Bloomberg — Empresas del sector eléctrico de México están haciendo sonar la alarma después de que el gobierno publicó un borrador de propuesta que las obligaría a vender electricidad a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) y potencialmente abriría la puerta a una absorción gubernamental de algunas centrales eléctricas.
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El borrador, publicado el 5 de diciembre como parte de un proceso de comentarios públicos antes de ser formalizado en el Diario Oficial, modificaría una regulación existente para los productores independientes de electricidad.
Bajo las reglas existentes, los generadores podían vender electricidad a la CFE a través de contratos a largo plazo con el derecho de migrar al mercado mayorista una vez que los contratos terminaran. La nueva versión de las normas obligaría a los productores independientes de electricidad a vender sólo a la CFE durante cinco años.
El acuerdo actual también otorgaba a los generadores la propiedad de sus activos. La versión modificada daría a la CFE la opción de adquirir los activos sin costo alguno. La única alternativa para que los productores de energía eviten las reglas de captura sería negociar nuevos permisos directamente con el gobierno.
La Secretaría de Energía de México declinó hacer comentarios.
El grupo de presión de la empresa privada Asociación Mexicana de Energía dijo en una carta vinculada en un comentario público que mientras las antiguas normas reconocían la propiedad privada de las centrales eléctricas sin ninguna obligación de transferir los activos, las nuevas normas “podrían configurarse como una expropiación indirecta”.
Los productores independientes de energía representan alrededor de una quinta parte de la capacidad de generación operativa de México.
Las nuevas reglas siguen a una reforma constitucional aprobada en octubre de 2024 que anuló las regulaciones para el sector eléctrico. Las directrices adicionales publicadas en diciembre forman parte de una serie de pasos que detallan la aplicación práctica de partes del proyecto de ley.
Los analistas advierten que la propuesta en su forma actual corre el riesgo de afectar a las empresas extranjeras, incluidos los productores de energía en México con vínculos con Estados Unidos y Canadá que podrían alegar que se violan sus derechos como parte del acuerdo comercial entre EE.UU., México y Canadá. Entre las empresas con permisos para operar como productores independientes de energía se encuentran AES Energy, Naturgy Energy Group, Mitsubishi Power, Acciona SA y Saavi Energia, entre otras.
“México se enfrenta a escollos en su intento de encontrar un equilibrio entre el control estatal y los derechos de los inversores, especialmente en lo que respecta a los activos heredados en el sector energético”, afirmó Pablo Zárate, director gerente senior de FTI Consulting. “Estos proyectos de reglamento muestran esa tensión. También encienden preocupaciones que, si no se liman, podrían desencadenar mecanismos de solución de controversias en virtud de las normas actuales del T-MEC y otros tratados de inversión.”
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