Bloomberg Línea — Ocho relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enviaron una carta de 21 páginas al Gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expresando su preocupación en materia de derechos humanos tras la declaratoria de un conflicto armado interno en el país y la designación de grupos criminales como terroristas.
Noboa declaró un “conflicto armado interno” en Ecuador y designó a 22 estructuras criminales como organizaciones terroristas el 9 de enero de 2024, mediante el decreto ejecutivo n.º 111. El objetivo era lograr un mayor despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía en el territorio nacional para combatir la violencia. Desde entonces ha decretado al menos una veintena de estados de excepción, restringiendo temporalmente algunos derechos fundamentales.
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La medida, que redujo la violencia en 2024, no logró mantener la tendencia en 2025, el año con más homicidios intencionales en toda la historia de Ecuador: 9.216, con una tasa de 50,9 por cada 100.000 habitantes, la más alta de Latinoamérica.
Pero más allá de cuestionar la eficacia de las medidas del Gobierno, a los expertos de la ONU les preocupa que “ciertos elementos no sean plenamente compatibles con las obligaciones internacionales de Ecuador en materia de derechos humanos”.
Incluso enumeran en el documento las inquietudes de los titulares de mandato de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU:
- El deterioro de las libertades fundamentales, incluidas violaciones a la libertad de expresión, reunión pacífica y la persecución de organizaciones de la sociedad civil. A ello se suman los pronunciamientos oficiales contra líderes y manifestantes, a quienes se estigmatiza como “terroristas”.
- Las declaraciones del Poder Ejecutivo para “deslegitimar a la Corte Constitucional y a sus jueces tras decisiones” como suspender algunos artículos consignados en leyes impulsadas por el Gobierno y aprobadas por la Asamblea Nacional.
- Las declaraciones de estado de emergencia y de conflicto armado interno, que restringen de “manera significativa” el disfrute de los derechos y libertades fundamentales, menoscabando “las garantías de las personas privadas de libertad y que podrían dar lugar a desapariciones forzadas”. Para los expertos, también genera duda la ausencia de datos fiables y transparentes sobre desapariciones forzadas en el Ecuador y la falta de medidas de prevención.
No existe conflicto armado interno
Los relatores de la ONU plantean que la existencia de un conflicto armado interno no se activa mediante una declaración del Poder Ejecutivo, como hizo Noboa en enero de 2024, sino que requiere la simultaneidad acumulativa de dos factores:
- Un nivel de intensidad de violencia armada que exceda disturbios internos o actos esporádicos.
- Un grado de organización del grupo armado no estatal suficiente para conducir operaciones sostenidas.
Bajo esos parámetros, en la carta dirigida a Noba se plantea que “la violencia criminal grave no equivale a hostilidades militares intensas” y, además, que los 22 grupos que participan en el supuesto conflicto armado interno no cumplen requisitos asociados a la organización, entre ellos: cadena de mando, control territorial, uniformes, campamentos militares, comunicaciones estructuradas o autoridad de negociación.
“La amenaza planteada por los grupos criminales en Ecuador no cumple ninguno de estos criterios, como lo ha señalado reiteradamente la Corte Constitucional de Ecuador”, puntualizan. “En ausencia de un conflicto armado, las autoridades ecuatorianas no tienen base en el derecho internacional para aplicar normas del derecho internacional humanitario, incluyendo el uso de la fuerza contra supuestos ‘combatientes’ cuando no representan una amenaza letal inminente para la vida”.
Los relatores que firmaron la carta enviada al Gobierno del presidente Daniel Noboa fueron:
- El Relator Especial sobre la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en la Lucha Contra el Terrorismo, Ben Saul.
- La Relatora Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Gina Romero.
- La Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Gabriella Citroni.
- El Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, MorrisTidball-Binz.
- El Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Albert K. Barume.
- La Relatora Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite.
- El Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, Carlos Arturo Duarte Torres.
- La Relatora Especial sobre el Derecho a la Privacidad, Ana Brian Nougrères.
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