Bloomberg — La fuerza más importante en el sector aurífero peruano en la actualidad no es Newmont Corp. (NEM) ni Buenaventura. Se trata de los miles de mineros ilegales que trabajan en el principal país productor de oro de Sudamérica.
Las exportaciones de oro extraído ilegalmente desde Perú aumentaron más de un 19% en el primer semestre de este año, ya que los altos precios y los requisitos poco estrictos han impulsado los incentivos para los mineros en las zonas rurales más desfavorecidas del país.
Las exportaciones legales de oro, por su parte, cayeron casi un 6%, ya que las minas envejecidas producen menos, lo que ha hecho que los envíos ilícitos superen a los legales hasta junio y que 2026 vaya camino de convertirse en el primer año en que estos últimos ocupen el primer puesto, según un informe reciente del Instituto Peruano de Economía (IPE), un centro de estudios con sede en Lima.
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“Los mineros ilegales son ahora los mineros más grandes y poderosos del país”, afirmó Gonzalo Quijandría, vicepresidente de la principal asociación del sector minero peruano, la SNMPE. Los mineros ilegales no solo se están expandiendo hacia zonas prohibidas, como las reservas naturales, señaló. “Cada vez más, están invadiendo minas formales y exportando ese oro como si fuera suyo sin pagar ni un dólar en impuestos”.
¿Cuánto oro ilegal está saliendo de Perú?
Al comparar los volúmenes de oro legal declarados a las autoridades peruanas con los datos aduaneros de exportación, el informe del IPE reveló que las exportaciones de oro de origen ilegal superaron a los envíos legales en 8,7 toneladas hasta junio, lo que representa el 54% del volumen total de exportaciones de oro de Perú. Sin embargo, estas cifras podrían ser aún mayores, señaló la economista del IPE Paola Herrera, ya que no incluyen el oro que podría estar siendo introducido de contrabando a través de las fronteras.
El IPE prevé que las exportaciones ilegales de oro de Perú alcancen al menos US$16.000 millones este año. Eso supondría un 39% más que en 2025 y casi nueve veces el valor de hace una década. Durante el mismo periodo, los precios del oro se han multiplicado casi por cuatro.
Grandes empresas como Newmont, MMG Ltd. y Southern Copper Corp. (SCCO) han tenido que lidiar con mineros informales en sus concesiones de Perú, y las tensiones son especialmente intensas en las minas de la Cia. Minera Poderosa SA en Pataz, donde decenas de personas han perdido la vida en los últimos años en enfrentamientos por el oro.
Esto ha dado lugar a disputas sobre los derechos mineros, lo que en algunos casos ha retrasado proyectos y reducido los ingresos fiscales, al tiempo que se corre el riesgo de mermar los recursos para satisfacer la creciente demanda mundial y de dañar la imagen de la nación andina como destino atractivo para la inversión.
Perú ya ha cedido su posición como segundo mayor productor de cobre a la República Democrática del Congo y, en el último índice de atractivo para la inversión del Instituto Fraser, el país bajó un puesto hasta el número 41 de entre 68 jurisdicciones mineras. La última vez que una nueva mina de gran envergadura comenzó a producir en Perú fue hace cuatro años.
¿Cómo busca Perú poner freno a la minería ilegal?
Las autoridades peruanas se debaten sobre cómo hacer frente al auge de la minería ilegal. El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, ha afirmado que el nuevo gobierno de la presidenta Keiko Fujimori tiene previsto dejar que un polémico permiso conocido como Reinfo caduque a finales de año, tras una década de prórrogas que lo han mantenido vigente.
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El Reinfo se diseñó para permitir temporalmente que los mineros a pequeña escala siguieran trabajando mientras se formalizaban, pero los críticos afirman que, por el contrario, ha contribuido a la expansión de la minería ilegal.
“Les hemos dado un cheque en blanco”, afirmó Quijandría, y añadió que el Reinfo ofrece a los mineros pocos incentivos para completar el proceso de formalización y, en cambio, les permite “trabajar ilegalmente sin que nadie los controle”.
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El ministro Shinno quiere sustituir el Reinfo por un proceso de formalización “mucho más sencillo”, según declaró recientemente a los medios locales, sin dar más detalles. También compartió sus planes de reducir la burocracia para agilizar la puesta en marcha de nuevos proyectos mineros.
El sector ha acogido con satisfacción esta iniciativa, y Quijandría ha señalado que la burocracia excesiva y la débil aplicación del Estado de derecho han perjudicado la competitividad de un sector que representa más del 60% de las exportaciones de Perú.
“No es tan sencillo como decir que mañana todo el mundo estará formalizado”, señaló Quijandría. “También tendremos que hacer valer todo el peso de la ley y la fuerza”, lo que implica la participación tanto de la policía como de las fuerzas armadas, añadió.
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