Bloomberg — En México se registraron más de 6.500 víctimas de extorsión en los primeros seis meses del año, la cifra más alta en más de una década, según un importante grupo empresarial.
La extorsión aumentó más de un 9% en comparación con el primer semestre de 2025, según indicó el grupo empresarial Coparmex en un análisis de datos gubernamentales publicado el domingo. La mayoría de las amenazas se produjeron por teléfono o a través de Internet, señaló.
La cifra oficial refleja las víctimas registradas en los expedientes de investigación penal de las fiscalías, pero se considera de forma generalizada que se trata de un recuento incompleto. Con frecuencia, este delito no se denuncia debido al temor de las víctimas a sufrir represalias.
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Morelos y Querétaro registraron las tasas más elevadas de extorsión en relación con su población, seguidos de Zacatecas y la Ciudad de México, según datos del Gobierno. Coparmex indicó que, al combinar estos datos con la información oficial sobre la percepción de inseguridad y una estimación de la falta de denuncias, Morelos, Tabasco y el Estado de México eran los que presentaban mayores problemas de extorsión.
Si bien los homicidios y los secuestros han descendido drásticamente, según los datos oficiales, la extorsión ha persistido, lo que supone un reto para el mensaje anticorrupción de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El Gobierno de México ha asumido la lucha contra la extorsión como uno de sus mayores retos, deteniendo al alcalde de la localidad productora de tequila más famosa del país tras su presunta extorsión a empresas y tomando medidas contra otros altos cargos en un intento por erradicar a los políticos corruptos. El alcalde del municipio con la tasa más elevada de extorsión, Cuautla, en el estado de Morelos, fue detenido en mayo. Otro alcalde en funciones y un exalcalde de Morelos fueron detenidos a principios de este año.
La administración de Sheinbaum se ha enfrentado a presiones por parte de EE. UU. para que intensifique sus medidas contra la corrupción. EE. UU. imputó en abril al gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras acusarle de connivencia con el cártel de narcotraficantes de dicho estado.
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