:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/UWORTCXW7FEBNLRJJDT6FDL6TY.jpeg "Trabajadores de General Motors, planta Silao, Guanajuato, durante la consulta para elegir a nuevo sindicato.")
Ciudad de México — Una red de contratos de protección patronal en México quedó exhibida con la legitimación de contratos colectivos que impuso el T-MEC al país para destapar miles de contratos laborales que fueron firmados a espaldas de los trabajadores para evitar sindicatos vivos y auténticamente democráticos.
Este 1 de mayo de 2023 concluye el plazo de cuatro años que la reforma de justicia laboral de 2019 y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) establecieron para que los sindicatos legitimaran sus contratos colectivos, un proceso que implicó que los gremios consultaran a los trabajadores si estaban o no de acuerdo con sus contratos.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/MZQXU3UOFVA7LN43VKPBSAZA6E.jpg "Preocupa en EE.UU. persistencia de contratos de protección en manufactura en México")
A cuatro años de distancia, la minoría de contratos colectivos de trabajo han sido legitimados; los datos muestran que más del 80% de los contratos en México eran de protección patronal. Las centrales obreras más grandes del país se jactan de tener millones de trabajadores afiliados y cubiertos con un contrato, pero la legitimación desinfló esos números.
Expertos laborales consultados por Bloomberg Línea coincidieron en que la legitimación de contratos evidenció, primero, una especie de industria de contratos de protección pro empresarial que mantuvo salarios y condiciones contenidos y, segundo, dejó dudas sobre si los contratos legitimados son realmente contratos auténticos que representen a los trabajadores.
Operación limpieza de contratos colectivos en México
En cuatro años solo se ha legitimado el 11% de los contratos colectivos de trabajo, de acuerdo con datos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL).
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) identificó en 2019 alrededor de 550.000 contratos colectivos de trabajo a nivel nacional, mismos que serían candidatos a ser legitimados, pero después, en 2022, la dependencia indicó que se realizó una depuración de contratos para quedar en 139.000 contratos candidatos a legitimarse.
Al 28 de abril de 2023, los contratos legitimados ascienden a 15.742, que representan 11% del total de contratos que fueron depurados, de acuerdo con el CFCRL. El número de trabajadores consultados en los contratos legitimados suman 3 millones 94,934 trabajadores sindicalizados.
Durante el proceso de legitimación se redujo el número de contratos colectivos de las principales centrales obreras registrados ante la STPS, al pasar en 2019 de 7.183 a 2.818 contratos registrados al cierre de 2022.
La Confederación de Trabajadores de México (CTM), la principal central obrera en México por tamaño y la que cuenta con la mayoría de los contratos de la industria automotriz, afirma tener una membresía de 4,5 millones de trabajadores, sin embargo, esta cantidad parece estar inflada porque está por arriba del total de trabajadores consultados en las legitimaciones.
¿Se acabaron los contratos de protección patronal en México?
Jorge Sales Boyoli, socio de la firma Littler, dijo que la legitimación de contratos resultó un ejercicio valioso para la democracia sindical y el país, a fin de erradicar un “modelo pervertido y de extorsión” de contratos de protección.
Antes de la legitimación de contratos -añade- había una complejidad de origen de no tener claridad respecto del universo de contratos colectivos activos existentes, en cambio ahora se cuenta con una base de datos inicial y en muchas empresas se puso en práctica la democracia sindical.
“¿Qué lectura damos al dato de las legitimaciones? Que el tamaño de la extorsión era muy grande, era una industria, el número de contratos legitimados tan bajo es reconocer que el tamaño de los contratos blancos o de protección eran la norma”.
Jorge Sales Boyoli, socio de la firma Littler
Joyce Sadka, jefa del Departamento Académico de Derecho del ITAM, puso el foco en los contratos legitimados y la posibilidad de que en estos todavía existan contratos con algún sesgo de protección patronal.
Dijo que, al día de hoy no hay una base de datos completa que muestre las prestaciones y las condiciones laborales de los contratos colectivos legitimados, por lo que no puede afirmar que todos los contratos legitimados no son de protección patronal.
Para afirmar que no hay contratos de protección dentro de los legitimados, se necesitaría revisar la calidad de los contratos, es decir, salarios y prestaciones laborales que arrojen que la legitimación fue sobre contratos genuinos.
“Me gustaría pensar que lo que fue legitimado sí tiene el voto de los trabajadores y que no son de protección patronal. Si resultara que mucho de lo que fue legitimado no da condiciones tan buenas la os trabajadores, ahí vamos a empezar a ver qué pasó con esos contratos y con otros que no fueron legitimados que a lo mejor sí eran genuinos”.
Joyce Sadka, jefa del Departamento Académico de Derecho del ITAM
La investigadora Joyce Sadka realizó un estudio en 2016 para identificar contratos de protección patronal, para ello, seleccionó 1.500 contratos de forma aleatoria de los 19.000 contratos colectivos de trabajo depositados en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
El estudio arrojó que 76% de los contratos en México eran propensos a ser de protección patronal, esto tras analizar variables como si los contratos cuentan con un padrón de trabajadores, beneficios adicionales a los de Ley Federal del Trabajo y si revisan cada año salarios y cada dos años el contrato.
Siete años después de ese estudio, el proceso de legitimación de contratos le da la razón a Sadka en cuanto a que la mayoría de los contratos en México eran de protección patronal.
Legitimaciones de contratos se concentran en manufactura ligada a T-MEC
Manuel Fuentes, abogado laboral y asesor de diversos sindicatos, dijo que la reforma en materia de justicia laboral que entró en vigor el 1 de mayo de 2019 tiene como origen una presión internacional que señalaba que México pagaba bajos salarios a los trabajadores y eso era una competencia desleal con los socios comerciales.
“Lo que se estableció fue que las legitimaciones serían una forma en la que se pudieran limpiar los contratos colectivos y que se pudiera democratizar el mundo laboral, y se observó que los contratos de protección eran un lastre, todavía lo siguen siendo, porque contenían los salarios y las prestaciones de los trabajadores”.
Manuel Fuentes, abogado laboral
Indicó que las legitimaciones de contratos vinculadas a sectores económicos del T-MEC han sido más vistosas en estos cuatro años, pero la mayoría de las legitimaciones estuvieron hechas “bajo la mesa” y no se conoció de este proceso en otros sectores distintos a manufactura e industria automotriz.
A esa situación hay que agregar -dijo- que no había muchas veces inspectores suficientes ni verificadores del CFCRL, por lo que la autoridad ha recurrido a inspectores locales o actuarios sin experiencia en el nuevo modelo laboral. México tiene alrededor de 500 inspectores laborales en todo el país.
El pasado 24 de abril la Secretaría de Economía informó que el Gobierno de México concluyó la séptima solicitud de Estados Unidos en el marco del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC. Bajo este mecanismo que busca resolver quejas de posible denegación de derechos a trabajadores en plantas en México, han desfilado empresas como Unique Fabricating, Manufacturas VU, Teksid Hierro de México, Panasonic México y General Motors Silao, entre otras.
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