Bloomberg Línea — La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este viernes la Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), una normativa que busca ordenar el manejo de los recursos locales y ha generado un fuerte debate entre el oficialismo y la oposición.
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Con 77 votos a favor, la bancada del oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados dieron el visto a la reforma, que establece que los gobiernos locales deben destinar al menos el 70% de su presupuesto a inversión en obra pública y servicios básicos, y solo el 30% a gasto corriente, como salarios y administración.
Según el oficialismo ecuatoriano, la medida busca revertir prácticas en las que algunos municipios destinan la mayor parte de sus recursos a gasto corriente, descuidando infraestructura, vialidad y agua potable.
“Tenemos una oportunidad de corregir la forma en la que se está invirtiendo el gasto público, para que se destine a servicios para la gente y a obra pública”, dijo la legisladora Valentina Centeno, jefa de la bancada de la ADN.
La aprobación de la iniciativa de ley se hizo en la Universidad Tecnológica Ecotec, en Guayas, al suroeste del país, un lugar poco habitual para sesiones del Pleno, debido al carácter urgente del proyecto enviado por el presidente Daniel Noboa.
La normativa modifica el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) y pretende garantizar una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Además, la ley aprobada incluyó una disposición transitoria sobre el presupuesto prorrogado de 2027. Esta establece que prefecturas y municipios iniciarán ese ejercicio fiscal con el presupuesto vigente al 31 de diciembre de 2026 y podrán realizar los ajustes y reprogramaciones necesarios para garantizar el ejercicio de sus competencias.
La oposición, liderada por el movimiento Revolución Ciudadana y el bloque Pachakutik, rechazó la ley y advirtió que podría afectar la autonomía de los GAD, reducir fondos para programas sociales y limitar la capacidad operativa de municipios y prefecturas, especialmente los más pequeños.
Asimismo, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) dijo que “reclasificar como gasto corriente, reduciendo el presupuesto para contratar a docentes, profesionales de la salud, trabajadores sociales, entre otros profesionales que atienden los programas que garantizan los derechos es desmantelar la protección social”.
Horas antes de la sesión, medios nacionales registraron manifestaciones en los alrededores del recinto, en Samborondón, Guayas, en rechazo a la medida.
El proyecto de ley será remitido al presidente Noboa para su sanción u objeción dentro del plazo previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
