paraguay, en una posición diferente
No todos los países de la región enfrentan el mismo grado de dificultad. Moody’s identifica a Perú y Paraguay como ejemplos de economías con mayor capacidad para absorber shocks porque combinan estructuras de gasto relativamente flexibles, menores cargas de deuda y marcos fiscales consolidados.
La deuda pública peruana rondó el 30% del PIB en 2025, mientras que la de Paraguay se ubicó en torno al 41%. En este último caso, Moody’s espera que la deuda se mantenga estable alrededor del 37% del PIB en el mediano plazo.
Estos colchones reducen la urgencia de implementar reformas amplias y políticamente costosas. Sin embargo, Paraguay enfrenta una limitación adicional: su baja base de ingresos restringe la flexibilidad presupuestaria.
