Ciudad de México — El Gobierno mexicano encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha avanzado en la aplicación de la reforma laboral bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sin embargo, preocupa la persistencia de contratos de protección en la industria manufacturera, de acuerdo con un nuevo informe enviado al Congreso de Estados Unidos.
La Junta de Expertos Laborales Independientes de México envió al Comité Laboral Interinstitucional y al Congreso de los Estados Unidos un nuevo informe que mandata la Ley y que es sobre la reforma laboral que entró en vigor en México el 1 de mayo de 2019 y cuya implementación concluiría el próximo 1 de mayo de 2023.
El nuevo informe con fecha de 20 de marzo de 2023, el cual es el segundo elaborado por lo expertos desde la firma del T-MEC, reconoce los esfuerzos de la administración de AMLO, como se le conoce al presidente, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) para echar a andar la reforma laboral.
Sin embargo, apuntó que muchos de los cambios prometidos para mejorar la vida de los trabajadores en términos de democracia sindical, libertad de asociación y negociación colectiva siguen sin implementarse plenamente.
La Junta de Expertos señala en el documento que algunos de los mecanismos adoptados y utilizados por la STPS y el CFCRL permiten la persistencia de posibles conflictos de interés o no exigen una supervisión adecuada por parte del Gobierno en el caso de contratos de protección.
Es decir, los trabajadores que intentan impugnar los contratos de protección y exigen democracia sindical, salarios más altos o incluso equipos de protección, han sido acosados, despedidos y amenazados, dice el informe.
“Nos preocupa cada vez más que el período de transición para la plena aplicación de la reforma laboral de México termine el próximo mes de mayo con grandes segmentos del antiguo sistema de contratos de protección aún intactos, incluso en sectores manufactureros críticos y sus proveedores”, señala el informe.
¿Cuántos contratos colectivos se han legitimado?
En enero de 2023, el Gobierno mexicano urgió a los sindicatos a que legitimen sus Contratos Colectivos de Trabajo (CCT) para cumplir con el plazo de cuatro años que se pactó en el T-MEC, a fin de eliminar los llamados contratos de protección que vulneran la negociación colectiva.
La reforma laboral y el T-MEC establecieron un plazo de cuatro años que empezó a correr el 1 de mayo de 2019 y concluirá el próximo 1 de mayo de 2023 para que los sindicatos legitimen sus CCT, es decir, que los gremios consulten a los trabajadores si están o no de acuerdo con sus contratos.
En México se conoce como contratos de protección aquellos que son firmados a espaldas de los trabajadores para proteger a las empresas.
Al día de hoy suman 13.659 contratos colectivos legitimados, que implican dos millones 632.070 trabajadores, de acuerdo con la última actualización del CFCRL. El total de contratos a legitimar son 139,000 contratos con registro vigente.
Recomendaciones de los expertos para erradicar contratos de protección
El informe recomienda reformar los procesos de legitimación de los contratos colectivos en México, por lo que el Comité Laboral y el Congreso de EE.UU. deben instar a México a modificar aún más el protocolo para la legitimación de los contratos existentes.
Se sugiere a México que el Gobierno realice las votaciones de legitimación de contrato, que organice las votaciones de legitimación por sector, que garantice la supervisión activa, y la investigación rápida y eficaz de todas las denuncias presentadas por los trabajadores sobre procesos de legitimación.
La Junta de Expertos advirtió que en más de 100.000 centros de trabajo es probable que se anulen los CCT al no haber pasado por la legitimación, ante esto, México debe asegurarse de que los empleadores cumplan con su obligación de incorporar las disposiciones económicas de los CCT en los contratos de trabajo individuales.
Asimismo, México deberían aprovechar cualquier oportunidad para enviar un mensaje firme a las empresas que producen bienes y servicios en México para su exportación al mercado de EE.UU. de que no habrá más “negocios como siempre” en lo que se refiere al respeto de los derechos de sindicación y negociación de los trabajadores.
Esto es particularmente importante a la luz del aumento de la inversión en México resultante de la Ley de Reducción de la Inflación y otras medidas para fortalecer las cadenas de suministro críticas.
La Junta de Expertos dice en el informe que está autorizada por la Ley de Implementación del T-MEC para determinar si México no está cumpliendo con sus obligaciones laborales bajo el acuerdo comercial, no obstante, decidió no tomar tal determinación en este momento.
