Bloomberg Línea — Guatemala recibió por primera vez un pago por la venta de bonos de carbono al Banco Mundial, tras certificar la reducción de 4,8 millones de toneladas de dióxido de carbono mediante su Programa de Reducción de Emisiones (PRE), informó el miércoles el Gobierno.
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El primer pago asciende a 175,4 millones quetzales (US$22,6 millones) y será distribuido entre 1.015 proyectos de conservación forestal, según detalló la ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), María Fernanda Rivera, durante una conferencia de prensa.
El desembolso fue recibido en diciembre de 2025 y se logró luego de más de dos décadas de negociaciones. “El PRE posiciona a Guatemala como un país confiable en financiamiento climático, fortalece la gobernanza forestal y abre nuevas oportunidades de desarrollo sostenible”, Rivera.
El programa, que cubre el 92% de las tierras boscosas guatemaltecas, busca lograr reducciones de emisiones de CO2 de hasta 10,5 millones de toneladas, que pueden ser transferidas al Fondo del Carbono y generar hasta US$52 millones en pagos por resultados.
Según la funcionaria, Guatemala se convierte en el cuarto país de América Latina y el Caribe en acceder a este tipo de financiamiento climático del Banco Mundial.
Los recursos beneficiarán iniciativas del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (Sigap), concesiones forestales comunitarias, así como proyectos desarrollados por comunidades, cooperativas, municipalidades y entidades privadas.
El pago se hará a través de un Plan de Distribución de Beneficios inclusivo que apoya a las partes interesadas, incluidos pequeños agricultores y sus familias, involucradas en la protección forestal, reforestación, restauración y agroforestería.
El plan también prioriza actividades con pueblos indígenas, mujeres y grupos vulnerables que desempeñan un papel en la gestión de los bosques.
El Instituto Nacional de Bosques (INAB) actuó como ente rector forestal, mientras que el MAGA, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) supervisaron el seguimiento y registro de los proyectos.
De acuerdo con datos oficiales, la iniciativa beneficia de forma directa e indirecta a unas 230.000 personas y ha generado cerca de 50.000 empleos, vinculando la conservación ambiental con oportunidades económicas locales.
